

El diputado nacional José Luis Espert atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera política. Tres causas abiertas en la Argentina y una serie de documentos que lo vinculan al empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de activos, conforman un frente judicial que también podría tener derivaciones internacionales.


Las investigaciones en curso se originan en distintos fueros. Una de ellas se tramita en la Justicia Electoral, donde se analizan irregularidades en la rendición de gastos del partido UNITE, que postuló a Espert como candidato a presidente en 2019. En esa causa, los auditores detectaron vuelos, autos y gastos de publicidad no declarados, incluidos los 36 viajes aéreos que habrían sido financiados por Machado.
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Otra causa se centra en un presunto pago de 200 mil dólares al legislador liberal, realizado en enero de 2020 desde una cuenta bancaria en Estados Unidos. El dinero habría sido transferido por una empresa vinculada a Machado y a su socia Debra Mercer-Erwin, condenada en Texas a 16 años de prisión por delitos financieros. La denuncia fue impulsada por Juan Grabois y recayó en el fiscal federal Fernando Domínguez, quien ya imputó formalmente a Espert.
“El pago fue por asesoramiento a una mina en Guatemala”, explicó el diputado en su defensa pública, y aseguró que la operación se hizo “a través de una cuenta declarada en Estados Unidos”. Sin embargo, su declaración jurada de 2021 ante la Oficina Anticorrupción no registra depósitos en el exterior, lo que podría derivar en una investigación por evasión fiscal o violación de la Ley de Ética Pública.
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En paralelo, la Justicia analiza un supuesto contrato por un millón de dólares firmado entre Machado y Espert, que habría incluido pagos en cuotas. El documento, difundido por el portal Newstand, menciona a la empresa “Minas del Pueblo”, con sede en Guatemala, como intermediaria. Esa firma cuenta con una pista aérea que hoy es investigada por un fiscal de ese país por posibles vínculos con el cartel de Sinaloa.
En la Argentina, el fiscal electoral Ramiro González apunta a los exresponsables del partido UNITE: Lucía y Antonio Montenegro, encargados de las finanzas, y José Bonacci, apoderado político y padre de la actual diputada libertaria Rocío Bonacci. Las sanciones previstas van desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta multas económicas, aunque los especialistas advierten que la ley actual no contempla penas directas para los candidatos.
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“Los préstamos de aviones o autos se consideran aportes en especie y deben ser declarados”, explicó una fuente judicial al diario Clarín. El problema, según los auditores, es que la campaña de Espert exhibía gastos millonarios sin respaldo documental, entre ellos la publicidad en redes, eventos de cierre y el acto denominado “EspertFest” en Palermo.
El caso también destapó una red de facturación irregular. La empresa Amazonas Gráfica y Publicidad, contratada para la campaña, emitió facturas por más de 70 millones de pesos pese a que su titular declaraba ingresos de apenas 15 mil pesos mensuales. Los auditores concluyeron que “las inconsistencias fueron sistemáticas y de gran magnitud.”
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Mientras tanto, en Estados Unidos, el tribunal de Texas espera definir la situación judicial de Machado antes de avanzar sobre posibles vínculos con terceros. Si los fiscales norteamericanos confirman que los pagos al diputado provinieron de fondos ilícitos, el caso podría escalar hacia una investigación conjunta con autoridades argentinas.






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