El Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente"

Actualidad10/10/2025

Dina Boluarte

El Congreso de la República del Perú destituyó a Dina Boluarte bajo la figura de “incapacidad moral permanente”, poniendo fin a un gobierno atravesado por denuncias de corrupción, represión y decisiones polémicas. Su caída representa un nuevo capítulo en la inestabilidad política del país, que suma seis presidentes en apenas siete años.

Boluarte, de origen andino y abogada de formación, había asumido el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso. Prometió estabilidad y diálogo, pero su administración se transformó en una de las más impopulares de la historia reciente, con niveles de rechazo que superaron el 90%.

Durante sus primeros meses en el cargo, el país fue escenario de protestas masivas y violentas, especialmente en el sur andino. La represión estatal dejó más de cincuenta muertos y numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos. En el trágico episodio de Juliaca, diecisiete civiles murieron por impactos de bala, hecho que derivó en una investigación fiscal por genocidio y homicidio calificado.

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“¿Cuántas muertes más quieren?”, llegó a preguntar Boluarte, en una frase que se convirtió en símbolo de su desconexión con la ciudadanía. A pesar del descontento social, insistió en no renunciar y calificó a los manifestantes de “terroristas”, atribuyendo las protestas a la injerencia de gobiernos extranjeros.

La inseguridad interna agravó el deterioro de su imagen. El asesinato de un músico popular de cumbia llevó al gobierno a decretar el estado de emergencia en Lima y Callao, mientras el Congreso censuró al ministro del Interior por su gestión. En medio de la violencia, incluso figuras del espectáculo resultaron heridas por balas perdidas durante un concierto.

A los conflictos sociales se sumaron escándalos de corrupción y frivolidad personal. Boluarte fue investigada por presunto enriquecimiento ilícito en el marco del llamado “caso Rolex”, que involucró relojes de lujo y joyas recibidas como sobornos, según la acusación fiscal. También se filtraron informes sobre cirugías estéticas realizadas durante su mandato, lo que abrió una investigación por abandono de cargo.

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El documento médico entregado a la Fiscalía confirmó que Boluarte fue sometida a una rinoplastia, blefaroplastia, injertos de grasa y tensado facial en una clínica privada, mientras el país atravesaba una ola de protestas. Su silencio prolongado y su reaparición pública semanas después alimentaron el escándalo y profundizaron la desconfianza ciudadana.

Otra de las decisiones más controvertidas fue el aumento de su salario presidencial, que pasó de 15.600 a 35.568 soles mensuales —casi 10.000 dólares—, ubicándola entre las mandatarias mejor pagadas de Sudamérica. La medida, justificada por su gabinete como una “actualización institucional”, generó un rechazo masivo y terminó de aislarla políticamente.

En el plano político, Boluarte se alejó de la base rural que la había respaldado y buscó apoyo en sectores conservadores como Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso. Su decisión de indultar al expresidente Alberto Fujimori en 2023 y decretar duelo nacional tras su muerte en 2024 provocó un quiebre con la izquierda andina y con los movimientos sociales que habían acompañado su ascenso.

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El proceso de vacancia aprobado por el Congreso se fundamentó en la acumulación de irregularidades y la falta de respuesta ante la crisis social. Las acusaciones por corrupción, los cuestionamientos éticos y la represión a las protestas consolidaron su salida. En los hechos, Boluarte deja el poder sin reconciliarse con la sociedad peruana ni revertir la imagen de ilegitimidad que la persiguió desde su asunción.

Su caída deja un Perú polarizado, con instituciones debilitadas y un clima social cargado de desconfianza. Las calles que alguna vez la recibieron como símbolo de renovación hoy la despiden como la presidenta más impopular de la historia moderna del país. Para muchos peruanos, su nombre queda asociado a la represión, la corrupción y el distanciamiento de las demandas populares.

Fuente: Infobae.