
Bullrich mueve las piezas de inteligencia criminal y desarma nodos estratégicos
Actualidad13/10/2025
Sergio Bustos
En silencio y sin anuncios públicos, Patricia Bullrich inició una reconfiguración profunda de la inteligencia criminal en Argentina. La ministra ordenó la reubicación —y en algunos casos, el cierre— de los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), una red estratégica creada para recolectar y coordinar datos sensibles sobre narcotráfico, trata de personas y clanes delictivos.


La medida comenzó a ejecutarse en mayo, con traslados obligatorios y mudanzas exprés de personal especializado, muchos de ellos con décadas de experiencia en sus territorios. “La intención es desarmar los CICRE y forzar retiros para ocupar esos cupos con gente propia”, denunció uno de los agentes desplazados.
La orden partió de Ramiro Anzit Guerrero, actual director nacional de Inteligencia Criminal y hombre de máxima confianza de Bullrich. Su regreso a la DNIC coincidió con la salida de varios funcionarios que habían participado en un sumario que terminó con su alejamiento durante la gestión de Macri. Hoy volvió con poder reforzado.
Los cambios afectaron a las sedes del NOA (trasladada de Salta a Buenos Aires), NEA (de Chaco a Iguazú), Patagonia Sur (de Ushuaia a Bariloche), Patagonia Norte (de Neuquén a Bariloche) y Buenos Aires (de Mar del Plata a La Plata). Córdoba y Mar del Plata directamente cerraron. También hubo movimientos forzados entre Buenos Aires y Rosario.
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Los avisos llegaron por correo electrónico, con plazos de 15 a 25 días para ejecutar las mudanzas. No se contemplaron situaciones familiares ni se ofrecieron compensaciones económicas por los traslados. Algunos afectados presentaron recursos administrativos y judiciales. La respuesta fue peor: recibieron sanciones en sus legajos.
Desde el Ministerio de Seguridad, voceros negaron un desmantelamiento y hablaron de un “redespliegue”. “El objetivo es cubrir y fortalecer las zonas calientes”, respondieron, mencionando planes operativos en el NOA, Rosario, el NEA y el AMBA. Sin embargo, varias fuentes internas advirtieron que la decisión implica recentralizar toda la inteligencia en Buenos Aires, un giro de 180 grados respecto del modelo que la propia Bullrich impulsó en 2016.
Expertos como Iván Poczynok, de la UBA y la UNQ, ya habían advertido que los CICRE mostraban problemas de articulación y recursos. Pero incluso entre funcionarios del área existía consenso en reforzarlos, no en cerrarlos. “Con esta decisión desarmaron el despliegue territorial y el seguimiento de más de 100 organizaciones criminales mapeadas”, aseguró una fuente cercana al Ministerio.
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Los CICRE habían nacido en 2013 y alcanzaron su “era dorada” entre 2016 y 2018, con equipamiento nuevo, capacitación del FBI y un esquema federal que integraba fuerzas federales, provinciales y organismos como Migraciones, Aduana y PSA. El objetivo era descentralizar la inteligencia criminal y cortar las cadenas logísticas de las bandas. La pandemia y la desarticulación posterior apagaron esa dinámica.
Hoy, muchas de esas oficinas operan con personal mínimo o directamente cerraron. En Salta ya no hay sede activa, en Jujuy sobrevive una oficina gracias al alquiler provincial y en Bariloche habrá que empezar desde cero. La histórica territorialidad de la inteligencia criminal argentina quedó reducida a unos pocos puntos.
En paralelo, Anzit Guerrero —un veterano del área— volvió a ocupar su despacho y desplazó a viejos adversarios internos. Incluso se mueve en la camioneta que estaba asignada al CICRE de Ushuaia, un gesto que muchos interpretan como una señal interna de poder.
















