Fentanilo contaminado: la Cámara Federal revisa las imputaciones a directivos por las 20 muertes

Policiales25/10/2025

Fentanilo imagen ilustrativa generada por LA17

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata analiza los procesamientos dictados por el juez Ernesto Kreplak contra 14 directivos y responsables de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, vinculados a la producción y distribución de fentanilo contaminado que habría causado al menos 20 muertes de pacientes internados. El caso es considerado una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años en la Argentina y podría derivar en penas de hasta 25 años de prisión.

Los camaristas deberán resolver las apelaciones presentadas por las defensas, que rechazan las imputaciones por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, delito previsto en los artículos 200 y 201 bis del Código Penal. Entre los procesados se encuentran Ariel García Furfaro, propietario de ambas firmas, su hermano Diego y su madre Nélida Furfaro, quienes integraban los directorios de las empresas. Los dos primeros permanecen detenidos, mientras que la mujer cumple prisión domiciliaria.

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El expediente sostiene que los responsables incumplieron de manera sistemática las normas de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y ocultaron irregularidades en los controles de calidad, priorizando la producción y la rentabilidad por sobre la seguridad sanitaria. Según la resolución de Kreplak, existen pruebas de registros adulterados, documentación falsa y destrucción de evidencias posteriores al escándalo, lo que configuraría un intento de entorpecer la investigación judicial.

El magistrado señaló que los lotes de fentanilo adulterados con bacterias fueron fabricados en diciembre de 2024 y distribuidos a clínicas y hospitales del país a partir de enero de 2025. Las pericias indican que el lote 31202, producido el 18 de diciembre, habría sido el principal origen de los casos fatales.

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El informe de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, presentado el 13 de octubre, determinó que las concentraciones del citrato de fentanilo se mantenían dentro de los valores internacionales de calidad, con niveles de pureza entre 49 y 51 µg/mL. Los peritos confirmaron la ausencia de impurezas químicas, aunque remarcaron que la contaminación bacteriana en los lotes cuestionados ya estaba acreditada.

Para el abogado defensor Gastón Marano, quien representa a la familia Furfaro y al directivo Javier Martín Tchukrán, los resultados “disipan toda sospecha de desvío del fentanilo hacia el narcotráfico” y demuestran que “la calidad del producto era aceptable”. Sin embargo, el juez subrayó que la manipulación negligente durante la producción y almacenamiento habría permitido el ingreso de bacterias que causaron infecciones fatales.

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Kreplak también ordenó allanamientos y secuestros de documentación, computadoras y teléfonos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), con el objetivo de determinar si existió connivencia o incumplimiento de deberes por parte de funcionarios encargados de la fiscalización.

En su resolución de 401 páginas, el magistrado afirmó que “las alertas de la ANMAT fueron claras, insistentes y debieron haber llevado a la suspensión de la producción”, pero los laboratorios continuaron fabricando y comercializando los lotes sin las garantías mínimas de seguridad.

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Las defensas, por su parte, sostienen que la acusación se basa en “presunciones jerárquicas y no en pruebas concretas”, y cuestionan la aplicación del dolo eventual al entender que no hubo intención de causar muertes. “Nadie busca fundir su propio laboratorio ni enfermar a la gente”, argumentó Marano, quien también advirtió sobre contradicciones en la imputación de coautoría funcional y dolo eventual, a su juicio incompatibles desde el punto de vista jurídico.

Mientras la Cámara Federal analiza las apelaciones, el caso continúa marcando un precedente clave para el control y la transparencia del sector farmacéutico argentino. Si se confirman los procesamientos, los acusados podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión por adulteración dolosa de medicamentos con resultado de muerte.

Fuente: Infobae