La Corte Suprema aceptó la demanda de Chubut por el control de la hidroeléctrica Futaleufú
Chubut05/11/2025
REDACCIÓN
Hidroeléctrica Futaleufú
La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por la provincia del Chubut contra el Estado Nacional por la titularidad y administración de la central hidroeléctrica Futaleufú. El expediente, impulsado por el gobernador Ignacio Torres y el fiscal de Estado Andrés Giacomone, cuestiona dos normas del marco regulatorio eléctrico nacional que, según la presentación, vulneran la autonomía provincial sobre los recursos naturales.
El reclamo apunta contra las leyes 15.336 y 24.065, consideradas “arbitrarias e ilegales” por el Ejecutivo chubutense. En el escrito, el gobierno provincial sostiene que esas normas “lesionan en forma manifiestamente ilegal y arbitraria” los derechos de la provincia sobre sus propios cursos de agua y recursos energéticos.
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La presentación también enfatiza que Chubut es la única jurisdicción legitimada para disponer sobre la concesión, prórroga o licitación de la central Futaleufú, cuya explotación fue otorgada originalmente a la empresa Aluar en 1995. El contrato vence en junio de 2025, aunque el Gobierno Nacional dispuso una prórroga transitoria por 90 días, medida que desató la disputa judicial actual.
La Corte Suprema, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que el planteo se enmarca dentro de su competencia originaria y resolvió correr vista al Estado Nacional para que brinde su respuesta en un plazo de 60 días. Además, se dio intervención al Ministerio de Economía de la Nación, que deberá informar sobre los alcances de la medida.
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La central Futaleufú, construida entre 1971 y 1978, es una de las principales fuentes de generación eléctrica del sur argentino. Fue creada para abastecer de energía a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y hoy constituye un activo estratégico en la matriz energética de la Patagonia.
El gobierno provincial argumenta que la administración de la central forma parte del dominio originario de los recursos naturales reconocido por la Constitución Nacional. En ese sentido, la causa busca reafirmar la potestad provincial sobre los bienes ubicados dentro de su territorio y fijar un precedente en materia de soberanía energética.
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