Reforma laboral: Milei apunta a desactivar la millonaria caja sindical

El Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma laboral de más de 100 artículos que busca transformar la estructura del trabajo en la Argentina y desactivar el poder económico de los sindicatos. En el centro del proyecto figuran dos objetivos clave: eliminar las cuotas solidarias —una de las principales fuentes de financiamiento gremial— y modificar el sistema de negociación colectiva, dando prioridad a los acuerdos por empresa sobre los convenios generales de actividad.

El texto, elaborado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el equipo del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, será presentado en el Consejo de Mayo junto con las reformas tributaria y previsional. El Gobierno espera enviar el proyecto al Congreso a mediados de diciembre, con respaldo de los gobernadores y del sector empresario.

Según fuentes oficiales, la iniciativa busca modernizar una legislación que consideran obsoleta, vigente desde hace más de medio siglo, y adaptarla a nuevas modalidades laborales. “El objetivo es brindar previsibilidad a los empleadores, reducir la litigiosidad y formalizar el trabajo emergente”, explicaron desde la Casa Rosada.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la limitación de las cuotas solidarias, los aportes compulsivos que las empresas descuentan a todos los trabajadores, afiliados o no, para financiar los sindicatos. La iniciativa establece que ningún aporte podrá imponerse sin el consentimiento expreso del empleado, un principio que ya figuraba en el DNU 70, suspendido por la Justicia.

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Los números son contundentes. Según estimaciones oficiales, las cuotas solidarias representan cientos de miles de millones de pesos anuales. Camioneros, con 244.000 afiliados, recauda unos $206.500 millones por año. Comercio, el gremio más grande del país, percibe alrededor de $1 billón anualmente. La UOCRA, con 342.700 trabajadores, obtiene más de $372.000 millones. La UOM, unos $96.500 millones. Gastronómicos, $228.000 millones.

Para el oficialismo, este sistema constituye una “caja paralela” que distorsiona la representación sindical. “Nadie debería financiar una organización a la que no eligió”, sostienen los redactores del proyecto. En cambio, los gremios consideran que se trata de un ataque directo a su supervivencia económica, ya que esos fondos sostienen la estructura de negociación, la asistencia legal y las obras sociales.

Otro eje del proyecto es la creación de un nuevo esquema de negociación descentralizada, donde los convenios de empresa o regionales prevalecerán sobre los de actividad. Este cambio revierte la lógica actual de la Ley de Contrato de Trabajo y debilita la conducción central de los sindicatos nacionales, otorgando mayor autonomía a las comisiones internas.

Para el Gobierno, esto promueve acuerdos más flexibles y adaptados a las necesidades productivas de cada sector. Pero para la CGT, implica una fragmentación del poder sindical y un riesgo de precarización, al permitir condiciones laborales dispares dentro de una misma rama. El dirigente Cristian Jerónimo, uno de los nuevos referentes de la central obrera, advirtió que los gremios “no están dispuestos a negociar a ciegas una reforma que pueda vulnerar derechos históricos”.

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El proyecto también contempla la creación del Fondo de Cese Laboral, que funcionará como alternativa voluntaria al sistema de indemnización tradicional. Este fondo, administrado a través de fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión, permitirá acumular aportes mensuales que el trabajador podrá retirar en caso de despido. Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), el mecanismo reemplaza la indemnización con un sistema de ahorro previsional privado, aunque solo se aplicará si lo acuerdan los sindicatos y las cámaras empresariales.

La reforma introduce además el Banco de Horas, una herramienta ya vigente en algunos sectores, que permite distribuir la jornada laboral según los picos de demanda. Se mantiene el límite de 48 horas semanales, pero se habilita trabajar hasta 12 horas por día, siempre que se respeten los promedios legales. Este esquema posibilita, por ejemplo, que un empleado de comercio trabaje intensivamente durante los fines de semana y descanse varios días consecutivos. Para el Gobierno, el modelo “moderniza la organización del trabajo y mejora la productividad sin afectar derechos básicos”.

El borrador también incluye una reglamentación más estricta del derecho de huelga, definiendo servicios esenciales con una cobertura mínima del 75% y servicios trascendentales con 50% de prestación obligatoria. La idea, explican desde el Ministerio de Desregulación, es evitar paralizaciones totales que afecten a sectores clave como la salud, el transporte o la energía.

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Además, el proyecto incorpora el concepto de salarios dinámicos, vinculados a la productividad, el mérito individual o la situación económica de la empresa. Las vacaciones podrán fraccionarse por acuerdo en períodos de siete días, y los casos de enfermedad o accidente serán cubiertos con prestaciones no remunerativas, lo que reduce los aportes patronales sin afectar el ingreso del trabajador.

El texto también redefine los alcances de la Ley de Contrato de Trabajo, dejando fuera a la administración pública, el servicio doméstico, el trabajo agrario y las plataformas digitales, con el fin de delimitar responsabilidades y reducir conflictos judiciales.

Con estos cambios, el Gobierno busca instalar un nuevo paradigma laboral, más cercano a las normas de competencia global. Para los gremios, en cambio, se trata de una avanzada sobre derechos adquiridos y fuentes de financiamiento histórico.

Mientras tanto, en el Consejo de Mayo se discuten los últimos retoques del texto. Si logra los consensos necesarios, Milei podría presentar en diciembre su reforma laboral integral, el capítulo más ambicioso de su agenda económica, y una prueba de fuego para su relación con la CGT y el Congreso.