Los "súper ricos" de Brasil financiarán el alivio fiscal a millones de trabajadores

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva volvió a instalar la discusión sobre justicia tributaria al defender públicamente la nueva ley que libera del Impuesto a las Ganancias a millones de trabajadores, una reforma respaldada por el Congreso y sancionada a fines de noviembre. La medida apunta a modificar el esquema impositivo vigente y a garantizar un alivio inmediato para quienes sostienen la actividad económica diaria, según el mensaje presidencial difundido en cadena nacional.

Durante su discurso, Lula sostuvo que la norma “ataca los privilegios de una pequeña elite financiera”, al explicar que quienes perciban hasta 5.000 reales mensuales quedarán exentos del tributo, mientras que quienes cobren hasta 7.350 reales accederán a un descuento automático en su liquidación. La iniciativa busca reducir la carga fiscal sobre los salarios medios y bajos, en un contexto marcado por la presión del costo de vida y la expectativa de ajustes en el sistema tributario.

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El mandatario remarcó que la reforma será financiada por “el 0,1% de la población brasileña”, un grupo que, según la legislación recientemente aprobada, comenzará a tributar un impuesto mínimo progresivo dirigido a personas de alta renta. Esa contribución alcanzará tasas de hasta un 10% para quienes superen los 600.000 reales anuales, lo que equivale a unos 112.500 dólares, de acuerdo con los valores informados en la presentación oficial.

La reforma, impulsada por el Ejecutivo y avalada por el Congreso, forma parte de una agenda que busca modificar estructuras fiscales consideradas regresivas y desactualizadas. El gobierno sostiene que la exención prevista beneficiará a más de 15 millones de trabajadores, incluidos docentes, trabajadores de servicios, empleados estatales y sectores vinculados al comercio, todos alcanzados por un tributo que generaba preocupación en escalas salariales medias.

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El mensaje de Lula también apuntó a reforzar la idea de justicia social al señalar que el nuevo esquema permite “brindar alivio a las familias que trabajan, luchan y mantienen este país en movimiento”, una definición que subraya el enfoque político del gobierno para asociar el esfuerzo fiscal con los tramos más ricos de la sociedad. La iniciativa se inscribe, además, en un debate regional más amplio sobre cargas tributarias, desigualdad y financiamiento de políticas públicas.

La legislación establece que los cambios regirán desde 2026 y se verán reflejados en las declaraciones de impuesto a la renta presentadas en 2027. Ese plazo busca ofrecer previsibilidad a contribuyentes, contadores y empresas, al mismo tiempo que brinda margen para implementar la estructura administrativa necesaria para aplicar el impuesto mínimo a las rentas más elevadas.

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En Brasilia, las autoridades consideran que el ajuste tributario permitirá recomponer ingresos del Estado sin afectar a la mayoría de la población y que, a mediano plazo, podría contribuir a mejorar la recaudación de manera más equitativa. La reforma se consolida así como uno de los pasos más importantes del ciclo legislativo reciente y marca una orientación clara en la política económica del oficialismo.

Fuente: NA.