Embargan la dieta de Villaverde y se agrava la demanda por estafa

La situación judicial de Lorena Villaverde, diputada nacional por La Libertad Avanza, suma un nuevo capítulo esta semana con una decisión que impacta de lleno en su ingreso mensual. La Justicia ordena formalmente el embargo de su dieta parlamentaria en el marco de una demanda por incumplimiento contractual. La medida coloca el conflicto en un plano más concreto, porque ya no se limita a actuaciones sobre papeles o presentaciones, sino que obliga a ejecutar una retención.

El fallo surge de un juzgado civil de Bariloche a partir de la presentación de un particular. En esa demanda, el denunciante afirma que no recibe un lote que compra para un proyecto inmobiliario en Las Grutas, una de las localidades turísticas más importantes de Río Negro. Según el planteo judicial, el reclamo se sostiene en supuestos incumplimientos de plazos y condiciones de entrega.

En la exposición del caso, la presentación ubica a Villaverde como parte responsable en su rol previo al desembarco en el Congreso, ligado a la actividad inmobiliaria. El eje de la demanda gira alrededor de un supuesto incumplimiento contractual que deriva en una acción por daños y perjuicios. En esa línea, la resolución fija la vía para asegurar el cobro a través de la retención sobre el salario legislativo.

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Este nuevo embargo no aparece aislado dentro del año judicial de la diputada. En agosto de 2025, la Justicia ya dispone un embargo preventivo de 50 millones de pesos sobre cuentas bancarias y bienes personales. Esa decisión se vincula a una investigación por presuntas ventas irregulares de terrenos que, según el planteo, no cuentan con habilitaciones municipales correspondientes.

Con la retención sobre la dieta, la ejecución del fallo también impacta en el ámbito institucional. Por el momento, la Cámara de Diputados debe instrumentar la retención del porcentaje legal correspondiente para cumplir con la orden judicial. En los hechos, el conflicto se traslada al circuito administrativo del Congreso, que queda obligado a aplicar el mecanismo previsto.

En el plano político, el contexto también se vuelve más delicado para Villaverde, según el texto que acompaña el caso. Allí se recuerda que, meses atrás, su pliego para la Cámara Alta recibe un rechazo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que frena su proyección hacia el Senado. Con ese antecedente reciente, el escenario combina ruido judicial con desgaste en su frente político.

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Desde el entorno de la diputada, la lectura apunta a una intencionalidad política detrás de las medidas. En esa defensa, sus allegados califican lo ocurrido como una "persecución política". Esa frase aparece como el argumento central con el que buscan encuadrar el avance del expediente y el efecto público del embargo.

En el mismo sentido, Villaverde sostiene en reiteradas oportunidades que figura sobreseída en otras causas similares y que sus emprendimientos inmobiliarios están en regla, de acuerdo con el texto tomado como base. Esa posición marca una línea defensiva que busca separar su rol legislativo de sus antecedentes empresariales. Sin embargo, la acumulación de reclamos y expedientes complica la posibilidad de desactivar el tema solo con explicaciones políticas.

Además de la demanda por el lote, el cuadro incluye otras menciones que agregan tensión hacia adentro. El texto plantea que también circulan sospechas sobre irregularidades en la facturación de su última campaña electoral, lo que genera malestar dentro de su propio bloque. Con el embargo ya ordenado, la discusión inmediata gira alrededor de cómo se ejecuta la retención y qué ritmo toma el expediente en el fuero civil.