Impulso legislativo para una expansión urbana sin precedentes en Ushuaia

La Legislatura de Tierra del Fuego transita días de fuerte tensión ante el inminente tratamiento de una propuesta que podría alterar definitivamente la fisonomía de la capital provincial. El proyecto, autoría del legislador Juan Carlos Pino, plantea extender la superficie urbana de Ushuaia desde las 2.300 hectáreas actuales hasta alcanzar un total cercano a las 13.000. Esta medida, que implica sextuplicar el territorio bajo jurisdicción municipal, genera una profunda preocupación en diversos sectores debido a la ausencia de debates públicos y la falta de informes técnicos que avalen un crecimiento de tal magnitud.

Distintas organizaciones civiles y especialistas en urbanismo pusieron el foco en la oportunidad elegida para avanzar con la votación, remarcando que se intenta resolver un tema estructural en vísperas de las fiestas de fin de año. Esta metodología administrativa suele limitar la capacidad de control de la ciudadanía y de los medios de comunicación, facilitando la aprobación de normativas de alto impacto sin el debido escrutinio. Hasta el momento, el oficialismo no ha difundido estudios de capacidad de servicios ni un plan de desarrollo que explique cómo se financiará la urbanización de áreas que hoy carecen de todo tipo de infraestructura.

El impacto ambiental se posiciona como uno de los puntos más críticos de la iniciativa, ya que la nueva delimitación incorpora vastas extensiones de bosques nativos, cuencas hídricas y ecosistemas frágiles. El presidente de la Fundación Ushuaia XXI, Daniel Lovece, fue uno de los referentes más críticos al señalar que la discusión excede la mera repartición de tierras. El dirigente advirtió que avanzar sobre estas áreas naturales pone en riesgo el equilibrio ecológico y la identidad de una ciudad que basa gran parte de su economía en el turismo de naturaleza.

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"No estamos discutiendo solo hectáreas, estamos discutiendo medio ambiente, turismo, calidad de vida y de qué vamos a vivir", sentenció Lovece en relación a los riesgos de urbanizar zonas que actualmente cumplen funciones ecosistémicas vitales. Para el referente ambientalista, existe un error conceptual grave al pensar que el paisaje solo adquiere valor si se construye sobre él, olvidando que el principal activo que Ushuaia vende al mundo es, precisamente, su entorno natural preservado.

La realidad habitacional actual de Ushuaia también contradice, según los opositores al proyecto, la necesidad de una expansión tan agresiva. La ciudad todavía enfrenta dificultades severas para garantizar agua potable, cloacas y energía eléctrica en sectores que ya forman parte del ejido urbano. En este sentido, Daniel Lovece planteó una duda que resuena en la comunidad: "Si no podemos con 2.300 hectáreas, ¿cómo vamos a manejar seis ciudades más?". La falta de respuestas sobre cómo se brindarán servicios en 10.000 hectáreas nuevas alimenta la idea de que la medida podría fomentar la informalidad territorial.

En el ámbito institucional, el malestar se trasladó al Concejo Deliberante de Ushuaia, donde los representantes locales denunciaron haber sido ignorados en el proceso de redacción. El concejal Valter Tavarone criticó que una decisión de tal relevancia para la vida de los vecinos se tome desde una banca provincial sin mediar consulta con las autoridades municipales. "No podemos tolerar que se adopten decisiones sentados en un sillón de la Legislatura provincial, sin escuchar a quienes representamos a los vecinos", afirmó el edil, recordando además que la Carta Orgánica local prevé mecanismos como la consulta popular para estos casos.

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Las sospechas sobre posibles intereses vinculados al mercado inmobiliario sobrevuelan el recinto legislativo ante el apuro por convertir el proyecto en ley. Al no existir criterios claros sobre quiénes podrán acceder a las nuevas tierras ni qué mecanismos de control se aplicarán para evitar la especulación, el clima de desconfianza crece. La historia reciente de la ciudad muestra que la lógica de ocupar primero para ordenar después solo ha generado décadas de precariedad y conflictos que el Estado todavía no logra resolver satisfactoriamente.

La magnitud de la expansión propuesta condicionará el desarrollo de la capital fueguina por los próximos cincuenta o cien años, lo que obliga a un análisis mucho más profundo que una votación exprés. Los sectores que piden frenar el tratamiento exigen que se presenten primero los mapas de riesgo, los planes de inversión pública y los relevamientos de impacto en la biodiversidad. Sin estas herramientas, cualquier ampliación del ejido corre el riesgo de transformarse en una carga económica insostenible para las futuras administraciones municipales.

Finalmente, el debate pone en juego la visión de ciudad que se pretende para el extremo sur del país. Mientras el proyecto de Juan Carlos Pino apuesta por una expansión territorial masiva, las voces críticas reclaman un crecimiento planificado, compacto y respetuoso de los recursos naturales. La decisión que tome la Legislatura en los próximos días marcará un precedente sobre cómo se gestiona el suelo urbano en Tierra del Fuego y si prevalecerá la transparencia o la urgencia de intereses que aún no han sido explicados de cara a la sociedad.