Presunto testaferro tenía una tarjeta de crédito corporativa de AFA

La causa por presunto lavado de dinero ligada a una mansión en Pilar y otros bienes de alto valor quedó atravesada por una definición del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. El magistrado sostuvo que el “epicentro” no se explica por la ubicación del inmueble en la provincia de Buenos Aires. Para el juez, el centro real se ubica en la sede de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires.

Ese giro de enfoque se apoya, según el expediente, en una prueba que el juzgado considera determinante. Se trata de una tarjeta de crédito American Express utilizada por Luciano Pantano, señalado como supuesto testaferro en la causa. El dato que cambia el peso del análisis es que esa tarjeta resultó corporativa de la AFA.

En los registros del caso figura que la tarjeta muestra consumos mensuales promedio de $50 millones a lo largo de 2025. El juez plantea que esos movimientos requieren un análisis minucioso para establecer si se conectan con los bienes investigados. La investigación busca determinar qué gastos se vinculan con qué patrimonio y bajo qué justificación.

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Dentro de esos consumos aparecen cargos que remiten a los bienes secuestrados en el predio bajo investigación. Entre los ejemplos mencionados figuran telepases asociados a varios de los 54 vehículos de alta gama que fueron secuestrados en la casaquinta de Villa Rosa, Pilar. Ese detalle sostiene la hipótesis de que la operatoria no se limita al inmueble, sino a un circuito más amplio.

Otro elemento que el juez subraya se vincula con el destino administrativo de la documentación. Los resúmenes de la tarjeta, según surge del caso, llegaban a la sede de la AFA en Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires. En esa línea, Aguinsky refuerza la idea de que la investigación se ordena desde el domicilio legal de la entidad y no desde el lugar donde se hallan los bienes.

Aguinsky también rechazó apartarse del expediente y declinó el pedido de inhibitoria del juez federal de Campana Adrián González Charvay, que reclamaba la causa por una cuestión territorial. El planteo de Campana se apoyaba en que los bienes investigados se encuentran en Pilar. El juez de Penal Económico respondió con un criterio distinto, ligado al lugar donde se habría configurado la maniobra investigada.

En su resolución, Aguinsky dejó asentado que el delito precedente del presunto lavado “estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta”. En el mismo texto afirmó que esa maniobra habría sido cometida “en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”. Con ese encuadre, la pesquisa se orienta a reconstruir decisiones y eventuales responsabilidades dentro de la estructura dirigencial.

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En otro tramo, el magistrado marcó qué se busca con el análisis de consumos. Señaló que los gastos realizados con la tarjeta deben estudiarse para determinar si guardan relación con los bienes bajo investigación y, si se trata de un delito en curso, “hacer cesar sus efectos de manera inmediata”. Esa expresión fija una prioridad: revisar el flujo de gastos y cortar cualquier continuidad que el expediente pudiera probar.

La causa incorpora además un peritaje sobre el valor del inmueble y los bienes hallados en el predio. Según el informe técnico remitido al juzgado, el valor total del inmueble y lo secuestrado en el lugar asciende a u$s20.815.100, frente a los u$s1,8 millones declarados en la documentación. La propiedad se ubica en Misiones 4097, Villa Rosa, y figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes se negaron a declarar según el expediente.

Mientras sigue la disputa de competencia, Aguinsky comunicó su decisión al juez de Campana y la causa continúa en el Juzgado Penal Económico N°10, incluso durante la feria judicial de enero. Si el planteo territorial persiste, el conflicto lo resolverá la Cámara Federal de San Martín. Por ahora, el expediente sigue su curso con una idea central: “El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino”.