Gobernadores y costos fiscales marcan la negociación por la reforma laboral
Política11/01/2026
REDACCIÓN
El Gobierno nacional activó una etapa decisiva en su agenda legislativa con la reforma laboral como prioridad inmediata. El objetivo declarado es lograr la sanción en febrero, dentro del segundo tramo de sesiones extraordinarias, aunque el camino elegido se apoya más en acuerdos políticos que en mayorías propias.
En este escenario, las provincias aparecen como el factor determinante. La Casa Rosada interpreta que el respaldo no se construye solo en el Congreso, sino también en los despachos de los gobernadores, donde se evalúan impactos fiscales y equilibrios internos. Las gestiones políticas ya comenzaron de manera informal y se profundizarán en los próximos días. El ministro del Interior, Diego Santilli, inició una ronda de contactos que incluyó Chubut y sumará visitas a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco, con el foco puesto en asegurar apoyos legislativos.
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En paralelo, Patricia Bullrich y Martín Menem trabajan sobre el terreno parlamentario. Bullrich reconoció públicamente que el dictamen aprobado a fines del año pasado admite modificaciones, y sostuvo: “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”.
En el Senado, el oficialismo parte de 21 votos propios y necesita sumar 16 para alcanzar el quórum. Allí, el peso del radicalismo y de los senadores alineados con gobernadores resulta central, especialmente aquellos que ya acompañaron al Gobierno en debates como el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal.
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No fue casual la escala inicial en Chubut. Ignacio Torres aparece como un actor con capacidad de incidencia sobre Edith Terenzi y Andrea Cristina, dos votos observados de cerca por el oficialismo en la Cámara alta. Otras provincias también entran en la ecuación. En Salta, la relación entre Gustavo Sáenz y el Gobierno nacional se reflejó en acuerdos recientes, como la designación de Pamela Calletti en la AGN. Misiones, con Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, vuelve a aparecer como un aliado habitual en votaciones relevantes.
Desde el peronismo no alineado, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo asoman como posibles aportantes de votos, en un esquema donde cada apoyo se negocia caso por caso, con contraprestaciones políticas o administrativas. El punto más sensible del debate no está en el régimen laboral en sí, sino en el capítulo tributario. Los gobernadores advierten que las modificaciones previstas implican una pérdida superior a $1 billón en recursos coparticipables, con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe entre las más afectadas.
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Además, la iniciativa contempla la eliminación de impuestos a seguros, telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves, lo que desde la oposición se interpreta como un impacto directo sobre la recaudación provincial.
En Diputados, el oficialismo suma 95 votos propios, a los que se agregan 12 del PRO y 2 del MID, pero todavía necesita completar el número con respaldos provinciales. Tucumán, Catamarca, Misiones y Salta vuelven a aparecer como fuentes posibles de esos apoyos.
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La UCR, que ya firmó el dictamen en el Senado y presentó una propuesta propia de reforma laboral durante el debate de la Ley Bases, analiza ahora los cambios que el Ejecutivo esté dispuesto a conceder. Desde el bloque señalaron que evalúan las modificaciones, sin anticipar una posición cerrada.
Con este panorama, el resultado final quedará atado a la capacidad del Gobierno de ajustar el esquema tributario y ofrecer compensaciones aceptables para las provincias. Allí se juega el tramo más delicado de una negociación que excede largamente el recinto legislativo.
Fuente: Clarín, La nación, Ámbito Financiero
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