Piden controles pesqueros por un informe que expone fallas en permisos y antecedentes
11/01/2026
REDACCIÓN
Un informe elaborado por organizaciones ambientales volvió a poner el foco en las falencias del sistema argentino de otorgamiento y control de permisos pesqueros, con especial atención en la transparencia y la verificación de antecedentes. El trabajo fue presentado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) junto a la organización Sin Azul No Hay Verde, y propone cambios concretos para fortalecer la gobernanza del recurso marino.
El documento, titulado “El caso Univpesca: por qué necesitamos un registro público de embarcaciones y permisos pesqueros”, analiza cómo se otorgaron y transfirieron permisos a empresas vinculadas con antecedentes de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. Según el reporte, el caso funciona como ejemplo de debilidades institucionales, normativas y de acceso a la información.
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La pesca en aguas adyacentes al Mar Argentino representa una problemática compleja para el país. El informe remarca que la prevención de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada requiere no solo normas adecuadas, sino transparencia efectiva sobre quién explota el recurso, bajo qué condiciones y con qué historial.
Uno de los puntos centrales del análisis señala que la información sobre la flota pesquera argentina se encuentra fragmentada y dispersa. Registros de buques, armadores y permisos aparecen en resoluciones del Consejo Federal Pesquero, pero no están disponibles en formatos accesibles ni en tiempo real, lo que dificulta el control estatal y el seguimiento social.
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El informe reconstruye cómo, “pese a antecedentes comprobados de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, empresas vinculadas al mismo grupo económico lograron ingresar embarcaciones bajo pabellón argentino; obtener permisos de pesca para la pesquería de calamar y transferir posteriormente esos permisos a otras subsidiarias del mismo conglomerado”.
En ese contexto, el documento analiza el accionar de Univpesca, subsidiaria de la corporación estatal china China National Fisheries Corporation (CNFC). El reporte sostiene que “cuyos buques fueron detenidos y sancionados por pesca ilegal en varias oportunidades, recibió permisos de pesca y posteriormente obtuvo autorización para transferirlos a otras empresas del mismo grupo”.
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El coordinador de Océanos del CPA, Milko Schvartzman, advirtió que “estas decisiones violan lo establecido por el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que prohíbe otorgar permisos a armadores involucrados en pesca ilegal o con vínculos jurídicos, económicos o de beneficio con quienes la practiquen”. Además, señaló fallas en la verificación de antecedentes y en la identificación de relaciones societarias.
El análisis también remarca que “la flexibilización del marco regulatorio pesquero permitió que una empresa rechazada en 2006 por vínculos con la pesca ilegal accediera años después (2013) a permisos en violación a la Ley Federal de Pesca (Ley 24.922)”. A ello se suma que “en 2016, el Consejo Federal Pesquero autorizó la transferencia de permisos a COFC”, cuyos buques Zhou Yu 9 y Zhou Yu 10 poseen historial de pesca no regulada en el borde de la milla 201.
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Según el informe, esos permisos continúan vigentes, pese a que la normativa establece su caducidad automática cuando se constatan violaciones al artículo 27 bis. El documento advierte que esta situación se sostiene por la ausencia de información pública integral sobre embarcaciones, armadores, permisos, antecedentes y sanciones.
Ante este panorama, las organizaciones proponen la creación de un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, accesible, en línea y actualizado. El objetivo es mejorar la rendición de cuentas, facilitar el monitoreo social y evitar que empresas con antecedentes accedan al caladero.
La directora política del CPA, Consuelo Bilbao, sintetizó la preocupación al afirmar: “Sin transparencia, los mismos errores pueden repetirse. El caso Univpesca evidencia una contradicción directa con el artículo 27 bis y muestra que la falta de acceso a información pública permite que decisiones administrativas incumplan la ley”.
Fuente: La Opinión Austral
