Los juicios laborales escalan a niveles récord y tensionan el sistema de riesgos del trabajo

En 2025 ingresaron más de 134 mil demandas por accidentes laborales, con subas fuertes en el último tramo del año y un impacto directo en costos y funcionamiento del sistema.

El sistema de riesgos del trabajo cerró 2025 con un nivel de judicialidad inédito en Argentina. Según datos sectoriales, ingresaron 134.141 demandas contra las ART, lo que equivale a unos 370 juicios por día en los tribunales laborales. La cifra superó las proyecciones previas y marcó un punto de inflexión en la dinámica del sistema.

El crecimiento no se distribuyó de manera uniforme a lo largo del año. El último cuatrimestre concentró el mayor salto, con un aumento interanual del 12%, muy por encima del promedio anual. Incluso diciembre mostró más causas que noviembre, pese a que históricamente suele registrarse una baja por estacionalidad.

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La magnitud del fenómeno se refleja también en la comparación interanual. En relación con 2024, cuando se habían presentado 126.055 juicios, el incremento alcanzó el 6,4%. Esa suba consolidó a las demandas por riesgos del trabajo como la mitad de toda la litigiosidad laboral.

Al volumen de nuevas causas se suma un stock acumulado que continúa en ascenso. Hasta diciembre de 2024 se contabilizaban 287.802 procesos, cifra que trepó a 317.848 juicios acumulados hacia septiembre del año siguiente. Ese arrastre genera presión constante sobre aseguradoras, juzgados y empresas.

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Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, la evaluación del escenario es crítica. Su presidenta, Mara Bettiol, advirtió: “Cerramos 2025 con más de 134 mil juicios, una cifra récord injustificada e imposible de costear”. En esa línea, sostuvo que “ir a juicio no tiene costo sino pura ganancia para la intermediación judicial”, lo que vuelve masiva una instancia que debería ser excepcional.

El impacto económico aparece como una de las consecuencias más directas. Las aseguradoras estiman que sostener este nivel de litigiosidad implicaría incrementar en un 80% la alícuota promedio que pagan las empresas. Ese valor pasaría del 2,85% de la masa salarial al 5,15%, combinando el efecto de la multiplicación de demandas y las tasas aplicadas en las sentencias.

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Parte del problema se vincula con la aplicación desigual de las normas vigentes. Aunque la ley 27.348, sancionada en 2017 y adherida por 18 provincias, buscó canalizar los reclamos a través de comisiones médicas administrativas, su implementación quedó incompleta. En muchas jurisdicciones se demoró la conformación de cuerpos médicos forenses o se generaron fuertes diferencias entre evaluaciones administrativas y judiciales.

A eso se suma el rol de los peritos judiciales, que actúan de manera externa al sistema y sin mecanismos homogéneos de control. Sus honorarios suelen quedar ligados al resultado del juicio, lo que introduce incentivos económicos difíciles de compatibilizar con criterios técnicos uniformes. La falta de reglas comunes también aparece en la aplicación de intereses, con actualizaciones que varían entre RIPTE, IPC, tasa activa u otros adicionales.

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El informe sectorial aporta otro dato revelador sobre la distribución del dinero en las sentencias. En promedio, los trabajadores reciben solo el 55% del monto, mientras que el 45% restante se destina a honorarios profesionales, peritajes, mediaciones y tasas judiciales. Esa relación refuerza la discusión sobre el funcionamiento real del sistema.

Fuente: Diario Clarín