Torres lleva a la Nación ante la Corte por una deuda de $50.000 millones
Chubut21/01/2026
Sergio Bustos
Chubut decidió elevar la tensión con el Gobierno Nacional al confirmar que llevará hasta las últimas instancias judiciales el reclamo por una deuda que supera los 50.000 millones de pesos. El gobernador Ignacio Torres aseguró que estos fondos, que corresponden a la caja previsional, pertenecen exclusivamente a los jubilados provinciales y que la provincia no retrocederá en la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la relación federal, donde la provincia busca blindar sus recursos tras haber logrado, según el Ejecutivo, el saneamiento total de sus pasivos previos con la Casa Rosada.
El mandatario provincial fundamentó la ofensiva legal bajo la premisa de que el ordenamiento fiscal alcanzado durante su gestión le otorga la autoridad moral y financiera para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales. “No vamos a desistir de ese reclamo ni aceptar quitas”, afirmó Torres, dejando claro que la provincia ya no depende de los giros discrecionales tras haber saldado la deuda heredada y reducido a la mitad el peso del bono Bocade. Para el gobernador, esos fondos son vitales para sostener el sistema previsional sin afectar otras áreas sensibles como salud o educación.
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La estrategia de desendeudamiento permitió a Chubut tomar la iniciativa en proyectos que la Nación decidió paralizar. Un caso emblemático es la finalización de la doble trocha de la Ruta Nacional Nº3 entre Puerto Madryn y Trelew, una obra que el gobierno central abandonó y que la provincia encaró con recursos propios. Según datos oficiales, la culminación de estos trabajos derivó en una caída drástica de la siniestralidad vial en el tramo más transitado de la zona, demostrando que la autonomía financiera se traduce directamente en seguridad para los vecinos.
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En paralelo a la batalla judicial, el Ejecutivo avanza en un consenso fiscal con los municipios para eliminar las asimetrías impositivas que afectan la llegada de capitales. Torres calificó a Ingresos Brutos como un tributo “regresivo y distorsivo” y señaló que no es equitativo que un rubro pague el doble en una localidad respecto de la vecina. El objetivo es una reducción progresiva de la carga fiscal para que Chubut sea percibida como una provincia más amigable para las inversiones, garantizando que cada concejo deliberante audite el cumplimiento de estas metas de transparencia.
El gobernador sostiene que la administración responsable de los recursos es la única forma de evitar el déficit fiscal, al que definió como “pan para hoy y hambre para mañana”. Este colchón financiero es lo que permite hoy a la provincia responder a gastos extraordinarios por emergencias, como los recientes incendios forestales en la cordillera o el desplazamiento geológico que afecta a Comodoro Rivadavia. Sin el auxilio nacional, Chubut debe valerse de su propia recaudación y de la recuperación de deudas históricas para mitigar el impacto de estas crisis ambientales.
La demanda ante la Corte Suprema no solo busca el recupero del dinero, sino que funciona como una señal política hacia el centro del país. El gobierno provincial busca establecer una previsibilidad institucional que no dependa del signo político de turno en Balcarce 50. La ratificación del consenso fiscal por parte de los legisladores locales será el próximo paso para fortalecer esta estructura de defensa de los recursos propios, blindando a los municipios de los vaivenes de la economía nacional.
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Con las cuentas equilibradas, Chubut se posiciona como una de las provincias con mayor capacidad de reclamo frente a los recortes del gasto público nacional. Torres insiste en que el orden fiscal no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de soberanía para decidir sobre las obras y servicios esenciales que el territorio demanda. La finalización de la doble trocha es solo el primer ejemplo de una serie de intervenciones que la provincia planea realizar recuperando los fondos que hoy están en litigio judicial.
La resolución de la Corte Suprema sobre los 50.000 millones de pesos será determinante para el presupuesto del próximo año. Mientras tanto, el Ejecutivo provincial continúa con su plan de austeridad y transparencia, apostando a que la previsibilidad fiscal atraiga las inversiones necesarias para diversificar la matriz productiva. La pelea por la caja de los jubilados es, para el oficialismo chubutense, una línea roja que define el modelo de gestión que pretenden consolidar hasta el final del mandato.
Finalmente, el mandatario subrayó que la transparencia será el eje de la relación con los municipios, permitiendo que la ciudadanía conozca el destino de cada peso recuperado. La apuesta por un Chubut "amigable para las inversiones" depende, en gran medida, de que la justicia nacional le dé la razón a una provincia que decidió pagar sus deudas antes de exigir sus derechos. La batalla por los fondos federales recién comienza, pero Rawson ya tiene las valijas listas para dar la discusión en el Palacio de Justicia de la Nación.
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