Masiva sanción de arresto para 300 policías de Santa Cruz por el apto físico
Actualidad21/01/2026
Sergio Bustos
La convivencia interna en la Policía de Santa Cruz alcanzó un punto de máxima fricción tras conocerse una resolución que no tiene precedentes por su alcance. Bajo el argumento de aplicar un castigo de carácter “ejemplificador”, la conducción de la fuerza ordenó el arresto policial simple por 20 días para más de 300 efectivos que no cumplieron con la presentación del examen de aptitud física. La disposición, impulsada a través de la Dirección General de Bienestar Policial, golpea de forma simultánea a agentes de diversas jerarquías y localidades, provocando un sismo administrativo en las dependencias provinciales.
El malestar entre los uniformados estalló no solo por la severidad de los días de arresto, sino por lo que consideran una exposición innecesaria y violenta. La Jefatura adjuntó a la resolución un anexo con el listado nominal de todos los sancionados, lo que en los pasillos policiales se interpretó como una vulneración al derecho de privacidad y al habeas data. Esta "difusión masiva" de datos personales de quienes no completaron los estudios médicos es vista por los sectores afectados como una herramienta de presión que excede los carriles normales de una falta administrativa.
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Dentro del régimen de la Ley Provincial N° 746, el arresto policial implica una detención que, en el caso del personal subalterno, puede cumplirse sin abandonar las tareas operativas, pero su peso real aparece en el futuro inmediato. Los antecedentes disciplinarios tienen una incidencia directa en el historial de promociones, y una sanción de esta magnitud funciona como un freno automático para los ascensos. La incorporación de estos 20 días de arresto al legajo individual podría inhabilitar a cientos de policías para subir de rango en el próximo año de calificación.
Muchos de los efectivos alcanzados por la medida aseguran que existieron dificultades reales para cumplir con las exigencias. Entre los reclamos, mencionan la falta de recursos económicos para costear de forma particular los estudios de radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos que el protocolo exige. Además, denuncian una falta de claridad en los plazos y procedimientos informados por la Dirección de Bienestar Policial, lo que habría derivado en este incumplimiento masivo que ahora la Jefatura busca castigar con dureza.
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La política de control sanitario comenzó a gestarse a fines del año pasado, cuando se estableció un esquema de evaluación obligatoria para personal operativo y administrativo. En aquel momento, la cúpula policial insistía en que la institución necesitaba agentes en condiciones óptimas para dar respuestas eficaces, remarcando que el control sería para todos los rangos. Sin embargo, la aplicación de la Circular N° 020-JP/2025 transformó ese objetivo de bienestar en un conflicto de mando que hoy divide a la fuerza entre quienes exigen disciplina y quienes denuncian abusos de autoridad.
Las superintendencias tienen ahora un plazo de 48 horas para notificar oficialmente a cada uno de los más de 300 sancionados y remitir las actas a la Dirección General de Personal. Este despliegue burocrático busca sellar la sanción antes de que las quejas internas logren escalar a instancias judiciales o administrativas externas. La dureza de la medida ha generado que incluso efectivos con décadas de servicio se vean hoy en una situación de inestabilidad profesional por una exigencia que, según afirman, no contó con el apoyo logístico necesario por parte del Estado.
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El arresto simple de 20 días es una de las sanciones más graves antes de llegar a la cesantía o el retiro obligatorio por causas disciplinarias. Por ello, el alcance de la resolución es interpretado como un mensaje de "tolerancia cero" por parte de la conducción santacruceña. Mientras los nombres de los sancionados circulan en grupos de mensajería y redes sociales, el clima en las comisarías se vuelve cada vez más espeso, con agentes que se sienten estigmatizados públicamente por una cuestión vinculada a la salud y el apto físico.
La crisis pone bajo la lupa los criterios de higiene y seguridad dentro de la fuerza. Si bien la necesidad de contar con policías sanos es un objetivo compartido, la metodología de la sanción masiva y la publicación de listados nominales abrieron un debate jurídico que podría terminar en presentaciones ante la Secretaría de Derechos Humanos o la Justicia provincial. Los efectivos reclaman que se considere la situación económica y la falta de turnos en los hospitales públicos antes de proceder con castigos que manchan sus legajos para siempre.
En las próximas horas se espera que los representantes de los agentes busquen canales de diálogo para intentar atenuar el impacto de la medida. Por ahora, el arresto masivo sigue firme y la orden de Jefatura es avanzar con las notificaciones a pesar de la resistencia. El "personal que trabaja con su cuerpo" —como supo definir la conducción— hoy se encuentra en un callejón sin salida administrativo, donde el examen de salud terminó convirtiéndose en la causa de su detención reglamentaria.
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