Chile se convierte en el refugio de la flota pesquera china denunciada por pesca ilegal

El mapa logístico del Pacífico Sur sufrió un vuelco drástico que pone en duda los compromisos ambientales de la región. En una maniobra de "corrimiento estratégico", la flota pesquera de aguas distantes de China —señalada globalmente por prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) encontró en los puertos chilenos el apoyo que Perú comenzó a denegarles. Según datos contundentes de organismos ambientales, el ingreso de estas embarcaciones a puertos como Arica e Iquique pasó de ser nulo en 2023 a registrar 25 recaladas en 2024, consolidando a Chile como el nuevo hub para una flota vinculada a violaciones de derechos humanos y daños ecosistémicos irreversibles.

La situación es especialmente crítica debido a los antecedentes de las naves que hoy operan con libertad en aguas chilenas. El informe advierte que se ha permitido el ingreso de embarcaciones como la Fu Yuan Yu 7871 y 7872, unidades subsidiadas por el Estado chino que cuentan con denuncias internacionales por aleteo de tiburón (una práctica brutal y prohibida que consiste en cortar las aletas y devolver al animal agonizante al mar). Estas flotas, que llegan a concentrar 600 barcos operando simultáneamente frente a Sudamérica, dependen de estos puertos para reparaciones y recambios de tripulación, servicios que Chile está proveyendo a pesar de las alertas sancionatorias.

Este giro logístico revela una contradicción alarmante con el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), que Chile ratificó y que lo obliga legalmente a impedir el uso de sus puertos a naves involucradas en pesca ilegal. Aunque el protocolo oficial del SERNAPESCA exige verificaciones estrictas y seguimiento satelital, la realidad en los muelles sugiere una preocupante permeabilidad. La permisividad hacia estos buques, que huyen de los controles endurecidos por Perú tras detectar ingresos ilegales en su Zona Económica Exclusiva, posiciona a Chile en una disyuntiva ética frente a la comunidad internacional.

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El país, que aspira a liderar la gobernanza oceánica y se postula como sede del Tratado de Alta Mar (BBNJ), enfrenta hoy una crisis de credibilidad. Mientras los foros internacionales escuchan discursos sobre conservación marina, en los hechos se brinda soporte a una flota que opera con subsidios estatales opacos y bajo sospechas de trabajo forzado. Esta competencia desleal no solo afecta el ecosistema, sino que golpea directamente a las flotas nacionales y regionales que deben cumplir con regulaciones estrictas de las que estos gigantes asiáticos parecen estar exentos mediante el uso de puertos de refugio.

La eficacia de los tratados internacionales depende de que los Estados decidan aplicarlos sin excepciones por intereses comerciales de corto plazo. La transformación de Chile en el principal centro de apoyo de la flota china en el Pacífico plantea un problema estructural para la seguridad alimentaria y la soberanía de los recursos en todo el cono sur. Si no hay coherencia regional, el endurecimiento de controles en un país solo servirá para que la depredación se traslade unos kilómetros más al sur, manteniendo intacto un esquema extractivo que hoy tiene en Chile su aliado logístico más inesperado.