Ex ministros y familiares de diputados en la red de tierras de Pulmarí

El millonario negocio de los loteos clandestinos en la cordillera neuquina entró en una etapa de revelaciones que sacuden al arco político provincial. La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), organismo que custodia las tierras fiscales cerca de Villa Pehuenia, detectó una maniobra de comercialización espuria que involucra a unas 150 personas que adquirieron terrenos de forma prohibida. Entre los nombres que circulan en la investigación aparecen figuras de peso de gestiones anteriores, como el ex ministro de Energía Guillermo Coco y familiares directos de la ex diputada nacional Olga Guzmán, quienes habrían participado de estas operaciones antes del cambio de gestión de diciembre pasado.

El esquema delictivo funcionaba mediante la cesión ilegal de parcelas por parte de familias autorizadas únicamente para actividades productivas y de veranada. Según los registros de la CIP, los apellidos Romero, Casciano, Cuiñas, Fernández y Guzmán están señalados por vender tierras que, por la Ley Nacional 23.612, le pertenecen exclusivamente al Estado y son intransferibles. Para dar una apariencia de validez a estas transacciones, los involucrados utilizaron los servicios de dos escribanías que ya fueron identificadas y que habrían certificado documentos sobre bienes que no pueden salir del patrimonio público.

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La respuesta del organismo tripartito, integrado por Nación, Provincia y comunidades mapuches, fue contundente ante el avance de las edificaciones de lujo. Los operarios de la corporación procedieron a desmantelar plateas de cemento y frenar desarrollos inmobiliarios que no contaban con ningún tipo de autorización ambiental ni patrimonial. Estas acciones de control generaron una reacción por parte de los "nuevos propietarios", quienes estarían detrás de una campaña de desprestigio contra el actual presidente de la CIP, Daniel Salazar, con el fin de frenar las inspecciones en el territorio.

Dentro de la lista de compradores que "adquirieron" estos paisajes paradisíacos de manera irregular, también figura el ex funcionario Carlos Martínez y otros empresarios vinculados directamente al sector hidrocarburífero. La maniobra permitía que residencias de fin de semana se elevaran sobre espejos de agua y elevaciones protegidas, ignorando por completo el daño al ecosistema cordillerano. Muchos de estos inversores habrían actuado bajo la lógica de los llamados "amigos del poder", confiando en que la red de contactos políticos evitaría cualquier tipo de desalojo o sanción administrativa.

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La magnitud del escándalo crece al confirmarse que algunos de los ocupantes, como el caso de Rolando Cherqui, no solo habrían comprado lotes, sino que también funcionaron como nexos para revender las tierras a terceros. Esta cadena de transferencias informales buscaba diluir la responsabilidad legal y dificultar la trazabilidad de los fondos utilizados para las transacciones. Actualmente, la corporación ejerce su derecho de defensa de bienes nacionales y prepara una batería de denuncias penales y civiles para recuperar la posesión efectiva de cada metro cuadrado cedido de forma clandestina.

La nueva política de fiscalización busca terminar con la adjudicación directa de terrenos que históricamente terminaban en manos de allegados a las administraciones de turno. Ahora, cualquier emprendimiento turístico que pretenda instalarse en la zona de Pulmarí deberá someterse a concursos o licitaciones públicas, garantizando que el uso del suelo sea transparente y cumpla con las normas de preservación. El desmantelamiento de las obras recientes funciona como un mensaje directo hacia quienes pretenden consolidar derechos de propiedad sobre un suelo que tiene dueños colectivos e institucionales.

Mientras los nombres de las escribanías involucradas permanecen bajo reserva judicial, los peritos analizan los documentos firmados para determinar el grado de complicidad de los profesionales actuantes. La sospecha de que se crearon instrumentos públicos falsos para avalar la venta de lotes fiscales agrava la situación procesal de los compradores de renombre. La justicia deberá resolver la situación de las 150 familias que invirtieron sumas millonarias en desarrollos que hoy están calificados como ocupaciones ilegales sujetas a demolición inmediata.

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El conflicto también roza la autonomía de las comunidades locales, ya que la CIP es la propietaria jurídica de las tierras y solo permite la permanencia de 23 familias de pobladores para fines estrictamente productivos. La ruptura de este acuerdo por parte de cinco de estas familias desató una crisis de confianza que obliga a rediseñar los sistemas de monitoreo en la montaña. El patrimonio paisajístico de Neuquén, que debería ser un bien común, terminó convertido en un activo de cambio para negocios inmobiliarios privados que hoy se encuentran bajo la lupa de la fiscalía.

La resolución de este caso marcará un precedente sobre el manejo de las áreas protegidas y el límite de las influencias políticas en el acceso a la tierra. El objetivo de las autoridades es restituir el orden legal en Pulmarí y asegurar que el desarrollo turístico se realice bajo parámetros de igualdad y respeto al ambiente. Con la identificación de los ex ministros y diputados involucrados, el escándalo inmobiliario se transforma en una causa judicial de alto impacto que promete nuevas revelaciones sobre la distribución de la riqueza natural en la Patagonia.