Perú dio el visto bueno y “Pequeño J” queda a un paso de volver por el triple crimen

La extradición ya fue oficializada en Lima. Tony Janzen Valverde Victoriano será enviado a la Argentina si no surgen causas pendientes en su país.

El gobierno de Perú oficializó la decisión de conceder la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado por la Justicia argentina como el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela. La medida quedó plasmada en una resolución firmada en Lima y publicada el 30 de enero, lo que acerca el traslado del imputado al país para su procesamiento. El expediente lo ubica en el centro de una causa de alto impacto por la gravedad de los hechos y la calificación penal.

La extradición fue formalizada mediante la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS, firmada por el presidente peruano José Enrique Jerí Oré. El documento oficial habilita la entrega del detenido a la Argentina, pero bajo condiciones que deben verificarse antes del traslado. Esos requisitos podrían demorar el procedimiento si se detectan situaciones pendientes en territorio peruano.

OTRAS NOTICIAS:

Un chico de 11 años casi se ahoga en un río y lo salvó un policía

En Argentina, el imputado es requerido para ser sometido a proceso por los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). La causa, vinculada a Florencio Varela, acumula un fuerte interés judicial y social por la modalidad de los crímenes y por la edad de una de las víctimas. La confirmación de la extradición reordena el tramo procesal que viene por delante.

La carátula del expediente detalla una imputación agravada de máxima severidad. Se lo acusa de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”. Esa formulación fija el marco del proceso que enfrentará una vez que pise suelo argentino.

OTRAS NOTICIAS:

Vanesa Vieyra, la logística detrás de 11 poteros que exportan calamar directo a China

El paso administrativo peruano, sin embargo, no significa una entrega automática ni inmediata. La resolución establece que las autoridades de Perú deberán constatar previamente que “Pequeño J” no tenga procesos penales pendientes ni sentencias condenatorias en su país. Si aparece alguna causa abierta o una condena por cumplir, la extradición quedará aplazada hasta que esa situación se resuelva.

Ese punto funciona como filtro de control antes del traslado y es parte del procedimiento habitual en extradiciones. La verificación busca evitar que un requerido sea enviado al exterior cuando el país que lo detiene todavía tiene intereses penales por resolver. En términos prácticos, el trámite queda atado a informes judiciales y administrativos que deben completarse.

OTRAS NOTICIAS:

Río Negro crea un santuario marino para proteger a los gigantes del Golfo

Del lado argentino, el expediente también incluyó compromisos formales para que el traslado avance. Según la resolución, el Estado argentino debió ofrecer garantías respecto del cómputo de tiempo de detención durante el proceso de extradición. En concreto, se señaló que se computará el período de privación de libertad que demandó el trámite en Perú.

Esa garantía apunta a que el tiempo transcurrido bajo custodia no quede fuera del cálculo que corresponda en el proceso local. En extradiciones, ese punto suele formar parte de los requisitos exigidos por el país que entrega al detenido. La resolución peruana incorporó esa condición como parte del acuerdo.

OTRAS NOTICIAS:

El Helicoide cierra y llega una amnistía: el giro que abre incógnitas en Venezuela

El documento oficial también lleva las firmas del ministro de Justicia peruano, Walter Eleodoro Martínez Laura, y del canciller, Hugo Claudio De Zela Martínez. La inclusión de esas autoridades confirma que se trata de una decisión de Estado y no de un acto aislado de un área. Es, en los hechos, la habilitación política y administrativa para que el caso pase a la etapa operativa.