La agenda legislativa del Gobierno en un año sin elecciones deja pistas sobre penas, impuestos y jueces

Sin elecciones en el calendario, el Gobierno prepara entre 40 y 50 proyectos para marzo: retoca el Código Penal, redibuja impuestos y mueve piezas en la Justicia.

Con el 1° de marzo como fecha de largada formal, en Casa Rosada se cocina una hoja de ruta que mezcla castigo, recaudación y poder. La apuesta apunta a un año legislativo sin elecciones, con margen para empujar reformas que el oficialismo considera pendientes. En ese paquete se mueven piezas sensibles: delitos graves, esquema tributario, salud mental, educación y vacantes judiciales.

La señal política más clara no aparece en un anuncio, sino en el volumen de proyectos en carpeta. Puertas adentro hablan de una montaña de iniciativas que todavía no muestran, pero sí dejan trascender el rango. “Todavía falta mucho por definir, pero hay al menos entre 40 y 50 proyectos de ley de todas las áreas para enviar”, confesó un integrante de la mesa política que responde al presidente Javier Milei.

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En ese menú, uno de los puntos que más ruido promete se vincula con el endurecimiento penal. La mesa judicial ultima cambios para un Código Penal de más de 900 artículos, con foco en delitos como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. El oficialismo pretende tratarlo con rapidez, después de una primera etapa de debate parlamentario marcada por tensiones.

La otra discusión grande se asoma por el lado impositivo, aunque el propio Gobierno admite que todavía escribe el borrador. En un despacho reconocen que el diseño sigue abierto porque no aparece consenso para compatibilizar baja de impuestos con el respaldo económico que exige el Estado. En ese marco, el ministro Luis Caputo puso sobre la mesa una orientación, más que un articulado cerrado, y apuntó a incentivar mercados y aliviar cargas.

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En esa línea, el oficialismo deja entrever dos movimientos: cambios sobre Impuesto a las Ganancias y un “IVA dividido” que puede reconfigurar la relación con las provincias. Caputo ya anticipó la lógica del esquema y el porcentaje que imagina para Nación: “La idea es generar competencia impositiva entre las provincias”. También detalló el mecanismo: “Lo vamos a dividir entre nacional y provincial. Nosotros cobraríamos el 9% sobre el 21%“.

El capítulo tributario, además, entra en el juego de la negociación federal, porque impacta sobre coparticipación y recursos provinciales. En el texto fuente aparece resistencia de varios gobernadores, especialmente por la discusión sobre alícuotas de Ganancias a sociedades. Ese tironeo, sumado a la decisión de meter un capítulo impositivo dentro del proyecto de “Modernización Laboral”, anticipa un debate donde la letra fina importa tanto como la aritmética de votos.

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Otra reforma que el Ejecutivo prepara toca una fibra social que suele encender discusiones inmediatas: la Ley de Salud Mental. El plan que trabajó el ministro Mario Lugones busca habilitar internaciones involuntarias en casos particulares, con autorización judicial, y sumar centros especializados para tratamiento. El Gobierno presenta el tema como respuesta a un reclamo persistente de familias, profesionales y fuerzas de seguridad.

En paralelo, asoma un capítulo educativo que se apoya en acuerdos del Consejo de Mayo y en puntos del Pacto de Mayo firmado en Tucumán. La llamada Ley de Libertad Educativa, según el texto fuente, propone obligatoriedad desde los 4 años hasta el final del secundario, mínimos de horas por nivel y más autonomía institucional para planes de estudio dentro de contenidos comunes. Es una reforma de estructura, con impacto directo en provincias y sistemas educativos, y por eso también exige negociación fina.

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El frente judicial, mientras tanto, combina nombres propios y números difíciles de ignorar. El Ministerio de Justicia evalúa enviar pliegos para cubrir vacantes, con posibilidad de sumar sillas en la Corte Suprema, donde hoy figuran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Además, el texto marca que la Justicia Nacional y Federal opera con casi el 37% de cargos sin titular, un dato que, trasladado al Senado, promete discusión larga.

Dentro de la misma agenda aparece otra caja sensible: una reforma vinculada a inteligencia y seguridad. El asesor presidencial Santiago Caputo trabaja en cambios sobre la Ley de Inteligencia Nacional, con revisión de la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Seguridad Nacional, aunque el entorno evita poner fechas. El detalle se guarda, pero el solo anuncio anticipa una pelea política donde el tono suele subir rápido.

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El cierre del cuadro deja una certeza y una postergación. La certeza es que el Gobierno quiere reservar “lo más fuerte” para el discurso del 1° de marzo y sostener el suspenso hasta último momento. La postergación cae sobre el sistema previsional: “Quedarán para el próximo mandato”, admitieron en el texto fuente, con la mira puesta recién en 2027.

Mientras tanto, la cocina política también se recalienta por demandas puntuales de las provincias, en especial desde la Patagonia. El texto señala que el equipo vuelve a reunirse para analizar el pedido de incluir la Ley de Emergencia Ígnea en el temario. En un año sin urnas, el Congreso aparece como escenario principal y el Gobierno prepara una temporada larga, con proyectos que buscan tocar casi todo al mismo tiempo.

Fuente: NA.