Estados Unidos vuelve a Caracas e inicia una nueva hoja de ruta de trabajo conjunto

La llegada de Laura Dogu a Caracas abre un canal tras siete años sin misión. Caracas y Washington hablan de diálogo, amnistía y un cronograma.

Siete años después del quiebre diplomático, la relación entre Estados Unidos y Venezuela volvió a moverse con un gesto concreto: el regreso de una representación en Caracas. La reapertura se apoya en el arribo de Laura Dogu y en un plan de trabajo que, según el propio texto, busca recomponer canales que quedaron congelados desde 2019. El dato no se limita a una foto de aeropuerto: detrás aparece una discusión por el ritmo y los límites de esa nueva etapa.

Dogu llegó el sábado 31 de enero con vistas a la reapertura de la misión y dejó un mensaje público apenas pisó la capital. “Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, escribió en X, en una señal directa de instalación y continuidad. Ese posteo se transformó en la primera confirmación política de una agenda que el Gobierno estadounidense venía preparando en reserva.

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El rol asignado también marca el tipo de presencia: Dogu actúa como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela. El texto sostiene que trabajará con sectores públicos y privados, además de la sociedad civil, enmarcada en un plan de tres fases definido desde la Casa Blanca. La reapertura, así, se presenta como un proceso con etapas más que como una normalización automática. 

Ese esquema de fases aparece asociado al secretario de Estado Marco Rubio, a quien el texto atribuye el diseño de una hoja que incluye estabilización, recuperación y transición democrática. En otras palabras, Washington no plantea solo “volver”, sino también fijar un recorrido para lo que viene. Esa definición choca, inevitablemente, con la mirada de Caracas sobre soberanía y tiempos políticos.

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Del lado venezolano, el canciller Yván Gil describió la llegada de Dogu como el inicio de una “hoja de ruta” de trabajo “en asuntos de interés bilateral”. También explicitó el tono que busca instalar: una “vía del diálogo diplomático sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional” para resolver diferencias. En esa formulación se lee una condición previa: conversar, sí, pero bajo reglas que Caracas quiere dejar asentadas desde el inicio.

La reapertura no surge en el vacío, sino en un contexto de señales políticas recientes que, según el texto, alentó Estados Unidos. Ahí se anotan la reforma a la ley de hidrocarburos y una amnistía general para quienes se consideran presos políticos, además de un vínculo de trabajo con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El propio texto recuerda que Rodríguez habló el 9 de enero de un “proceso exploratorio de carácter diplomático orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas”.

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La historia reciente del quiebre explica por qué la vuelta se mira con lupa política. Los vínculos bilaterales se cortaron en 2019, cuando Donald Trump, en su primer mandato, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y el gobierno de Nicolás Maduro expulsó al entonces embajador y a la unidad diplomática. Ese antecedente explica por qué el regreso no se lee como un trámite consular, sino como una redefinición de poder y reconocimiento.

En el plano operativo, la nota ubica a Dogu en una unidad que hasta ahora trabajaba desde Colombia y que se armó tras el cierre de la embajada en 2019. También precisa que Dogu reemplazó a John McNamara, quien ocupó ese rol desde febrero de 2025 y se reunió con autoridades venezolanas en enero. El cambio de nombres importa porque muestra continuidad del canal, pero también una apuesta por un perfil con experiencia regional.

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La trayectoria que se menciona en el texto incluye embajadas y misiones en Nicaragua y Honduras, además de su rol como asesora de política exterior del general Dan Caine. Esa biografía no queda como dato decorativo: sugiere que Washington eligió una funcionaria entrenada en escenarios de tensión política y negociación institucional. En ese marco, la instalación en Caracas aparece como una pieza más de una arquitectura regional, no como una excepción.

La amnistía, en paralelo, abrió expectativas y también cautelas. El texto cita a la ONG Foro Penal, que pidió sostener excarcelaciones mientras se debate la ley: “Solicitamos que, mientras se discuta y apruebe la ley de amnistía, se continúe con el proceso de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad”. Además reclamó participación civil en la “redacción, aplicación y seguimiento” de la norma, un mensaje que pone condiciones y control social sobre lo que venga.

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En lo electoral, el texto advierte que los tiempos podrían ser más largos que los gestos diplomáticos. Según lo informado por The Wall Street Journal, el secretario de Energía Chris Wright comentó a empresarios que unas elecciones en Venezuela recién podrían llegar en 18 o 24 meses. La reapertura, entonces, abre un canal y al mismo tiempo instala una pregunta incómoda: cuánto dura la cooperación y qué condiciones se imponen para pasar del diálogo a una transición política efectiva.

Fuente: Teh Wall Street Journal, AP News, SWI, Infobae