La fiscalía detalló los ejes de la causa por irregularidades que involucra al intendente de Plottier
Actualidad08/02/2026
Sergio Bustos
La municipalidad fue allanada.
Luego de una serie de allanamientos realizados en Plottier y otras ciudades de la región, el Ministerio Público Fiscal brindó precisiones sobre la causa que investiga al intendente Luis Bertolini por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública. Las medidas incluyeron el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos vinculados a la administración municipal.
El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, explicó que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada a mediados de enero por un particular. En ese escrito se pusieron en conocimiento dos situaciones que, en una evaluación preliminar, podrían encuadrar como delitos contra la administración pública.
A partir de ese planteo, la fiscalía impulsó una serie de diligencias que derivaron en ocho allanamientos simultáneos. Cinco de ellos se realizaron en Plottier, incluyendo la sede del municipio, el área de Hacienda, el despacho del intendente y su domicilio particular. Además, hubo procedimientos en Neuquén capital y en Cipolletti.
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El objetivo central de los operativos fue reunir documentación administrativa y material fílmico que permita reconstruir decisiones adoptadas dentro del municipio. Vignaroli aclaró que se trata de una etapa inicial de análisis y que el material secuestrado será evaluado en los próximos días.
Uno de los ejes de la causa está vinculado a un decreto firmado por el intendente mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a un grupo de contribuyentes del barrio privado Los Canales, durante el primer semestre de 2025. Según explicó el fiscal, esa medida podría configurar un abuso de autoridad.
Vignaroli sostuvo que la Carta Orgánica de Plottier establece que el Concejo Deliberante es el único órgano con atribuciones para otorgar excepciones tributarias. “Lo más grave es que la excepción la otorgó un órgano que no está facultado para hacerlo”, afirmó en declaraciones televisivas.
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Además, remarcó que el beneficio no se habría aplicado de manera uniforme. De acuerdo a la investigación, no todos los propietarios del mismo barrio privado recibieron la eximición, pese a encontrarse en condiciones similares, lo que podría agravar la situación desde el punto de vista legal.
El segundo eje de la causa se centra en la contratación de una empresa privada para obras públicas. La denuncia señala una posible negociación incompatible, ya que uno de los socios de la firma Valco sería hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez.
La fiscalía confirmó que la empresa está integrada por dos personas, entre ellas López, hijo de la funcionaria, y que no tendría CUIT habilitado. En ese contexto, se detectaron contratos firmados a nombre del otro socio, Pedro Vilches, quien facturaba utilizando la denominación Valco.
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Según Vignaroli, esa operatoria podría haber buscado “dar apariencia de legalidad” y evitar una contratación directa con una persona vinculada a una funcionaria municipal. Parte de esa documentación fue encontrada durante el allanamiento al despacho del intendente.
Los delitos bajo análisis incluyen administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal aclaró que la investigación podría ampliarse si surgen nuevas responsabilidades.
En las próximas etapas, la fiscalía avanzará con el análisis del material secuestrado, incluidos teléfonos celulares, para determinar si corresponde impulsar nuevas medidas de prueba o eventuales imputaciones formales dentro de la causa.
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