Entre recortes y cambio de nombre, el Gobierno pone en juego el futuro de la TV Pública

Política09/02/2026

TVP Televisión Pública Argentina

Manuel Adorni dijo que existe la chance de cerrar la señal, aunque por ahora planean renombrarla. El Ejecutivo sostiene que no puede privatizarla por ley y apunta a achicarla. Gremios y trabajadores denuncian sueldos congelados y advierten por un “daño irreversible”.

La discusión por los medios públicos volvió a la superficie con una frase que dejó flotando una amenaza y, al mismo tiempo, una decisión inmediata. En el Gobierno hablan de una señal que puede achicarse al límite y que, en el corto plazo, podría perder su nombre actual. El debate no se reduce a una cuestión estética: también toca presupuesto, empleo y el sentido político de una pantalla estatal.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la Televisión Pública podría cerrar, aunque aclaró que el primer paso no apunta a bajar la persiana. En un streaming, marcó que el Ejecutivo analiza un recorte profundo, sin privatización, y lo encuadró en una lógica de gastos. En ese marco, recordó que “por ley está prohibido privatizarla”.

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Con ese límite legal, Adorni planteó que el Gobierno igual puede reducir el tamaño de la estructura. Dijo que existe potestad para “achicarla lo más que se pueda” y evitar costos adicionales para el Estado. La idea oficial, según su planteo, se centra en minimizar el gasto sin cambiar la propiedad del medio.

En esa misma intervención, el funcionario fue más lejos con una frase que tensó el escenario. “Hay que hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener que privatizarla. Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre”, sostuvo. El mensaje combinó una advertencia de cierre con la confirmación de un cambio simbólico.

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La decisión de rebautizar la señal apareció como parte de una estrategia política más amplia. Adorni presentó el cambio de nombre como “primicia” y explicó que no se llamará más TV Pública en esta etapa. En su justificación, sostuvo que, “y a través de retiros voluntarios y de determinados procedimientos que no vienen al caso”, el oficialismo busca mostrar “un cambio simbólico”.

El argumento del nombre también se conectó con la lectura ideológica que hace la gestión sobre símbolos del Estado. En una entrevista que brindó a Infobae, Adorni dijo que el nombre actual podría sonar “kirchnerista”. Además, remarcó que desde la asunción del presidente Javier Milei existe la orden de retirar “todo lo que sea cartelería con contenido ideológico”.

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Mientras el Gobierno plantea el cambio de marca, el cuadro institucional de los medios públicos sigue atado a una intervención estatal. La continuidad de esa intervención en Radio y Televisión Argentina (RTA) —que incluye a la TV Pública y Radio Nacional— quedó oficializada por el Decreto 79/2026. Ese esquema se prorrogó hasta el 1º de febrero de 2027, según el texto difundido.

En paralelo, el recorte de personal aparece como una de las herramientas centrales del plan. El propio Adorni mencionó retiros voluntarios y, según la información del caso, el objetivo apunta a reducir alrededor de 500 puestos, un 20% de la planta total estimada en 2.400 empleados. El impacto no se limita a la TV Pública: también alcanza a las 50 emisoras de Radio Nacional.

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La discusión por la dotación suma otro dato puntual dentro de la señal televisiva. El jefe de Gabinete calificó como “excesiva” la cantidad de trabajadores y se indicó que la TV Pública ronda los 1.300 empleados. Esa cifra se volvió parte de la disputa, porque en el medio de los recortes se cruzan roles periodísticos, técnicos y administrativos que sostienen la programación.

Del lado gremial, el conflicto se agrava por el poder adquisitivo, con denuncias de salarios casi congelados desde agosto de 2024. Sindicatos como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo sostienen que la pérdida empujó a muchos ingresos por debajo de la línea de pobreza. A la vez, trabajadores de la TV Pública rechazan la reforma laboral y advierten que podría causar un “daño irreversible” sobre los medios públicos.

Fuente: NA.