El cambio que destrabó la reforma juvenil y acelera el debate en Diputados

Con un mecanismo de fondos Nación-provincias incorporado a último momento, el oficialismo empuja el tratamiento esta semana: comisión el miércoles y recinto el jueves.

El proyecto de reforma penal juvenil entró este lunes a la Cámara de Diputados y quedó atado a un cronograma corto. Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el texto pasará por comisión el miércoles. El jueves, si el plan se sostiene, llegará al recinto para su discusión.

Más allá del apuro parlamentario, el movimiento central apareció en la letra chica del financiamiento. La iniciativa repite la versión que consiguió dictamen en 2025, pero suma un punto que el Gobierno consideró determinante: un mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias. Ese agregado busca ordenar quién paga el nuevo esquema y con qué recursos.

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El corazón del proyecto apunta a bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y armar un régimen especial para menores. En esa arquitectura, el texto plantea medidas “socioeducativas y penas alternativas” como parte del menú de respuestas. También deja afuera la posibilidad de una condena de reclusión perpetua.

En paralelo, la propuesta fija techos de pena para adolescentes bajo un marco propio. El proyecto marca un máximo de 20 años de condena para menores. Ese límite funciona como borde superior del sistema que el Ejecutivo propone para reemplazar el esquema actual.

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Para el segmento de delitos graves, la redacción abre otra puerta dentro del mismo régimen. Los adolescentes de 14 años o más que cometan hechos de esa gravedad podrían recibir penas similares a las de personas adultas. Aun así, el texto pone una excepción: no irían a cárceles comunes y establece condenas máximas de 15 años.

La iniciativa también distingue qué respuesta prioriza cuando los delitos tienen menor escala penal o no incluyen violencia grave. Para casos con penas menores a 3 años, o de hasta 10 años sin violencia grave, el proyecto se inclina por un enfoque social y educativo. En ese marco aparecen alternativas como libertad asistida y tareas comunitarias, por encima de la prisión efectiva.

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El Ejecutivo defendió la reforma con un argumento político y operativo que atraviesa la discusión pública. Desde el Gobierno plantearon que la idea apunta a terminar con la llamada “puerta giratoria” vinculada a la entrada y salida permanente de menores en circuitos delictivos. También afirmaron que buscan condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que hoy quedan impunes bajo la normativa vigente.

Ese punto enlaza con otra dimensión del debate: el encuadre legal que el oficialismo menciona como base del problema. El Gobierno remarcó que la ley actual, la 22.278, mantiene un esquema que no cubre ciertos hechos atribuidos a adolescentes. En esa lectura, la reforma aparece como una respuesta para que el Estado tenga herramientas distintas según edad, tipo de delito y gravedad.

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Con el nuevo mecanismo de fondos incorporado y el calendario ya marcado, la discusión entra en una semana decisiva en Diputados. El recorrido legislativo arranca en comisión y apunta al recinto casi sin escalas, con el financiamiento como pieza que el Gobierno presentó como diferencial. El resultado dependerá del debate parlamentario y de cómo se ordenen las posiciones frente a un régimen que combina sanciones, límites de pena y medidas alternativas.

Fuente: LA NACION.