El Gobierno cedió en Ganancias y desactivó el punto más explosivo del proyecto laboral

La reforma laboral llegó al Senado con una sorpresa que alteró el clima de la negociación política. En el tramo final, el Gobierno decidió retirar un artículo que tocaba un tema sensible para las provincias: el Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas. El cambio expuso una tensión que venía creciendo en silencio y que terminó inclinando la balanza.

En el centro de la discusión quedó un punto que parecía secundario dentro del paquete laboral, pero que se volvió decisivo por su impacto territorial. Gobernadores de distintos signos políticos advirtieron que una baja en un tributo coparticipable significaba menos recursos directos para sus distritos. La presión se trasladó rápido al Congreso.

El artículo eliminado era el 190 del dictamen, que proponía reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes compañías. El plan consistía en bajar del 30% al 27%, con el argumento oficial de mejorar competitividad y estimular inversión privada. La medida apuntaba a acercar la carga local a la de otros países de la región.

Sin embargo, el rechazo provincial fue inmediato porque Ganancias representa una de las principales fuentes de recaudación compartida. Una reducción implicaba menos dinero en las cuentas de las provincias en un momento de restricciones fiscales y poco margen financiero. Ese fue el punto que encendió la alarma política, aunque sin necesidad de expresarlo en público como un conflicto directo.

OTRAS NOTICIAS:

Milei quiere al Papa en Argentina y el Vaticano guarda silencio por ahora

Desde la Casa Rosada defendían la iniciativa con números concretos. Sostenían que el costo fiscal rondaría el 0,65% del PBI, con un impacto de 0,5% para Nación y 0,15% para las provincias. También planteaban que la caída se compensaría con mayor actividad económica y con la formalización de 400 mil trabajadores.

Pero en varias jurisdicciones el argumento no alcanzó. Gobernadores reclamaron que no existía una compensación clara y que la rebaja afectaba recursos destinados a gastos corrientes. La resistencia no se limitó a opositores: también apareció entre mandatarios aliados que estaban dispuestos a acompañar otros capítulos de la reforma.

En el Senado, esa postura se tradujo en advertencias concretas sobre la falta de votos. Legisladores de distintos bloques anticiparon que el artículo no pasaría el filtro del recinto. La discusión dejó en evidencia que el capítulo fiscal podía convertirse en el principal obstáculo para aprobar el proyecto completo.

Ante ese escenario, el Gobierno optó por un giro de último minuto. Eliminó el artículo del dictamen final para despejar el conflicto y asegurar el acompañamiento de las provincias. La versión definitiva presentada horas antes de la sesión ya no incluyó la rebaja para grandes empresas.

OTRAS NOTICIAS:

El enero más seco de los últimos 25 años dejó a la Patagonia con alto riesgo de incendios

La decisión tuvo efectos inmediatos y dejó ganadores claros. Las provincias resultaron beneficiadas porque mantienen intacta una fuente clave de recaudación coparticipable. Para los gobernadores, fue un alivio en un contexto donde cualquier recorte adicional podía profundizar ajustes locales.

Del otro lado quedó el sector empresario, que esperaba ese alivio fiscal como un reclamo histórico. Cámaras y grandes compañías sostenían que la carga impositiva argentina es elevada frente a otros mercados. Con la eliminación, perdieron una oportunidad concreta de reducción en el corto plazo.

El episodio mostró cómo, dentro de una reforma laboral, un artículo tributario terminó concentrando la mayor tensión política. El Gobierno buscó destrabar el debate legislativo, pero el costo fue resignar un beneficio que apuntaba directamente al corazón del sector privado.