Reforma Laboral: el Gobierno aceptó 28 modificaciones y tendría los votos para aprobarla

Patricia Bullrich anunció que el Gobierno aceptó 28 modificaciones y llega al Senado con concesiones a gobernadores, CGT y empresas. La sesión arranca a las 11 y deja puntos sensibles sin tocar.

Patricia Bullrich comunicó que el oficialismo aceptó 28 cambios al proyecto de modernización laboral que impulsa el Gobierno. La negociación corrió el texto original y armó una versión con concesiones repartidas entre gobernadores, la CGT y cámaras empresariales. El tema entra este miércoles en el Senado, con una sesión prevista para las 11.

El movimiento político no se explica solo por la letra fina, sino por el objetivo que el Ejecutivo empuja en el calendario. El Gobierno busca llegar con una ley votada dentro del período de sesiones extraordinarias. La apuesta es que Javier Milei incluya el tema en el mensaje del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa.

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La discusión con las provincias giró alrededor de la plata y del costo fiscal del capítulo impositivo que venía atado a la reforma. Desde diciembre, los gobernadores advirtieron un impacto en la coparticipación que estimaron en $ 1,9 billones. Ese número funcionó como palanca y aceleró un recorte del texto original.

La concesión más visible en ese frente fue la eliminación de un artículo que tocaba Ganancias para grandes empresas. Se quitó el apartado que bajaba la alícuota del 30% al 27%, un cambio que enfrentó resistencia incluso de mandatarios cercanos al Gobierno. En el propio oficialismo leyeron además que ese punto complicaba el discurso del superávit fiscal, y la cuenta política cerró por otro lado.

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Con la CGT, la negociación se concentró en el esquema de financiamiento sindical y el sistema de obras sociales. El texto sostiene por dos años el aporte solidario a los gremios, pero fija un tope del 2%, cuando hoy algunos sindicatos cobran 4%. También se frenó la baja de cargas patronales para obras sociales, que quedan en 6% y no bajan al 5% como pretendía el proyecto.

En la misma línea, el articulado mantiene a las empresas como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical. Ese punto evita un cambio de mecanismo que la CGT miraba con recelo por su efecto directo en la recaudación. La central obrera consiguió concesiones en la caja, pero no se llevó todo lo que buscaba.

En otros artículos, la CGT empujó sin éxito y el Gobierno sostuvo posiciones que anticipan conflicto. El proyecto conserva la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales y tampoco cae el artículo que exige autorización de la patronal para realizar asambleas en el lugar de trabajo. Esos puntos quedan como nudo político para la discusión parlamentaria y también para la calle.

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Del lado empresario, el texto consolidó un esquema que también reparte obligaciones y beneficios. Se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un tope del 0,5%. Y se ratificó la bancarización como vía de pago de sueldos, dejando afuera a las billeteras virtuales.

Entre los cambios con impacto directo en la relación laboral aparece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa. El proyecto fija un aporte del 2,5% para pymes y del 1% para grandes empresas, con una ingeniería que busca ordenar costos futuros. Al mismo tiempo, se marca un giro en la forma de calcular juicios laborales, porque se limita el cálculo a salarios y se excluyen aguinaldos y vacaciones.

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La letra también abre un esquema de pago en cuotas para sentencias, con diferencias por tamaño de empresa. Para grandes empresas se habilitan 6 cuotas y para pymes 12, un punto que aparece como alivio financiero para quienes enfrentan litigios. Y en el mismo paquete se amplía la definición de servicios esenciales y trascendentales, un cambio que vuelve a rozar el derecho de huelga.

En paralelo, el proyecto fija un reloj para tocar regímenes especiales y estatutos. La derogación de esos marcos arranca a partir de los 180 días desde la sanción de la ley, según la versión que circula tras las negociaciones. Con ese cronograma, el Gobierno intenta ordenar una transición que no cierre solo en el recinto, porque deja efectos administrativos, sindicales y empresariales que se van a sentir después de la votación.