
Dos votos y una sesión larga ponen a prueba los acuerdos del Gobierno en Diputados
Política12/02/2026
REDACCIÓN
Diputados debate desde las 11 el nuevo régimen penal juvenil y la ratificación del Mercosur-UE. El oficialismo llega con dictámenes y aliados, pero el recinto marca la cuenta real.
La Cámara de Diputados abre este jueves una jornada que funciona como termómetro político para el Gobierno. Desde las 11, el recinto discutirá dos temas de alto voltaje: el proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La combinación convierte la sesión en un test de alianzas y disciplina parlamentaria, más que en un simple trámite.
El oficialismo llega con un punto a favor: consiguió dictámenes de mayoría para ambos asuntos y lo hizo con el respaldo de bloques aliados y fuerzas dialoguistas. Esa señal previa habilitó un clima de optimismo en el bloque libertario, que se prepara para una sesión extensa. La duración, según anticipan, podría estirarse hasta la madrugada, aunque también depende de si se achican las listas de oradores.


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El día no aparece aislado en la agenda, sino pegado a una semana marcada por tensión legislativa. La reforma laboral votada en el Senado quedó como el hito inmediato, atravesada por una movilización accidentada en las inmediaciones del Congreso. En ese marco, Diputados vuelve a ser el centro de gravedad, con dos votaciones que empujan discusiones distintas pero con el mismo patrón: acuerdos frágiles y oposición dura.
El régimen penal juvenil llega al recinto con un punto que concentra la polémica: la propuesta incluye la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Ese elemento domina la discusión pública, aunque el proyecto también despliega un régimen especial de minoridad con un abanico de sanciones alternativas. En esa arquitectura, el texto sostiene que los menores no deben compartir lugares de reclusión con adultos y suma medidas complementarias de resocialización.
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Entre los cambios estructurales, el dictamen fija límites que buscan diferenciar el tratamiento penal juvenil del sistema general. El proyecto descarta la posibilidad de aplicar reclusión perpetua y establece un máximo de 15 años de prisión para menores. Además, para delitos con penas menores a 3 años, directamente excluye la prisión como salida.
En los delitos con penas de entre 3 y 10 años, siempre que no exista muerte o lesiones graves, el enfoque se orienta a otro tipo de sanciones con perfil social y educativo. Es un punto que el oficialismo plantea como eje para evitar que el régimen se reduzca a encierro. La discusión, igual, se anticipa áspera: Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron el dictamen y lanzaron críticas duras.
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La construcción de mayoría incluyó un elemento que los dialoguistas exigieron para no dejar el texto en una promesa sin herramientas. El dictamen incorporó financiamiento para su implementación, con más de 20 mil millones de pesos destinados a la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia. Ese agregado funciona como carta clave para los bloques que pedían garantías operativas, más allá del debate ideológico.
En paralelo, el otro expediente de la jornada empuja una discusión de escala internacional y económica. El despacho sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur, con impulso de La Libertad Avanza y respaldo de aliados. El texto, de unas 5.000 páginas, busca ratificar legislativamente un entendimiento que elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y reduce barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos.
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La firma del acuerdo ocurrió el 17 de enero en Asunción, Paraguay, país que ejerce la presidencia pro tempore del bloque. En esa ceremonia participaron el presidente Javier Milei, su par paraguayo Santiago Peña y el presidente de Uruguay Yamandú Orsi, mientras que el presidente de Brasil, Lula da Silva, se ausentó. Ese detalle político también sobrevuela el debate, porque el acuerdo se presenta en un clima regional con matices.
Aunque Diputados vote la ratificación, el tratado todavía tiene un obstáculo en Europa. El Parlamento Europeo decidió revisar el acuerdo mediante el Tribunal de Justicia de Europa, que debe analizar su impacto y definir si entra en vigencia. Ese proceso podría demorar meses e incluso hasta dos años, aunque circula la versión de que la Comisión Europea podría aplicarlo de manera provisoria mientras espera el fallo.
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Con ese tablero, la sesión se vuelve una prueba doble: por un lado mide la capacidad del oficialismo de juntar votos en un tema sensible como la imputabilidad, y por otro exhibe la relación entre la agenda interna y los compromisos internacionales. Si el Gobierno ordena mayorías en ambos capítulos, gana aire político; si se le quiebra el esquema, la lectura se impone sola. En cualquier caso, el recinto ofrece el conteo real, ese que ningún dictamen garantiza.
Fuente: NA.

















