Avanza la denuncia por maniobra "contra las instituciones” y para “desestabilizar” frenando el inicio de clases

El Gobierno de Chubut dijo que pedirá ser parte de la causa para acceder a las pruebas y seguir el rumbo de la investigación. La denuncia la presentó José Severiche, titular de ATE, tras un ofrecimiento de dinero.

La denuncia que investiga la Fiscalía en Chubut por un presunto intento de pagar dinero para generar disturbios y complicar el inicio del ciclo lectivo sumó, en las últimas horas, una definición política con impacto institucional: la Provincia anunció que pretende presentarse como querellante. El secretario legal y técnico del gobierno chubutense, Emiliano Chialva, explicó en el programa El Quinto Poder por #LA17 que el objetivo es intervenir formalmente en el expediente, seguir de cerca las medidas y conocer en primera mano el rumbo de una investigación que, según dijo, trasciende a una gestión de turno.

El funcionario sostuvo que la información disponible para el Ejecutivo todavía es la misma que conoce la opinión pública, porque la causa se originó en la denuncia de un dirigente sindical. “Esto surge de una denuncia de un sindicalista que él contempla que se le ofreció plata para generar disturbios o complicar el inicio de las clases”, señaló, al describir el dato central que aparece en el relato inicial del expediente. A partir de ese punto, remarcó que lo prioritario es que la Justicia avance con medidas concretas y determine qué ocurrió y con qué finalidad.

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Chialva explicó que la reacción judicial se tradujo en allanamientos y secuestro de elementos que podrían ser relevantes para la investigación. En ese marco, vinculó la urgencia a la necesidad de no perder evidencia: dijo que en una “investigación preliminar” suelen tomarse decisiones rápidas para preservar pruebas y abrir el camino a una etapa formal. “Ha tomado medidas urgentes y conducentes, que también son necesarias para preservar las pruebas y para poder investigar”, afirmó, y anticipó que el paso siguiente sería la apertura de investigación conforme al Código Procesal Penal.

El Gobierno provincial busca ahora entrar a la causa desde el rol de querellante, no para conducir la investigación, sino para tener acceso directo a actuaciones y elementos. Chialva insistió con esa idea y explicó por qué la administración se prepara para hacerlo apenas se habilite el marco procesal. “La provincia se va a presentar como querellante porque quiere ser parte de esta investigación”, dijo, y subrayó que el interés no se agota en el impacto sobre el calendario escolar, sino que se centra en el alcance institucional de la maniobra denunciada.

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En ese punto, el funcionario planteó una interpretación sobre la gravedad del caso que buscó separar de la disputa partidaria y llevar al terreno de las instituciones. “No solo es un atentado, sino que es contra las instituciones”, sostuvo, y agregó que una eventual maniobra para “desestabilizar” un gobierno elegido democráticamente golpea la confianza pública y el funcionamiento de la democracia. Esa mirada volvió varias veces durante la entrevista, con un énfasis en que la educación no puede quedar atrapada en operaciones que busquen tensar el clima social.

El caso, además, quedó atravesado por un dato particular: la denuncia la impulsó el titular de ATE, José Severiche, a quien el funcionario reconoció explícitamente por haber ido a la Fiscalía. Chialva lo planteó como un comportamiento cívico que, según dijo, no se limita a rechazar una conducta presuntamente delictiva. “Tiene también la valentía y la nobleza de cumplir su deber cívico de denunciar cuando hay una situación que él consira que es un delito”, afirmó, y pidió que la investigación se sostenga sin especulaciones para esclarecer hechos, pruebas y responsables.

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Consultado por la eventual calificación penal, Chialva evitó dar una tipificación cerrada porque dijo que depende de las constancias que se sumen al expediente. Aun así, señaló que el esquema descripto en la denuncia podría encuadrar en figuras como el cohecho, aunque advirtió que ese rótulo puede quedar corto si se prueba una afectación institucional mayor. “Acá hay una alteración del orden constitucional, una alteración más grave institucional de la provincia”, expresó, y vinculó esa evaluación a lo que se pueda reconstruir sobre la motivación y el alcance de la maniobra.

En el mismo tramo, el funcionario pidió cautela con los nombres propios y prefirió no concentrar la lectura en una sola persona. Dijo que la Provincia quiere entender “qué es lo que se perseguía” y si hubo otros actores detrás del hecho denunciado. “Independientemente de los nombres, investigarlo”, sostuvo, y explicó que el Ejecutivo no puede mirar para otro lado ante una acusación de este calibre, porque se pone en discusión algo más amplio que un conflicto sectorial.

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Durante la entrevista apareció también una pregunta sobre por qué el supuesto plan habría apuntado al inicio de clases y no a otro ámbito, y Chialva reconoció que esa elección le agrega un “ribete” particular. Señaló que, tal como surge de lo denunciado, el intento de trabar el comienzo del ciclo lectivo no se conecta con un interés productivo evidente y, por eso, vuelve más relevante el objetivo político o institucional que podría haber detrás. “Están en juego las clases y a su vez el desestabilizar, el buscar esto”, dijo, al marcar el impacto social de una acción que golpea a familias y estudiantes.

El secretario legal y técnico también mencionó que hay antecedentes penales señalados públicamente sobre la persona mencionada en la entrevista, pero eligió moverse con prudencia para no anticipar conclusiones. “Prefiero ser precavido. Quiero ver bien qué es”, afirmó, y sostuvo que la investigación debe aportar claridad sobre qué ocurrió, cómo y con qué pruebas. Con esa cautela, dejó una definición final alineada a su eje principal: que la causa avance, se preserve evidencia y se investigue hasta las últimas consecuencias si corresponde.