votación en Diputados
La Cámara aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil con 149 votos afirmativos. La iniciativa fija penas de hasta 15 años y crea institutos especializados.
La Cámara de Diputados aprobó en general el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves. El proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá ser tratado en el Senado. La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y contó con el respaldo de bloques opositores.
El acompañamiento incluyó a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz, entre otros espacios provinciales. El peronismo votó en contra de manera unificada en la votación en general. La discusión dejó expuestas diferencias profundas sobre el enfoque penal juvenil.
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El nuevo régimen no se limita a modificar la edad mínima de responsabilidad penal. También fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Para hechos con escalas menores a diez años, contempla sanciones alternativas.
Entre esas alternativas se incluyen la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño, servicios comunitarios y restricciones de circulación o conducción. El texto habilita además la suspensión del proceso a prueba y mecanismos de mediación penal juvenil en infracciones leves, con consentimiento expreso de la víctima.
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Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de institutos especializados para el alojamiento de menores condenados. La norma establece que deberán garantizarse educación, atención médica y tratamiento en casos de adicciones. También se prohíbe de manera expresa la convivencia con detenidos mayores de edad y exige personal capacitado en infancia y adolescencia.
Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que la legislación vigente, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”. Argumentó que el nuevo régimen incorpora estándares internacionales suscriptos por la Argentina pero no plasmados hasta ahora en una ley específica. También afirmó que la reforma busca evitar que jóvenes queden en un “limbo” sin respuesta institucional.
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Desde la oposición, las críticas apuntaron a la orientación punitiva del proyecto. Juan Grabois cuestionó el enfoque y expresó: “La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”. En la misma línea, Juan Carlos Molina planteó: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”.
A favor de la iniciativa, el diputado libertario Santiago Santurio defendió la necesidad de una respuesta estatal frente a delitos graves cometidos por adolescentes. Sostuvo: “No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos”. Agregó que la reforma busca evitar la impunidad y fortalecer la presencia del Estado.
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El proyecto también incorpora un reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. Se garantiza el derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico y asistencia psicológica, además de participar en instancias restaurativas cuando corresponda. En los palcos del recinto estuvieron presentes familiares de víctimas de delitos cometidos por menores.
En la versión final se incluyó una previsión presupuestaria específica para la implementación del régimen. El texto asigna $23.739.155.303, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. La incorporación respondió a planteos de gobernadores que reclamaban que los costos no recayeran exclusivamente en las provincias.
Fuente: Infobae
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