Una decisión judicial puede cambiar el rumbo del caso por la quinta y los autos ligados a la AFA

Policiales22/02/2026

La Cámara de Casación define si el expediente por la quinta de Villa Rosa sigue en Campana o vuelve a Penal Económico. En el medio, una pelea por la custodia y los bienes.

quinta afa — La quinta de Pilar vinculada a la AFA. Foto Archivo.

En la causa que busca establecer quiénes son los verdaderos dueños de una quinta de cinco hectáreas en Villa Rosa, Pilar, hay un punto que no pasa por los papeles del dominio, sino por algo más práctico: quién controla el expediente y con qué reglas. En las últimas horas, una decisión del juez Adrián González Charvay encendió una nueva disputa, cuando resolvió levantar la custodia policial del predio. La respuesta del fiscal fue inmediata: se opuso y apeló, con el argumento de que los bienes dentro de la propiedad no quedan a salvo con un embargo escrito.

El fiscal federal Sebastián Bringas, de Campana, planteó que la custodia sirve para evitar que desaparezcan elementos de valor, en un escenario donde ya hubo antecedentes dentro del mismo caso. El expediente menciona que caballos de carrera que estaban en el lugar ya no aparecieron, y ese dato funciona como advertencia sobre la fragilidad de los bienes en custodia. En esa línea, el objetivo de mantener vigilancia apunta a proteger la colección de vehículos de alta gama y otros objetos costosos hallados en los operativos.

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Mientras esa pelea se discute en los tribunales, hay otra decisión que puede redefinir todo el tablero: la Cámara Federal de Casación Penal debe decidir si el caso continúa en la Justicia Federal de Campana o si regresa al fuero penal económico de la Capital. Esa definición está en manos de los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Carlos Mahiques, integrantes de la Sala I. Lo que resuelvan no solo fija un domicilio judicial, también marca qué tribunal revisa, qué fiscal empuja y qué dinámica procesal manda.

El eje formal del conflicto es la competencia, pero el trasfondo que señalan los fiscales se parece más a una pulseada por el terreno más favorable. En el expediente aparece la sospecha de que el corrimiento hacia Campana busca alejar el caso del fuero penal económico, donde la investigación ya había acumulado medidas y hallazgos. Desde esa óptica, el expediente no discute solo “dónde queda la quinta”, sino la presunta trama que rodea a la AFA y a quienes aparecen vinculados en el relato judicial.

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El fiscal ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, es quien impulsa que el expediente vuelva al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, donde la investigación avanzó antes del cambio de jurisdicción. Cearras recurrió a Casación con un recurso de queja luego de que la Cámara Federal de San Martín rechazara su planteo. Ahora, los camaristas de Casación deben optar entre abrir la queja y convocar a una audiencia, o rechazarla por entender que no hay sentencia definitiva, lo que dejaría el expediente en Campana.

En el centro del caso aparece una propiedad valuada en unos 20 millones de dólares, con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio y una colección de 40 autos y motos de alta gama. Esa descripción no es ornamental: es parte del motivo por el que la investigación busca determinar quién puso el dinero y quién usa realmente el lugar. Para el juez Aguinsky, la hipótesis de los dueños formales no cerró, y en los operativos surgieron elementos que alimentaron dudas sobre la versión registral.

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Entre esos elementos, el expediente menciona un bolso con el nombre de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y una placa conmemorativa también en “honor” al dirigente. Esos hallazgos se incorporaron al mapa de indicios que tensiona la versión de que la quinta pertenece a terceros sin vínculo real con la entidad. La causa apunta a establecer si detrás de la titularidad formal existe un esquema de testaferros que oculta a los beneficiarios efectivos.

Los nombres de los dueños formales aparecen claros en el papel: la sociedad Real Central figura como propietaria del predio y está a nombre del monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. Pero la investigación sostiene una sospecha firme de disociación entre titularidad y realidad económica, reforzada por datos del propio expediente. En esa misma línea se menciona que Conte, durante la pandemia, cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un beneficio destinado a hogares vulnerables.

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Otro capítulo que empuja la sospecha se construyó a partir del movimiento cotidiano de los vehículos. El juez Aguinsky constató que los telepases de peaje de la flota se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, quien supo ser dirigente de la entidad y luego dejó ese rol. Ese detalle, por sí solo, funciona como puente entre los bienes hallados y la estructura de la asociación, más allá de lo que diga el registro de propiedad.

La discusión por la competencia se activó cuando Pantano y Conte presentaron un pedido de inhibitoria ante el juez de Campana, González Charvay, para sacar el caso del fuero penal económico. González Charvay aceptó el planteo y pidió a Aguinsky que se aparte, con un argumento asentado en garantías procesales, bajo el paraguas del “juez natural”. Aguinsky resistió: remarcó la especialidad de su fuero y señaló que el núcleo del caso no era el terreno, sino la entidad investigada.

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En ese contrapunto, Aguinsky dejó una frase que quedó registrada en la discusión: la AFA se encontraba “a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km de distancia del Juzgado Federal de Campana”. Sin embargo, el camarista Alberto Lugones le dio la razón a Charvay y empujó el traslado. En ese tramo también apareció otro dato sensible: se consignó que la AFA cambió su domicilio en 2024 a Mercedes 1366, Pilar, pero la ARCA comprobó que ese lugar es un terreno baldío.

Fuente: LA NACION.