La ley de inocencia fiscal ya logró vaciar los Tribunales de causas cerradas y condenas revocadas

Actualidad23/02/2026

En apenas 13 días hábiles, el fuero penal económico empezó a cerrar expedientes en cadena por la suba de montos punibles. Fiscales y ARCA acompañan el giro y la discusión crece.

En los pasillos del fuero penal económico, el movimiento se volvió repetitivo y casi mecánico: expedientes que se apilan para terminar en un mismo destino, el archivo. La llamada ley de inocencia fiscal empezó a producir un efecto inmediato y masivo, con cierres de causas por evasión que, por los nuevos umbrales, quedaron fuera del terreno penal. En solo 13 días hábiles de impacto real desde el regreso de la actividad judicial, el derrumbe se hizo visible y ya no aparece como excepción.

El cambio que disparó la ola es numérico, pero sus consecuencias son institucionales. La norma elevó en promedio un 3000% los montos mínimos punibles y, en la práctica, dejó a la enorme mayoría de las causas sin encuadre delictivo. Fuentes judiciales describen que los expedientes “se caen” a un ritmo de 15 a 20 por día, e incluso más en algunos despachos, porque los hechos investigados ya no alcanzan la vara que fija la ley.

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Los números concretos muestran por qué la puerta penal se achicó de golpe. La evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la evasión agravada de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que implica en ambos casos una suba del 6567%. El delito de evasión a través de terceros se alejó todavía más: trepó un 9900%, de $2.000.000 a $200.000.000, y dejó aún menos margen para sostener acusaciones.

Esa transformación se tradujo en un vaciamiento concreto dentro de los juzgados. Un funcionario judicial sintetizó lo que ocurre con una frase simple y brutal: “Son muy pocas las [causas] que pasan los montos”. En su caso, explicó que en su despacho quedaron “apenas cuatro” de más de 300 causas, y que todas se relacionan con facturación apócrifa, un universo que en algunos supuestos sí logra superar los nuevos umbrales.

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El fenómeno, además, empezó a sentirse tarde por un motivo de calendario judicial. Aunque la ley rige desde el 2 de enero, el golpe en los tribunales arrancó en febrero, cuando volvió la actividad tras la feria. Por eso, el conteo de días hábiles con impacto efectivo todavía es corto, pero el volumen de causas que salen del fuero ya se mide “de a cientos”, según coinciden fuentes consultadas.

La caída masiva no depende de una sola puerta de salida: aparecen al menos dos. Por un lado, defensores que presentan escritos para quedar amparados por la nueva ley. Por otro, jueces que actúan de oficio y aplican el principio constitucional de la ley penal más benigna, cerrando causas sin esperar impulso de parte, porque el nuevo umbral desarma la tipicidad penal.

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En ese proceso, un dato político-jurídico cambió el aire del fuero: los fiscales ya no se plantan como en años anteriores. Durante mucho tiempo, el Ministerio Público se opuso a aplicar la ley penal más benigna cuando los montos se modificaban para evitar el arrastre inflacionario, una línea que habían sostenido gestiones como la de Esteban Righi (2012) o Eduardo Casal (2018). Pero el clima se revirtió en los hechos porque las apelaciones chocaron con una jurisprudencia cada vez más firme de la Corte Suprema, que en 2021 consolidó la doctrina con el fallo “Vidal”, al afirmar que no se trataba de “actualizaciones”, sino de normas sustantivas retroactivas.

La ARCA también quedó alineada con ese giro y lo explicitó con instrucciones internas. En su primer instructivo de 2026 ordenó la aplicación “universal e irrestricta” del principio de ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos mínimos en causas ya iniciadas. En ese marco, el juez Marcelo Aguinsky, a cargo de dos de los once juzgados del fuero, trazó un diagnóstico directo: “A diferencia de otras épocas, los fiscales y ARCA hoy están alineados”.

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El impacto no se limita a expedientes sin condena: también aparece en fallos que revierten sentencias ya dictadas. La semana pasada, la Casación activó la ley al dar vuelta una condena contra GGM SA (empresa de calzado) y su presidente Guillermo Andrés Gotelli, que habían sido condenados a dos años y seis meses de prisión. El caso se había originado por apropiación indebida de recursos de la seguridad social en 29 períodos mensuales entre 2012 y 2015, pero la Sala III sostuvo que los montos retenidos por período estaban por debajo del nuevo umbral mensual de $3.500.000, y por eso no había delito.

La resolución de Casación ordenó reencauzar el expediente bajo la nueva lógica legal, con una frase que marca el sentido del giro. “Remitirla presente causa al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de esta ciudad a los fines de que resuelva acerca de la atipicidad de la conducta endilgada a los nombrados”, dice el fallo firmado por Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani. La palabra “atipicidad” se volvió, en estos días, casi un sello repetido.

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En torno a la norma se abre una discusión intensa, porque el efecto práctico roza lo que algunos llaman “amnistía”. Los detractores sostienen que los montos son demasiado altos y que el sistema deja sin respuesta penal conductas graves para la vida fiscal, aunque sigan existiendo sanciones administrativas. Del otro lado, sus defensores afirman que el Estado debe concentrar energía en los casos grandes y que el resto debe resolverse por la vía administrativa para cobrar más rápido, con multas o sanciones, sin saturar tribunales.

Esa idea aparece expresada por Borinsky, que defendió el enfoque en una columna reciente. “La medida apunta a dotar de mayor coherencia al sistema y a delinear una política criminal verdaderamente focalizada en los grandes evasores”, planteó, y también sostuvo que sacar del fuero los casos menores puede acelerar la cobranza: “Al mismo tiempo, al desplazar los casos de menor entidad al ámbito administrativo, se favorece una resolución más ágil y eficiente orientada al cobro efectivo de las deudas”. La pregunta que queda abierta, mientras los expedientes siguen cayendo, es si esa “focalización” fortalece al sistema o si deja una zona demasiado amplia sin castigo penal.

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Por otro lado, la política criminal “de grandes casos” ya tiene un ejemplo concreto en trámite: la denuncia de ARCA contra la AFA presentada en diciembre. Según el texto, el monto denunciado supera los 19.000 millones de pesos, abarca 35 períodos mensuales y derivó en llamados a indagatoria para dirigentes como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, entre otros, por una causa abierta en el juzgado de Diego Amarante. Mientras miles de expedientes se mudan a lo administrativo, esa causa aparece como muestra del nuevo centro de gravedad que la ley pretende empujar.