Peaje y rutas en juego: el plan de Caputo suma ocho tramos a concesión privada
Política23/02/2026
REDACCIÓNEconomía activó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones para rutas nacionales. Incluye ocho corredores y abre un nuevo tablero para peajes y mantenimiento.
El esquema de concesiones viales volvió al centro de la agenda económica con una decisión que impacta en rutas clave del país. El Ministerio de Economía convocó a licitación pública la “Red Federal de Concesiones – Etapa III”, un paquete de ocho tramos de rutas nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. El movimiento se inscribe en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., una empresa que el Gobierno declaró “sujeta a privatización” por ley.
La formalización llegó por una resolución con firma y número preciso. La medida quedó plasmada en la Resolución 174/2026 (RESOL-2026-174-APN-MEC), suscripta por el ministro Luis Andres Caputo y publicada en el Boletín Oficial. El texto pone en marcha la licitación de la Etapa III y delimita qué corredores entran en esa ronda.
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La nueva etapa no gira alrededor de una sola ruta, sino de un mapa federal que recorta regiones y tramos con tráfico sostenido. La norma enumera los segmentos como Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. En ese conjunto aparecen tramos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras, lo que coloca a la licitación en el corazón de la red vial.
Detrás del listado, el punto central es el cambio de manos en la operación cotidiana de esos caminos. El proyecto “Red Federal de Concesiones” prevé que el sector privado asuma la operación y el mantenimiento de tramos de la red vial nacional, con la recaudación de peajes como soporte del esquema. El argumento declarado del Gobierno apunta a una doble meta: reducir el déficit estatal del sistema vial y alinear las cuentas públicas vinculadas a infraestructura.
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El proceso tiene una arquitectura legal amplia que combina normas históricas con legislación reciente. El marco citado incluye la Ley 17.520, la Ley 23.696 de Reforma del Estado y el artículo 7° de la Ley 27.742, que definió a Corredores Viales S.A. como “sujeta a privatización”. En esa columna vertebral se apoya el método elegido para concesionar rutas y sostener el plan en términos formales.
El recorrido administrativo previo también marca una línea temporal que ordena el expediente. El Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 autorizó el procedimiento bajo modalidad de concesión por peaje y designó al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación. En esa misma decisión, se fijó la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que aparece como soporte operativo del proceso.
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La Etapa III se monta, además, sobre pasos anteriores que ya dejaron licitaciones lanzadas. Según la información citada, la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, fechada el 29 de agosto de 2025, dio inicio formal al procedimiento general. En ese marco, las Etapas I, II y II-B ya quedaron licitadas mediante expedientes publicados en el sistema CONTRAT.AR, lo que muestra que el plan viene avanzando por capas y no como una medida aislada.
En paralelo a los actos formales, Vialidad Nacional desplegó una instancia de exposición pública vinculada a esta tercera etapa. La Dirección Nacional de Vialidad convocó audiencias para informar a la población y a organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales sobre el alcance de la Etapa III. Esas audiencias se realizaron entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2025, y sus informes de cierre quedaron aprobados por la Resolución 1244/2025 de la DNV.
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El dato político-técnico detrás de esas audiencias es que la licitación no se juega solo en números, sino también en expectativas sobre qué pasa con el estado de las rutas, el control y la calidad del servicio. Al trasladar la operación al ámbito privado, la discusión se concentra en cómo se garantizan mantenimiento, obras y condiciones de transitabilidad en tramos que conectan regiones productivas y corredores de larga distancia. La Etapa III, por su escala, también reabre preguntas sobre peajes, costos de traslado y el equilibrio entre inversión y recaudación.
Con la convocatoria ya formalizada, el proceso entra en una fase donde los pliegos y las ofertas definen el próximo capítulo. La decisión de Economía suma corredores a un esquema que busca reconfigurar el rol del Estado en infraestructura vial, con la concesión como herramienta central. En ese marco, lo que ocurra con estos ocho tramos funcionará como termómetro de un plan que pretende cambiar la administración de rutas nacionales y el modo de financiar su mantenimiento.
Fuente: NA.
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