Rosario, once allanamientos y una pista clave en la guerra narco de San Francisquito

Once allanamientos en Rosario dejaron ocho detenidos y cocaína secuestrada, en una causa que cruza narcomenudeo, disputas territoriales y homicidios bajo investigación.

Rosario volvió a quedar en el centro de una investigación que mezcla violencia en los barrios y venta de drogas al menudeo, con un dato que inquieta por su alcance: los investigadores vinculan lo observado en la calle con estructuras conocidas como "Los Menores" y "Los Monos". El trabajo se concentró en un mapa urbano concreto, donde el control de puntos de venta aparece asociado a conflictos que escalan. Esa línea de pesquisa terminó en once domicilios bajo orden judicial y una serie de procedimientos simultáneos.

La investigación arrancó el 6 de febrero a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Homicidios, a cargo del Dr. Alejandro Ferlazzo. La fiscalía encomendó tareas a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario (DUOIER) para avanzar en el barrio San Francisquito. El objetivo declarado fue esclarecer homicidios, acciones violentas y maniobras ligadas al expendio de sustancias ilícitas.

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En ese recorrido, la hipótesis de los investigadores conectó episodios de extrema violencia con una dinámica típica de disputa territorial, donde los puntos de venta se vuelven frontera y botín. En el texto oficial, esa trama aparece relacionada con "Los Menores" y "Los Monos", organizaciones señaladas además por su influencia en la barra brava del Club Atlético Newell’s Old Boys. La presencia de ese dato en la causa agrega una dimensión social y deportiva a un expediente que, en su base, busca respuestas por muertes y ataques.

El avance de campo permitió identificar a una mujer señalada como organizadora y tercera en la línea de mando de una de las estructuras bajo análisis. A la par, los investigadores individualizaron a otras seis personas que, según la pesquisa, cumplían tareas vinculadas a la comercialización de estupefacientes. Esa presunta distribución de roles, sumada a la disputa por el control territorial, empujó el expediente hacia medidas concretas.

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Aunque el punto de partida operativo fue San Francisquito, los hechos bajo análisis se registraron principalmente en una franja más amplia de Rosario. La referencia incluye San Francisquito, Bella Vista, Villa Banana y Triángulo Moderno, barrios donde los episodios investigados se repiten y se conectan. Esa extensión territorial explica por qué los procedimientos terminaron concentrándose en varios inmuebles y no en un solo núcleo.

Con las pruebas reunidas, la investigación llegó a once inmuebles ubicados sobre las calles Amenábar, Lavalle, Alsina y Virasoro. A partir de esa información, el Colegio de Jueces de Primera Instancia – Distrito N° 2 de Rosario, a cargo de la Dra. María Trinidad Chiabrera, ordenó los allanamientos. La decisión judicial habilitó una intervención en simultáneo para asegurar evidencia y evitar filtraciones o movimientos previos.

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Durante los procedimientos, la PFA detuvo a ocho personas, cinco mujeres y tres hombres, entre ellas la principal investigada. En los domicilios, los efectivos secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína, doce teléfonos celulares, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, recortes de nylon y documentación considerada relevante para la causa. El tipo de elementos incautados apunta a respaldar tanto la acusación por droga como la reconstrucción de vínculos y movimientos en el territorio.

Los detenidos son mayores de edad, de nacionalidad argentina, y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737. El expediente, además, se inscribe en una investigación por homicidios agravados, un dato que reubica el caso más allá del narcomenudeo y lo ata a hechos de sangre. En esa combinación se juega el sentido del operativo: la búsqueda de responsabilidades por violencia extrema y la identificación de quienes sostienen la logística de venta.

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El accionar se informó dentro del "Plan Bandera" dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional, orientado a combatir el narcotráfico y reducir la criminalidad en Santa Fe. En la práctica, el despliegue dejó un resultado medible —detenciones, droga y dispositivos secuestrados— pero también abrió una etapa sensible: el análisis de celulares y documentación para reconstruir contactos, rutas y jerarquías. Esa lectura fina de la evidencia puede definir el próximo movimiento judicial en una causa que, por su objeto, mira tanto a la calle como a las redes que la organizan.