Revisan el contrato por el cual Faroni se quedaba con una comisión del 30% y con pagos por "logística"

Policiales27/02/2026

La Justicia revisa el acuerdo AFA–TourProdEnter: quiere saber qué gestión hizo Javier Faroni para cobrar 30% más 10% por “logística” y si hubo desvío.

La causa que revisa el contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC dejó de mirar solo el número grueso de la comisión y empezó a concentrarse en algo más difícil de probar: la contraprestación real. El expediente intenta reconstruir qué tarea concreta justificó que un tercero se quedara con 30% de los ingresos comerciales internacionales y un 10% adicional por “logística”. Ese giro de enfoque explica por qué en las últimas semanas la pregunta más repetida no es cuánto se cobró, sino qué se hizo para cobrarlo.

El punto que empujó esa discusión aparece en declaraciones públicas del gerente de Marketing y Comercialización de la AFA, Leandro Petersen, quien sostuvo que el área interna de la entidad se ocupa de ventas, activaciones y acciones con patrocinadores. En el contexto de una contratación externa, esa frase funciona como una contradicción operativa. Si la estructura interna negocia, cierra y ejecuta, la Justicia intenta establecer qué rol quedó para la intermediación.

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El acuerdo, según la información incorporada al caso, se firmó el 9 de diciembre de 2021 y lleva las firmas de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Ese documento otorgó exclusividad a TourProdEnter LLC para representar comercialmente a la AFA en el exterior hasta 2026. La comisión pactada quedó fijada en 30% sobre ingresos internacionales, más un adicional del 10% por tareas logísticas vinculadas a contratos en los que interviniera.

Con ese marco, la investigación se amplió hacia la figura del empresario Javier Faroni y su intervención para “justificar” el esquema de comisiones. Lo que ordena el expediente es una pregunta práctica: cuál fue la gestión específica que realizó para aportar valor a acuerdos que, en teoría, ya se trabajaban desde adentro. La discusión, en otras palabras, ya no gira solo en torno a la legalidad formal del contrato, sino a su razonabilidad económica.

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En los registros bancarios aportados a la causa aparecen giros vinculados a contratos con Adidas y otros sponsors internacionales. Parte de esas transferencias, según la documentación, ingresaron primero a cuentas en Bank of America y Citibank asociadas a la estructura investigada y luego se redistribuyeron. La Justicia busca determinar si esa empresa participó en la negociación o si funcionó, principalmente, como canal de facturación y cobro.

El caso de Adidas en 2024 aparece como un ejemplo central por la magnitud del dinero involucrado. El patrocinador técnico de la Selección argentina transfirió aproximadamente 25 millones de dólares en el marco del acuerdo vigente. Parte de esos fondos se canalizó por cuentas vinculadas a la firma contratada, y los investigadores quieren saber si existió una intervención comercial adicional o si el vínculo se sostuvo en relaciones previas y en la estructura interna de marketing.

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Esa línea se refuerza con otra ausencia que el expediente intenta explicar. En el legajo se analiza la falta de evidencia pública sobre generación de nuevos sponsors internacionales, organización de amistosos o apertura de mercados inéditos atribuibles a la intermediaria. Fuentes del caso señalaron que no constan informes de gestión, reportes de captación de clientes ni documentación que detalle negociaciones iniciadas por la empresa.

En ese punto, la hipótesis que evalúa la Justicia toma una forma más dura: si el esquema pudo operar como vía de desvío de fondos. El impacto potencial se vuelve enorme cuando se aplica la comisión sobre un volumen superior a 300 millones de dólares en el período investigado. Sin respaldo documental de una tarea específica, el análisis se orienta a establecer si se armó una estructura formal que habilitó la retención de recursos generados por la propia AFA.

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La causa también abrió un capítulo paralelo a partir de un allanamiento a la sede de la AFA en diciembre de 2025 y enero de 2026. Allí se encontraron órdenes de pago por al menos 300 millones de pesos a la firma Real Central, identificada en documentación societaria como propietaria de una mansión en Pilar. Los comprobantes refieren a “servicios de logística” y contienen menciones al sistema VAR, un detalle que sumó preguntas sobre la naturaleza real de los servicios facturados.

El concepto “logística”, que en el contrato aparece como un adicional del 10%, quedó bajo lupa porque se transformó en un rubro elástico dentro del expediente. Los investigadores analizan qué tareas concretas abarcó, cómo se certificaron y quién validó su ejecución. Sin detalles operativos verificables, ese porcentaje adicional se suma al cuestionamiento general sobre el esquema.

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Desde la conducción de la AFA sostienen que el modelo responde a prácticas habituales de comercialización deportiva internacional y que permitió centralizar la cobranza en el exterior. Sin embargo, las declaraciones de Petersen sobre el rol interno en la captación de sponsors introducen un choque que la Justicia incorporó como elemento de análisis. En ese contraste, el expediente busca distinguir entre una intermediación con tareas reales y una estructura de cobro que solo se inserta en la cadena financiera.

La causa tramita en la Justicia Federal, que evalúa posibles delitos económicos vinculados a administración fraudulenta y lavado de activos. El foco está puesto en la trazabilidad completa: contrato, ingreso de fondos, aplicación de comisiones, pagos a terceros y destino final del dinero. Y la pregunta de fondo se mantiene, todavía sin respuesta pública: si la gestión comercial la realiza el equipo interno, qué servicio específico explica que un tercero retenga el 30% de los ingresos internacionales.

Fuente: NA.