Detienen a dos peritos que vendían informes "a medida" a personas condenadas

Policiales27/02/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Una denuncia de un abogado activó una causa en Río Segundo: detuvieron a una psicóloga y una asistente social acusadas de exigir $2,7 millones a un condenado por homicidio.

Policía de Córdoba. Foto: José Gabriel Hernández / La Voz
Policía de Córdoba. Foto: José Gabriel Hernández / La Voz

En Córdoba, una causa judicial que debía girar alrededor de un condenado por homicidio terminó corriéndose hacia otro eje: el rol de dos profesionales oficiales y una presunta exigencia de dinero para torcer un dictamen. La acusación apunta a un pedido concreto, con monto definido y promesa de resultado favorable. El caso estalló cuando un abogado decidió formalizar la denuncia ante la fiscalía.

Según el planteo que figura en el escrito del Ministerio Público Fiscal, el denunciante sostuvo que a su defendido le reclamaban $2.700.000 a cambio de “confeccionar un dictamen favorable”. El dato no aparece como una insinuación ni como un pago voluntario, sino como una condición para influir en el expediente. La escena, además, se da en un terreno especialmente sensible: el trabajo de peritajes y evaluaciones que suelen incidir en decisiones judiciales.


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La investigación quedó en manos de la Fiscalía de instrucción y fuero múltiple de Río 2°, que dispuso imputación y detención. En ese marco, las acusadas son la psicóloga Marcia Mariel Lupi y la asistente social Silvia Patricia Romero. La calificación legal informada es exacciones ilegales agravadas, un delito que, en términos llanos, se vincula con exigir dinero desde una posición de poder o función.

El expediente se activó con una denuncia que llegó por la vía formal, pero no quedó ahí. Tras la recepción de esa presentación, la fiscalía articuló tareas con personal especializado de la Dirección de Investigación Operativa (DIO). Ese trabajo, según el parte, permitió reunir evidencia considerada relevante para avanzar con una medida más pesada: la aprehensión.


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La detención se concretó “en las últimas horas” y en un lugar poco habitual para este tipo de procedimientos: una estación de servicio. La elección del sitio sugiere un operativo preparado para el momento en que las imputadas quedaran localizables y en condiciones de ser identificadas sin margen de fuga. El parte no detalla si se trató de una entrega acordada o de un seguimiento, pero sí marca que el procedimiento formó parte de un despliegue investigativo.

En la misma intervención, se secuestraron los celulares de ambas imputadas. En causas donde se discuten pedidos de dinero, mensajes, llamadas y registros de contacto suelen convertirse en piezas centrales para reconstruir cómo se planteó la exigencia y qué intercambio existió. Por eso, el secuestro de teléfonos aparece como un paso directo hacia la etapa de pericias y análisis de comunicaciones.


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Luego de los trámites procesales de rigor, se ordenó el alojamiento de las mujeres en el establecimiento penitenciario correspondiente. La medida refuerza que la fiscalía entendió que el cuadro reunido hasta ahora justificaba la detención, más allá de la imputación. En paralelo, el caso instala un interrogante incómodo para el sistema: cuánto margen tiene una parte para denunciar presiones cuando la intervención proviene de actores que trabajan dentro del engranaje judicial.

El foco del expediente, por ahora, queda anclado a un hecho puntual: un pedido de dinero a un condenado por homicidio, con promesa de influir en un dictamen. Sin embargo, el propio Ministerio Público Fiscal dejó abierta una puerta. “La investigación continúa y no se descarta la ampliación de la imputación”, señalaron, una frase que sugiere que el caso puede crecer en alcance o en cantidad de hechos atribuidos.


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En Córdoba, la detención de peritos oficiales no es un dato menor, porque el trabajo técnico suele presentarse como garantía de objetividad. Cuando ese rol aparece atravesado por una sospecha de cobro irregular, la discusión se traslada del caso individual a la confianza en el proceso. Por ahora, la causa avanza con evidencia recolectada, teléfonos secuestrados y dos profesionales detenidas, mientras la fiscalía mantiene abierta la posibilidad de sumar nuevos elementos.

Fuente: NA.

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