
El laberinto burocrático de los tribunales paraliza la causa por el naufragio del Heleno A
Policiales17/06/2026
REDACCIÓNLas fiscalías federales y ordinarias se declararon incompetentes para investigar el hundimiento del Heleno A, congelando el expediente y la toma de testimonios clave sobre la desaparición del maquinista madrynense.

El esclarecimiento del naufragio que provocó la desaparición del maquinista naval Roberto Carvajal ingresó en un estado de parálisis absoluta debido a una disputa de jurisdicciones entre los diferentes estamentos de la justicia penal. Las fiscalías intervinientes optaron por rechazar la responsabilidad de coordinar las actuaciones, derivando el expediente de una ventanilla a otra sin ordenar las pericias indispensables sobre la estructura del barco siniestrado. Esta parálisis institucional derivó en una situación técnica denominada incompetencia negativa, forzando la intervención obligatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar qué tribunal debe asumir la conducción de la investigación.
Las dilaciones de los fueros judiciales traban de manera directa la posibilidad de evaluar si la embarcación reunía los requisitos mínimos de flotabilidad antes de soltar amarras en la zona portuaria. En una entrevista con #LA17, la abogada patrocinante de la familia de la víctima, Marianela Holm Bengoa, detalló la inacción que impera en los mostradores judiciales tras registrarse el siniestro marítimo. La profesional denunció que el expediente se convirtió en una disputa burocrática estéril que posterga de forma indefinida el derecho de los familiares a conocer las causales del colapso material de la nave en alta mar.


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El principal argumento utilizado por el fuero federal para desligarse de las actuaciones penales despertó cuestionamientos severos en el entorno profesional de la marina mercante local. La Fiscalía Federal de Viedma solicitó su propia declinación basándose en que el casco de la embarcación se encuentra asentado a una profundidad estimada de 109 metros en el lecho marino. Según la particular interpretación del organismo acusador estatal, esa ubicación geográfica implica que los restos materiales del barco no constituyen una molestia física o un impedimento real para la navegación comercial de terceras líneas en el Golfo San Matías.
La utilización de ese criterio geométrico por parte de los funcionarios ministeriales ignora la manda de la Constitución Nacional, que asigna a la órbita federal la investigación de todo hecho delictivo ocurrido en aguas nacionales. "No tiene que ver puntualmente con este hecho, porque lo que se quiere investigar es qué es lo que sucedió, no si el buque deja pasar a los otros o no", argumentó Marianela Holm Bengoa durante el diálogo mantenido en los estudios de #LA17. La abogada remarcó que la prioridad procesal debe centrarse en determinar las condiciones operativas de la nave y las responsabilidades corporativas, independientemente de la profundidad del hundimiento.
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La parálisis del expediente afecta de igual modo a los mecanismos elementales de recolección de pruebas, manteniéndose bloqueada la citación formal de los tripulantes que presenciaron el siniestro. Los cuatro operarios que lograron evacuar la estructura antes del vuelco de campana aportaron únicamente una declaración preliminar ante los efectivos de la Prefectura Naval Argentina durante las fases iniciales del protocolo de asistencia y rescate. Hasta el momento, ninguno de los sobrevivientes fue convocado por un magistrado penal para ratificar sus dichos bajo juramento o aportar detalles sobre las maniobras previas al colapso del navío.
La inactividad de las fiscalías ordinarias de Viedma y de los juzgados civiles de San Antonio Este repercute negativamente en la tramitación de las coberturas de seguridad social que corresponden por ley. Las normativas laborales vigentes impiden que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) liberen los fondos y las compensaciones económicas destinadas al sostén familiar de los trabajadores pesqueros damnificados. Las empresas aseguradoras exigen el cumplimiento estricto de un plazo biológico de seis meses sin novedades del paradero para habilitar los mecanismos formales que permiten dictar la declaración de fallecimiento presunto en sede judicial.
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El desamparo administrativo que padece el entorno directo de Carvajal forzó la intervención de las estructuras sindicales de la estiba y la marinería ante la ausencia de contención por parte de los organismos de asistencia social oficiales. Los delegados del Sindicato de Conductores Navales estructuraron un dispositivo de asistencia psicológica permanente para acompañar a la esposa de la víctima, Karina, en su rutina de reclamos en los tribunales de la Comarca Viedma-Patagones. La organización gremial intenta mitigar el impacto del desgaste emocional derivado de transitar un proceso donde la ausencia de respuestas estatales agrava la incertidumbre diaria de la familia.
El historial de naufragios sin resolución en las aguas del golfo rionegrino expone una tendencia a la impunidad que preocupa a las comunidades pesqueras tradicionales de la costa patagónica. Los registros judiciales de la zona marítima de Punta Colorada, en las inmediaciones de Sierra Grande, muestran antecedentes idénticos donde los expedientes permanecen archivados sin culpables formalizados. Las familias de los trabajadores del mar rememoran con indignación el caso del pescador artesanal Matías Rocco, desaparecido en su lancha durante el año 2023 en un sector cercano al emplazamiento del megaproyecto de gas licuado, sin que la justicia emitiera conclusiones definitivas.
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La resolución definitiva del nudo de competencia jurisdiccional ingresó en los despachos de la Corte Suprema de la Nación sin que existan plazos perentorios en los códigos de procedimiento para forzar un dictamen rápido. Los tribunales de alzada de la Cámara de General Roca suelen justificar las demoras citando el enorme cúmulo de causas acumuladas en las secretarías penales de la región sur. El trámite por el hundimiento del Heleno A permanece condicionado a este calendario burocrático de excepción, extendiendo el calvario de los familiares que demandan respuestas operativas firmes frente a la costa del golfo.
















