Los números que muestran el freno a la igualdad de género en todo el mundo

ONU Mujeres y el secretario general de la ONU plantearon que la igualdad jurídica todavía queda lejos y expusieron cifras duras. También describieron por qué muchas violencias siguen sin denuncia.

La discusión sobre igualdad de género muchas veces se vuelve abstracta, pero el informe presentado en Naciones Unidas la baja a números. La ONU sostiene que el retroceso democrático, los conflictos y las presiones económicas tensan la vida de mujeres y niñas, y que a ese cuadro se suma una reacción organizada contra los avances logrados. En ese marco, el documento pone el foco en el acceso a la justicia, no como consigna, sino como prueba de funcionamiento institucional.

Sarah Hendriks, directora de la División de Políticas, Programas y Apoyo Intergubernamental de ONU Mujeres, describió un escenario donde la violencia y la desigualdad se sostienen también por desconfianza. “Las mujeres y las niñas atraviesan un momento muy difícil de profunda tensión, retroceso democrático, crecientes conflictos y presiones económicas”, afirmó durante el lanzamiento mundial del informe del secretario general. La funcionaria agregó que el espacio cívico se achica y que crece la oposición a la igualdad de género, con una regresión de derechos que ya se percibe en distintos países.

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El informe deja una cifra que resume el problema de base: a nivel mundial, las mujeres tienen el 64% de los derechos legales de los hombres. Esa distancia no se explica solo por prácticas sociales, sino por marcos jurídicos que todavía permiten discriminación. La ONU lo traduce en normas concretas, con consecuencias directas para salarios, denuncias y protección frente a la violencia.

El texto también expone por qué muchas sobrevivientes quedan atrapadas en el silencio, incluso cuando existen canales formales para denunciar. Hendriks lo describió desde ejemplos cotidianos y legales: “Hay mujeres que optan por no denunciar la violencia que sufren por temor a que no se les crea; hay mujeres que cobran menos que sus homólogos masculinos por el mismo trabajo en lugares donde la ley no exige la igualdad salarial”. La frase no apunta a casos aislados, sino a un patrón de desprotección que se vuelve “normal” cuando la ley no obliga.

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En esa misma línea, la ONU vincula documentación básica con riesgos extremos. “Hay niñas que no tienen registro de nacimiento y enfrentan un mayor riesgo de matrimonio infantil y de trata. Ningún país del mundo ha logrado la plena igualdad jurídica entre mujeres y hombres”, advirtió Hendriks. La afirmación, en el contexto del informe, funciona como síntesis: incluso donde hay avances, la igualdad completa no aparece.

Las cifras detalladas muestran dónde se traba la protección legal. El informe indica que el 54% de los países carece de definiciones legales de violación basadas en el consentimiento, y que el 72% permite el matrimonio infantil en todas o algunas circunstancias. Además, en el 44% de los países la ley no exige la misma remuneración por trabajo de igual valor, lo que habilita que una mujer cobre menos por el mismo trabajo sin que eso viole una norma.

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El documento no niega avances, pero los coloca frente a un límite persistente. Señala que el 87% de los países promulgó leyes contra la violencia doméstica y que más de 40 países fortalecieron protecciones constitucionales para mujeres y niñas durante la última década. Aun así, describe que normas sociales discriminatorias —estigma, culpabilización de víctimas, miedo y presión comunitaria— siguen bloqueando denuncias y obstruyendo justicia, incluso frente a formas extremas de violencia como el feminicidio.

En la práctica, el acceso a la justicia se vuelve un laberinto por motivos que no siempre aparecen en los discursos oficiales. El informe menciona obstáculos cotidianos como costo, tiempo, idioma y una falta profunda de confianza en las instituciones que deberían proteger. Cuando esas barreras se suman a leyes incompletas, la impunidad deja de ser excepción y pasa a ser clima.

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Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, conectó ese punto con el desgaste institucional que provoca la injusticia sostenida. “Cuando a las mujeres y niñas se les niega la justicia, el daño va mucho más allá de un solo caso. La confianza pública se erosiona, las instituciones pierden legitimidad y el propio estado de derecho se debilita. Un sistema de justicia que falla a la mitad de la población no puede pretender defender la justicia en absoluto”, afirmó en un comunicado. En esa lectura, la igualdad no se mide solo en derechos, sino también en credibilidad del Estado.

El informe además incorpora un frente que crece más rápido que las respuestas: la violencia digital. Señala que, mientras la tecnología corre por delante de la regulación, mujeres y niñas enfrentan agresiones en línea en un clima de impunidad donde los perpetradores rara vez rinden cuentas. Y en los conflictos, advierte que la violación continúa como arma de guerra, con un aumento del 87% en los casos denunciados de violencia sexual en apenas dos años, un dato que expone la escala del daño.

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En ese contexto, ONU Mujeres plantea medidas “urgentes y decisivas” para terminar con la impunidad, defender el estado de derecho y lograr igualdad en la ley y en la práctica. La discusión, según el informe, ya no pasa por sumar declaraciones, sino por cerrar vacíos legales, sostener instituciones que inspiren confianza y evitar que la reacción contra la igualdad convierta los retrocesos en regla. La pregunta que deja el documento es directa: cuánto tiempo más puede tolerar el mundo una justicia a medias sin pagar el costo social y democrático.

Fuente: NA.