Cómo se “abarataban” millas: las maniobras que le costó un millón de dólares a Aerolíneas Argentinas

Policiales05/03/2026

Una maniobra sostenida durante más de un año puso en jaque el sistema de compra de millas y dejó un perjuicio estimado en casi un millón de dólares.

El caso no nació como un hecho aislado ni como una compra ocasional “con suerte”. Los investigadores describen una alteración sistemática que apuntó a un punto sensible: los parámetros técnicos asociados a la adquisición de millas dentro del programa “Aerolíneas Plus”. En términos prácticos, el sistema terminaba ofreciendo un valor muy por debajo del real, con impacto directo en las cuentas de la empresa.

La pesquisa ubicó el período bajo sospecha entre diciembre de 2023 y enero de 2025, una ventana extensa que refuerza la hipótesis de repetición y método. En ese tramo, la maniobra habría permitido comprar millas a precios significativamente inferiores a los correctos. El cálculo del daño, según lo reconstruido por la investigación, ronda casi un millón de dólares.

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Detrás de la cifra aparece una pregunta operativa: qué tan vulnerable resulta un programa de fidelización cuando se tocan variables técnicas de compra. La causa sugiere que no se trató de un “error” del sistema, sino de una manipulación con intención y persistencia. El eje, para la Justicia, se centra en la defraudación a través de la intervención del sistema informático.

La denuncia se presentó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, con Guillermo Marijuan al frente, que derivó tareas al Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción. Ese dato marca el encuadre institucional de la investigación y el tipo de circuito que se activa cuando el presunto fraude se apoya en herramientas digitales. En paralelo, el expediente fue reuniendo elementos técnicos para sostener la imputación.

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En la reconstrucción del caso aparece otro componente: el modo de obtención de prueba. Los equipos trabajaron con análisis informático, sumaron tareas de campo y también intervinieron comunicaciones con autorizaciones judiciales. Ese paquete de medidas permitió avanzar hacia una identificación concreta, más allá de la hipótesis inicial sobre el funcionamiento del sistema.

Con ese avance, los investigadores ubicaron al presunto responsable en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El domicilio señalado se volvió un punto central para el siguiente paso procesal. La identificación no quedó planteada como un dato suelto, sino como un resultado derivado del cruce entre lo técnico y lo operativo.

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A partir del material reunido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Norberto Casanello, dispuso un allanamiento. La medida se ordenó con intervención de la Secretaría N° 13, a cargo de Pablo Gastón Lemos. La decisión judicial se apoya, según el texto oficial, en la consistencia del cuadro probatorio incorporado a la causa.

El procedimiento se concretó con la anuencia del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín, a cargo de Emilio Ramón Canicoba, con la Secretaría N° 1 de María Isabel Romano. Esa coordinación entre jurisdicciones suele aparecer cuando las medidas requieren validaciones específicas según competencia territorial. En este caso, la autorización acompañó la orden y habilitó la ejecución del allanamiento.

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La detención quedó a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en una investigación presentada dentro del marco de combate a la ciberdelincuencia. Más allá del operativo, el expediente deja una señal sobre el tipo de fraude que se busca perseguir: el que no se apoya en ventanillas, sino en parámetros y sistemas. Y también deja planteado el desafío técnico para las empresas: blindar circuitos que, cuando se alteran, se traducen rápido en pérdida económica.