Echegaray quedó más cerca de la cárcel mientras el caso Oil sigue abierto arriba

La Casación confirmó la condena contra el extitular de la AFIP, pero la causa todavía mantiene una tensión central: los empresarios de Oil siguen absueltos.

La causa por Oil Combustibles volvió a moverse en un punto sensible y dejó una imagen judicial cargada de contrastes. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en el expediente que investigó el favorecimiento a la petrolera mientras retenía 8000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. Pero al mismo tiempo, el expediente todavía conserva una fractura visible: Cristóbal López y Fabián de Sousa siguen absueltos y su situación todavía espera definición en la Corte Suprema.

La decisión de Casación deja a Echegaray en una situación mucho más comprometida que la que tenía hasta ahora. El exfuncionario aún conserva la posibilidad de presentar un recurso extraordinario o una queja ante la Corte para intentar evitar la prisión efectiva, pero ese es ya el último tramo disponible dentro de su estrategia defensiva. Si esas vías fracasan, deberá cumplir la pena de cárcel impuesta por la Justicia, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

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El fallo fue firmado por los jueces de la Sala I de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, quienes rechazaron de manera unánime el recurso presentado por la defensa. Con ese pronunciamiento, quedó ratificada la sentencia dictada el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3, que lo había encontrado penalmente responsable de administración fraudulenta agravada cometida en perjuicio de la administración pública. La discusión, desde aquí, ya no pasa por una revisión ordinaria del caso, sino por la posibilidad de que el máximo tribunal tome o no el expediente.

La defensa de Echegaray había intentado atacar varios puntos de la condena para conseguir la nulidad. Entre otros argumentos, sostuvo que hubo una supuesta afectación a la garantía de imparcialidad por parte del tribunal oral, que se había valorado dos veces su condición de máxima autoridad de la AFIP al momento de fijar la pena, y que además se había lesionado el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. La Casación descartó esos planteos y sostuvo que no había base suficiente para desarmar lo resuelto en instancias anteriores.

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En el voto principal, Petrone rechazó el pedido de apartamiento de los jueces y también la objeción sobre la pena. Según dejó asentado, el tribunal oral no agravó la condena por una duplicación indebida de su rol como funcionario, sino que ponderó “la intensidad con que se presentó la vulneración a los bienes jurídicos tutelados a partir de las conductas ilícitas desplegadas”. Esa lectura buscó cerrar una de las discusiones centrales de la defensa, que pretendía mostrar una sobrevaloración ilegítima de su cargo en la construcción de la sanción.

El camarista Barroetaveña coincidió con esa postura y además se detuvo sobre otra queja de la defensa: la supuesta violación del plazo razonable del proceso. Para responder a ese punto, señaló que la causa exigió estudiar una “compleja maniobra” de defraudación, con intervención de varias personas, numerosos peritajes técnicos y una gran cantidad de testigos. Desde esa mirada, el expediente transitó sin dilaciones indebidas y la pena respetó el principio de proporcionalidad, una conclusión que terminó de consolidar el rechazo al recurso.

La causa gira alrededor de una maniobra que, según la acusación, permitió que Oil Combustibles retuviera dinero del Impuesto a los Combustibles Líquidos que cobraba a sus clientes en las estaciones de servicio y no lo girara al fisco. Mientras eso ocurría, la AFIP bajo la conducción de Echegaray le concedía planes de pago excepcionales, indebidos y renovados, que le permitían seguir operando. El expediente sostuvo que esos fondos retenidos fueron utilizados para comprar empresas, financiar inversiones y expandir el grupo económico vinculado a López, bajo protección del poder político kirchnerista.

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Sin embargo, el recorrido judicial del caso quedó partido en dos. Mientras Echegaray ve confirmada su condena y se acerca a una definición que puede terminar con prisión efectiva, López y De Sousa continúan absueltos. La Justicia entendió en ese tramo que no constituía delito haber pedido un plan de pagos supuestamente irregular, sino que el problema pasaba por quien lo concedía, una interpretación que generó fuerte controversia y que incluso motivó observaciones de la propia Corte Suprema.

Ese punto explica por qué la historia todavía no está cerrada del todo, pese a la confirmación de la pena contra el exjefe de la AFIP. La Corte Suprema ya había indicado en una sentencia anterior que la absolución de los empresarios debía revisarse, pero la Cámara Federal de Casación Penal la confirmó dos veces durante 2025. Ahora la fiscalía volvió a recurrir y el máximo tribunal tiene nuevamente ese expediente a estudio, de modo que el futuro judicial de López y De Sousa sigue abierto, aunque por ahora continúen desligados de responsabilidad penal en este caso.

La foto que deja este nuevo capítulo resulta, por eso, incómoda y políticamente potente. Un exfuncionario queda a un paso de la cárcel por haber favorecido un mecanismo que la Justicia consideró fraudulento, mientras los empresarios que estaban al frente de la firma beneficiada permanecen absueltos y a la espera de otra definición. El caso Oil, lejos de apagarse, vuelve a dejar una pregunta suspendida sobre la mesa: cómo se reparte la responsabilidad penal en una maniobra donde la estructura estatal y el interés privado aparecen entrelazados en el mismo expediente.