Caputo defendió los créditos del Banco Nación: “No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral”

El ministro negó irregularidades en los préstamos hipotecarios a funcionarios libertarios, pero la discusión ya escaló del Congreso al propio Gobierno.

La defensa política llegó cuando el costo ya había aparecido puertas adentro. Leandro Massaccesi, jefe de Gabinete del área que conduce Sandra Pettovello, dejó su cargo después de quedar involucrado en la controversia por los créditos hipotecarios del Banco Nación, una secuencia que convirtió un cruce de redes y pedidos de informes en un problema concreto para la administración libertaria. A partir de ahí, la reacción de Luis Caputo dejó de ser una respuesta técnica y pasó a funcionar como un intento de cerrar un tema que ya había perforado al propio oficialismo.

La discusión no nació por una denuncia aislada sino por la difusión de registros públicos procesados a partir de la Central de Deudores del BCRA. Ese cruce, según reconstruyó Chequeado, mostró que al menos nueve funcionarios y diputados de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Nación por montos de hasta $ 400 millones, con un volumen conjunto que superaría los $ 2.500 millones. Sobre esa base, el diputado Esteban Paulón impulsó pedidos de informes para determinar si hubo condiciones preferenciales, excepciones a las reglas o evaluaciones de riesgo inconsistentes.

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Caputo eligió una línea de defensa sin matices. Dijo que “no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral” y sostuvo además que los funcionarios fueron “inducidos por mí” a tomar esos préstamos, con el argumento de que se trata de una oportunidad abierta para quienes califiquen y de una herramienta útil para expandir el crédito hipotecario. La frase buscó bajar la temperatura política, pero al mismo tiempo confirmó que el Gobierno decidió pararse en una defensa integral del mecanismo y no en una explicación caso por caso.

El Banco Nación sostiene una postura parecida, aunque la expresa en clave institucional. En su comunicación oficial remarcó que el proceso es “sin excepciones y homogéneo para todos sus clientes”, y agregó que la trazabilidad del sistema mejoró con el esquema digital que desde enero permite iniciar la solicitud, cargar documentación y recibir una propuesta en menos de 24 horas. Ese argumento es central para la respuesta oficial: la entidad intenta mostrar que la operatoria no dependió de gestiones políticas ni de atajos administrativos, sino de un circuito estandarizado.

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Los documentos públicos del banco ayudan a entender por qué el oficialismo se apoya tanto en esa explicación. La reglamentación vigente de “+ Hogares con BNA” señala que la línea puede ser solicitada por “cualquier persona humana” en actividad laboral, jubilada o pensionada, y distingue entre usuarios que perciben sus haberes en la entidad y el resto. Para vivienda única con determinados topes de valuación, la norma prevé una tasa de 6% TNA para quienes cobran el sueldo en el banco, mientras que para el resto de los usuarios aparece una tasa de 12% TNA.

Ese diseño también explica por qué la polémica toca de lleno al universo estatal. El propio Nación informó que más de 27.000 créditos ya fueron otorgados y subrayó que su liderazgo en el mercado hipotecario se apoya, entre otras razones, en la administración de cuentas sueldo del sector público nacional, donde más del 95% de los empleados habría elegido seguir operando con la entidad. La combinación entre crédito masivo, presencia dominante en el sistema y fuerte inserción entre asalariados públicos vuelve más sensible cualquier sospecha sobre eventuales beneficios diferenciales.

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Ahí se instala el nudo político que el Gobierno todavía no consiguió desactivar. La controversia no gira solamente sobre la existencia de una línea hipotecaria abierta, sino sobre si funcionarios del área económica y legisladores oficialistas accedieron a ella en exactamente las mismas condiciones que cualquier otro cliente. La oposición puso el foco en esa zona gris y buscó información sobre los criterios aplicados en cada aprobación, mientras la defensa oficial insiste en que “el que califica, accede”.

El problema para la Casa Rosada es que la discusión ya no se limita a la legalidad formal. Distintas coberturas periodísticas remarcaron que desde 2024 existe una línea diferencial con condiciones más favorables para empleados públicos, y la reglamentación del banco efectivamente muestra beneficios para quienes cobran haberes a través de la entidad. Aunque eso no prueba por sí mismo una irregularidad, sí deja planteada una pregunta política incómoda: cuánto margen tiene un gobierno para defender como ordinario un mecanismo que, cuando alcanza a sus propios cuadros, deja una imagen de privilegio difícil de disipar.

La salida de Massaccesi empujó ese interrogante un paso más allá. Si el oficialismo estuviera completamente convencido de que el caso no tiene ningún costo, no habría tenido necesidad de tomar una medida interna apenas el tema escaló. Esa decisión no resolvió la discusión de fondo, pero sí confirmó que el episodio dejó de ser una polémica externa y pasó a tener consecuencias dentro del dispositivo de poder.

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Caputo apostó a clausurar el asunto con una defensa política cerrada, aunque el expediente público quedó lejos de cerrarse. Siguen en pie los pedidos de informes sobre los préstamos, se mantienen abiertas las preguntas sobre el modo en que se evaluó a los beneficiarios y persiste una incomodidad adicional para el Gobierno: cuanto más se esfuerza por mostrar normalidad, más visible queda que el caso ya produjo un daño que no se limita al discurso opositor. 

Fuente: Clarín