Una planta algodonera parada y 366 empleos en vilo esperan una firma que puede cambiar todo

Algodonera Avellaneda aceptó una propuesta para volver a procesar algodón después de meses sin actividad, aunque el reinicio todavía depende de una decisión judicial.

La postal más urgente de Algodonera Avellaneda no está solo en los papeles del concurso ni en las negociaciones empresarias, sino en el vacío que dejó una planta frenada y 366 trabajadores atrapados en la incertidumbre. Después de meses sin actividad, apareció una oferta que abre una posibilidad concreta de volver a mover parte de la estructura industrial. Todavía no hay relanzamiento asegurado, pero sí un paso que cambia el tono de una crisis que hasta ahora solo acumulaba parálisis.

La propuesta fue presentada por Nueva Vicentin Argentina SA, la sociedad que surgió tras el rescate de la cerealera Vicentin y quedó bajo control del grupo Grassi SA. Lo que aceptó la algodonera es un acuerdo para operar a fasón en sus plantas del norte del país, bajo un esquema de desmote de algodón provisto por el cliente. En términos simples, la empresa pondría su infraestructura para procesar materia prima ajena y volver a ingresar en una rutina de trabajo industrial.

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Ese punto es importante porque la firma arrastra un largo período de inactividad. Según el texto fuente, la planta ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, Santa Fe, permanece paralizada desde fines de septiembre del año pasado, aunque la producción ya venía en baja desde meses antes. La crisis del sector textil y la mayor competencia de productos importados terminaron de empujar a la empresa a una situación crítica.

El acuerdo que se analiza no supone una reactivación plena de toda la compañía, pero sí una posibilidad de poner en marcha parte de su corazón operativo. El documento al que alude la fuente establece que Algodonera Avellaneda prestaría servicios industriales de desmote, es decir, el proceso que separa la fibra de algodón de la semilla y otros subproductos. El servicio abarca “el recibo del Algodón (a granel en camión, en rollo de algodón y/o módulo de algodón) en las plantas para obtener de ello, a través del desmote los productos, su almacenaje posterior y carga a camión para despacho”.

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El esquema, además, no aparece planteado como un ensayo breve o un parche de semanas. La propuesta contempla un plazo mínimo de cuatro campañas algodoneras consecutivas, un dato que le da otro espesor a la negociación porque no se trata solo de encender máquinas por un rato. Si consigue la autorización judicial, la empresa pasaría a trabajar con un horizonte más largo y con cierta previsibilidad de demanda.

También están definidos los volúmenes de procesamiento que sostendrían esa operatoria. El documento señala que “AASA [Algodonera Avellaneda] asume el compromiso de procesar un volumen mínimo de algodón para el desmote en las plantas de Pinedo de 30.000 toneladas totales anuales y de 30.000 toneladas totales anuales en la planta de Bandera”. Entre ambas instalaciones, la capacidad comprometida llega a 60.000 toneladas por año, con un piso mensual que fija trabajo regular salvo que el cliente no cuente con suficiente materia prima.

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Ese mínimo mensual también está precisado en la propuesta. El texto indica que la empresa deberá realizar el desmote del algodón “en un volumen mensual de 4000 (cuatro mil) toneladas”, una exigencia que busca evitar una reanudación meramente nominal. La clave del plan, entonces, no está solo en volver a abrir una planta, sino en hacerlo con un ritmo que permita sostener la operación y darle sentido económico al reinicio.

Para que esa maquinaria pueda volver a arrancar, la propuesta incluye un punto sensible: financiamiento de arranque. Según el documento, “el cliente otorgará a AASA, a requerimiento de este, un financiamiento por hasta la suma máxima de dólares estadounidenses trescientos mil (US$300.000)”. Ese dinero tendría como destino cubrir urgencias operativas que hoy condicionan cualquier posibilidad de reinicio.

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Entre esos usos figuran compromisos muy concretos y muy inmediatos. La fuente detalla que el financiamiento podría aplicarse a la “cancelación parcial de deudas salariales y cargas sociales exigibles; (ii) plan de pagos de servicios operativos esenciales; iii) la ejecución de las inversiones y gastos necesarios para la puesta a punto operativa”. Es decir, el acuerdo no mira solo la producción futura, sino también el pasivo que hoy pesa sobre la compañía y la preparación mínima que requiere una planta que lleva meses detenida.

De todos modos, el entendimiento todavía no puede ponerse en marcha automáticamente. Como Algodonera Avellaneda atraviesa un concurso preventivo, el convenio debe ser autorizado por el juez que interviene en la causa, Fabián Lorenzini. Esa firma judicial es hoy la frontera entre una expectativa empresarial y una reactivación concreta, y por eso el futuro inmediato de la planta quedó atado a una resolución que todavía no llegó.

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En ese cruce entre expediente judicial, necesidad operativa y empleo industrial se juega mucho más que un contrato de servicios. La empresa aceptó una propuesta que puede devolver actividad a una estructura parada, ofrecer una salida parcial a meses de inercia y abrir una chance para trabajadores que siguen esperando una señal real. Pero mientras no aparezca el aval del juez, la escena sigue suspendida en ese punto incómodo donde la reactivación ya dejó de ser una idea abstracta, aunque todavía no puede empezar.

Fuente: LA NACION.