Mendoza abrió una puerta y la minería ya empuja un cambio más amplio en Argentina
Actualidad09/03/2026
REDACCIÓNEl sector creció fuerte en 2025, sumó exportaciones récord y volvió a ganar terreno en provincias donde hasta hace poco dominaba el rechazo.
La minería argentina empezó a ocupar un lugar mucho más visible en la economía del país y ese movimiento ya no se limita a las provincias donde la actividad tiene una tradición más consolidada. Mendoza, durante años asociada al vino, al turismo y a una fuerte resistencia social a la minería metalífera, quedó en el centro de ese viraje después de autorizar en 2025 su primer proyecto de cobre. Ese dato no solo modifica el mapa productivo provincial: también funciona como señal de una etapa en la que el sector gana espacio al calor de mejores precios internacionales, beneficios fiscales y un clima político más favorable para las inversiones.
La expansión minera aparece, además, en un contexto económico desigual. Mientras varias ramas de la actividad muestran retrocesos, la explotación de minas y canteras registró una suba interanual del 7% en noviembre de 2025, según el EMAE citado en el texto base. En contraste, la industria manufacturera cayó 8%, el comercio retrocedió 6% y la pesca se derrumbó 25%. Esa diferencia alimenta la idea de que los sectores vinculados a recursos naturales concentran buena parte del impulso productivo que hoy exhibe Argentina.
El dato más fuerte del último año pasó por el comercio exterior. Las exportaciones mineras alcanzaron 6.037 millones de dólares en 2025, con un salto del 29,2% respecto del año anterior y un nivel récord en más de quince años. Aun con ese avance, la minería sigue teniendo un peso acotado dentro de la estructura económica nacional: su participación en el PBI no llega al 2% y el empleo directo ronda las 39.000 personas, de las cuales solo el 1,5% son mujeres, de acuerdo con el informe oficial citado en la fuente.
El motor principal de esa mejora exportadora fue el oro. El texto indica que más del 80% de las exportaciones de minerales metalíferos provinieron de ese recurso, impulsado por una cotización que roza los 5.000 dólares la onza. Detrás quedó el litio, que sostuvo un crecimiento fuerte por el salto en los volúmenes de producción: de dos mineras activas que exportaban 34.000 toneladas anuales en 2022, el país pasó a siete operaciones y a una producción superior a 120.000 toneladas, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras.
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En ese marco, el desembarco mendocino adquiere un peso simbólico y concreto al mismo tiempo. La Legislatura provincial aprobó en 2025 el proyecto PSJ Cobre Mendocino, que comenzará su construcción el año próximo y prevé exportar 40.000 toneladas anuales antes de 2030. La provincia, donde dos décadas de freno minero parecían haber consolidado una barrera difícil de romper, empezó a recibir inversiones atraídas por la posibilidad de extraer cobre, litio, oro, potasio e hierro en una etapa donde la demanda internacional de minerales críticos gana espesor.
El Gobierno nacional empujó parte de esa aceleración con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que ofrece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios por treinta años. Uno de los casos mencionados en la fuente es Los Azules, en San Juan, un proyecto de la canadiense McEwen Cooper que prevé una inversión de 2.700 millones de dólares para producir cobre a partir de 2030 durante 22 años. El CEO de ese emprendimiento, Michael Meding, vinculó esa etapa con el nuevo clima político al afirmar: “Tenemos un presidente pro apertura y pro negocios y se volvió más fácil conseguir financiación (...), se ganó seguridad jurídica y protección para la inversión”.
Meding también puso el foco en la demanda internacional que sostiene el atractivo del cobre. Según planteó, “La principal demanda de cobre está en la construcción y la urbanización”, sobre todo en China, y a eso se suma la transición energética, ya que un auto eléctrico usa el doble de cobre que uno de combustión, además de la presión que agrega la industria armamentística. Esa combinación de factores ayuda a entender por qué un proyecto descubierto en 1998 empezó recién en los últimos años a ganar forma real como negocio rentable.
Pero el avance minero no llega sobre una superficie limpia de antecedentes ni de conflictos. El texto recuerda el paso de Bajo La Alumbrera en Catamarca, la única mina de cobre, oro y molibdeno que entró en funcionamiento en la Argentina de los noventa y que operó durante 21 años. Allí se usaron 33.000 litros de agua por minuto, equivalentes a casi 50 millones por día, y los vecinos denunciaron que los beneficios no se tradujeron en mejoras proporcionales en la calidad de vida, además de cuestionar los derrames del mineraloducto sobre el río Villa Vil y su impacto sobre la producción agrícola.
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También aparece el antecedente de Veladero, en San Juan, donde en 2015 se registró un derrame de millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados que alcanzó el río Potrerillos y contaminó otros cursos de agua. La Justicia abrió una investigación, pero diez años después nadie resultó condenado, un dato que alimenta la desconfianza social frente a nuevos proyectos. Esa memoria sigue presente en regiones como Andalgalá, donde la oposición inicial a Agua Rica fue intensa, aunque la falta de empleo empezó a erosionar resistencias en una economía castigada.
En Mendoza, el punto más sensible vuelve a ser el agua. En una provincia árida, las fuentes hídricas de alta montaña abastecen tanto a la población como a los viñedos y a los futuros emprendimientos mineros, de modo que cualquier contaminación tendría efectos severos sobre la base productiva existente. La ministra de Energía y Minería, Jimena Latorre, reconoció esa preocupación al señalar: “Sabemos que mucha gente no está en contra de la actividad minera, pero tiene miedo de la efectividad de los controles”. A la vez, defendió que la provincia cuenta con policía ambiental minera y fiscalizadores capacitados para verificar el cumplimiento de la ley.
Sobre el proyecto PSJ, las cifras del uso de agua ya forman parte del debate público. Según la fuente, la mina utilizará 141 litros por segundo, equivalentes a 8.460 litros por minuto, durante sus 16 años de vida útil, con abastecimiento desde tres reservorios y principalmente desde el arroyo Tigre, cuyo caudal promedio es de 314 litros por segundo. El CEO de la compañía, Fabián Gregorio, sostuvo: “Se trata de un proyecto que cumple todos los estándares internacionales. Estamos en una provincia que está abriéndose a esta minería y tenemos una importante responsabilidad”.
El otro gran frente de discusión pasa por la posible reforma de la Ley de Glaciares, vigente desde 2010. El titular de la CAEM, Roberto Cacciola, estimó que los grandes proyectos de cobre en carpeta podrían sumar hasta 15.000 millones de dólares anuales a las exportaciones actuales, pero condicionó ese salto a cambios en la normativa. Del lado opuesto, los ambientalistas denuncian que esa modificación implicaría un retroceso severo en la protección de glaciares y ambientes periglaciares. El abogado Jorge Daneri lo resumió con una crítica tajante: “Destruye la visión ecosistémica de la ley. Los ecosistemas no tienen fronteras”. Entre la promesa de divisas, los salarios altos y los temores por el agua y el ambiente, la minería avanza sobre un terreno todavía disputado, aunque con menos frenos que hace apenas unos años.
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