Un informe expone que más de 10 millones de familias enfrentan carencias estructurales, falta de servicios o hacinamiento en todo el país.
Pobreza en la Argentina
La situación habitacional en Argentina muestra una dimensión que supera ampliamente los márgenes tradicionales de la pobreza. Más de siete de cada diez hogares presentan algún tipo de déficit, lo que deja en evidencia un problema estructural que atraviesa a distintos sectores sociales y que impacta de manera directa en la calidad de vida cotidiana.
El dato surge de un informe elaborado por la organización Tejido Urbano, que analizó información del Censo 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares. Según el relevamiento, de los 14,6 millones de hogares urbanos, 10,7 millones registran problemas habitacionales, una cifra que redefine el alcance del fenómeno y lo instala como una de las principales deudas sociales del país.
El estudio plantea que el déficit no se limita a la falta de vivienda, sino que incluye múltiples dimensiones que deterioran las condiciones de vida. Entre ellas aparecen deficiencias constructivas, falta de servicios básicos, hacinamiento y situaciones de inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, configurando un panorama complejo que no se resuelve con una única política.
Dentro de ese universo, existe un núcleo crítico que requiere soluciones urgentes. 1.021.798 familias necesitan una vivienda nueva, ya que viven en condiciones que no admiten mejoras. En este grupo se concentran los casos más extremos, donde la precariedad de las estructuras impide garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.
Uno de los indicadores más preocupantes es el de las viviendas irrecuperables. Más de 510.000 hogares habitan ranchos o casillas que no cumplen con requisitos básicos, lo que expone a las familias a riesgos permanentes. En paralelo, el hacinamiento crítico afecta a unas 372.000 familias, donde más de tres personas comparten un mismo cuarto, una situación que impacta directamente en la salud y la convivencia.
A esto se suman más de 230.000 hogares que deben compartir vivienda con otra familia, lo que refleja una presión creciente sobre el acceso a un espacio propio. El informe señala además que el 79% de quienes viven en condiciones irrecuperables pertenecen a los sectores más vulnerables, lo que vincula de forma directa la precariedad habitacional con la pobreza estructural.
Sin embargo, el mayor volumen del problema se encuentra en las viviendas que podrían mejorar sus condiciones. Alrededor de 7,4 millones de hogares presentan carencias en infraestructura o servicios, lo que incluye deficiencias en pisos, techos y conexiones básicas que afectan la vida diaria de millones de personas.
Entre esas carencias, la falta de acceso a servicios esenciales aparece como el factor más extendido. Cinco millones de familias no cuentan con cloacas o agua potable, lo que no solo deteriora las condiciones sanitarias, sino que también limita las posibilidades de desarrollo en muchos barrios del país.
A la par de los problemas materiales, la inseguridad jurídica representa otra dimensión crítica. 4,7 millones de hogares no tienen regularizada la tenencia de la vivienda, lo que implica vivir sin escritura y con el riesgo permanente de un desalojo. Esta situación también impide consolidar el patrimonio familiar y acceder a créditos o mejoras formales.
El informe introduce además un cambio en la forma de entender el déficit habitacional al incorporar a los inquilinos como parte del problema. 2,3 millones de familias alquilan y no logran acceder a la vivienda propia, lo que representa el 21% del total afectado y refleja una dificultad creciente para alcanzar estabilidad habitacional.
A diferencia de otros sectores, este grupo no enfrenta necesariamente condiciones materiales precarias, pero sí una barrera económica que limita el acceso a la propiedad. En ese sentido, el estudio plantea que el acceso a créditos hipotecarios aparece como una herramienta clave para resolver esa demanda contenida.
El panorama general muestra que el problema habitacional en Argentina no responde a una única causa ni afecta a un solo sector. Se trata de una combinación de carencias estructurales, limitaciones económicas y falta de acceso a servicios que, en conjunto, condicionan la vida de millones de familias en todo el país.