El exmandatario venezolano pidió anular los cargos por narcotráfico en Nueva York, mientras su defensa denuncia que las sanciones le bloquean fondos.
La audiencia de este jueves 26 de marzo en Manhattan quedó atravesada por una discusión que va mucho más allá del calendario judicial. Nicolás Maduro volvió al tribunal federal de Nueva York para intentar que se caiga la causa en su contra, con un argumento que apunta al corazón del proceso: sostiene que Estados Unidos le impide financiar a los abogados que eligió para defenderse. Esa discusión, que mezcla sanciones, derecho penal y política exterior, pasó a ocupar el centro de una causa que ya venía cargada de peso internacional.
El expediente está en manos del juez Alvin Hellerstein, uno de los magistrados federales más experimentados de Nueva York, y alcanza también a Cilia Flores, esposa del exmandatario. Ambos enfrentan cargos graves vinculados al narcotráfico, entre ellos conspiración para narcoterrorismo, y permanecen detenidos mientras avanza la etapa previa a un eventual juicio. Hasta ahora, además, el tribunal no había fijado una fecha de debate oral, de modo que cada audiencia empieza a pesar no solo por lo que resuelve, sino por lo que anticipa sobre el rumbo del caso.
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La estrategia de la defensa está encabezada por el abogado Barry Pollack, que pidió la desestimación total del proceso. Su planteo gira alrededor de la OFAC, la oficina del Tesoro estadounidense que administra sanciones económicas, porque sostiene que el bloqueo de fondos venezolanos dejó a Maduro y a Flores sin la posibilidad real de pagar a sus representantes legales. Desde esa mirada, la restricción vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho a elegir abogado.
La fiscalía respondió con una lectura completamente distinta. Los fiscales sostienen que Maduro no puede pretender cubrir su defensa con recursos del Estado venezolano porque Washington dejó de reconocerlo como autoridad legítima en 2019, y remarcan que siempre existe la opción de designar defensores públicos si no puede afrontar los costos. Esa diferencia no es menor, porque obliga al juez a meterse en una zona donde el expediente penal se cruza con el estatus político del acusado y con la política de sanciones aplicada por la Casa Blanca.
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El contexto personal del caso también agranda su impacto. Maduro y Flores están alojados en un centro de detención de Brooklyn desde su captura en Caracas el 3 de enero de 2026, y los dos ya se declararon inocentes en la primera audiencia de enero. En aquella comparecencia, el exmandatario incluso se definió como “prisionero de guerra”, una frase que buscó darle a su situación una lectura política y no solo criminal.
La acusación, sin embargo, está planteada en términos estrictamente penales por la justicia estadounidense. Según la fiscalía, Maduro encabezó una estructura que articuló vínculos con redes de narcotráfico y con sectores armados para facilitar el envío de cocaína a territorio norteamericano. La causa incluye además cargos relacionados con armas, un punto que eleva todavía más la gravedad del expediente y que explica por qué el caso aparece como uno de los más pesados de la agenda judicial federal en Nueva York.
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La presencia de Cilia Flores en el mismo proceso agrega otra dimensión política al expediente. Su situación judicial acompaña la de Maduro desde el inicio y refuerza la lectura de que Washington no persigue una responsabilidad individual aislada, sino una presunta estructura de poder ligada al chavismo. En paralelo, la causa se sigue mientras Venezuela reorganiza su conducción bajo Delcy Rodríguez, cuya jefatura interina fue reconocida por Estados Unidos tras la caída de Maduro.
Ese dato vuelve todavía más sensible la audiencia de Manhattan. Mientras el expediente avanza en los tribunales, Washington y Caracas recompusieron parcialmente sus relaciones diplomáticas y empezaron a transitar una etapa menos cerrada que la de años anteriores. Por eso, lo que se discute ante Hellerstein no impacta solo sobre la situación procesal de Maduro, sino también sobre una relación bilateral que intenta reordenarse mientras una causa penal de alto voltaje sigue abierta.
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También hay un costado estrictamente jurídico que vuelve singular al caso. La figura de narcoterrorismo que enfrenta Maduro no tiene una trayectoria extensa de condenas firmes en juicio y, según Reuters, su aplicación en tribunales federales tuvo resultados limitados y desparejos. Ese antecedente explica por qué la audiencia de este jueves no se leyó como un trámite más, sino como un movimiento importante dentro de una causa compleja, cargada de pruebas sensibles, discusiones procesales y consecuencias políticas.
Lo que salga de esta etapa puede modificar de manera profunda la hoja de ruta del proceso. Si el juez rechaza el pedido de la defensa, el expediente seguirá hacia nuevas discusiones preliminares y más adelante hacia un eventual juicio; si el conflicto por los honorarios persiste, incluso podría abrirse otra tensión por la continuidad de los abogados elegidos por Maduro. En ese cruce entre sanciones, representación legal y acusaciones de narcotráfico, Manhattan volvió a transformarse este jueves en el punto donde se define algo más que una simple audiencia.
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