Menna dijo que el fallo por YPF “reivindica la posición que tomó el Gobierno del Chubut”

El vicegobernador sostuvo que la Provincia se movió antes que el resto para proteger sus acciones en la petrolera y que esa estrategia quedó respaldada.

Una ley sancionada en julio de 2025 en Chubut volvió al centro de la discusión después del fallo de la Justicia de Estados Unidos por YPF. El vicegobernador Gustavo Menna sostuvo que esa resolución judicial “reivindica la posición que tomó el Gobierno del Chubut”, a partir de una iniciativa impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres. En su lectura, la decisión de la Cámara de Apelaciones no sólo favoreció a la Argentina, sino que también validó una movida provincial pensada para resguardar un patrimonio propio.

El eje de esa interpretación no pasó por una celebración genérica del resultado judicial, sino por el papel que Chubut buscó ocupar en una causa donde, según Menna, tenía intereses directos comprometidos. La provincia había quedado ratificada como accionista de la petrolera mediante la Ley XVII N° 163, aprobada por la Legislatura el año pasado. Desde esa condición, argumentó el vicegobernador, existía una amenaza concreta sobre una porción del capital que no pertenecía al Estado nacional, sino a las provincias petroleras.

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Menna recordó que ese movimiento legislativo recuperó un acuerdo previo entre Nación y las provincias productoras de hidrocarburos que, según planteó, había quedado inexplicablemente frenado durante años. “Hace casi un año, el gobernador Torres tomó una iniciativa que se plasmó en la Ley XVII N° 163, de julio de 2025, donde se ratificó el acuerdo entre Nación y las provincias petroleras que inexplicablemente había quedado cajoneado en 2012”, señaló. A partir de ese paso, Chubut formalizó una posición que luego le permitió presentarse en la Justicia de Nueva York.

La explicación de Menna se apoyó en una idea central: la provincia no era una observadora lateral del conflicto, sino una afectada directa por el alcance del fallo de primera instancia. Según sostuvo, la jueza Loretta Preska había ordenado la inmovilización y el embargo de activos, algo que podía repercutir de lleno sobre la porción accionaria provincial. “Chubut, como las demás provincias petroleras, se hacía de parte de las acciones de YPF. Y por esa condición de accionista de YPF era una perjudicada directa, porque la jueza Loretta Preska también había ordenado la inmovilización y el embargo de los activos. Eso iba a afectar a Chubut”, explicó.

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Desde esa lógica, el proyecto enviado por Torres y luego aprobado por la Legislatura no quedó como un gesto político declarativo, sino como una herramienta para intervenir en el expediente. Menna precisó que uno de los artículos de la norma encomendó al Poder Ejecutivo provincial hacer los planteos coadyuvantes en Nueva York y remarcó que Chubut actuó antes que las demás jurisdicciones petroleras. “Y fue una adelantada de todas las provincias petroleras”, afirmó, al subrayar que la provincia se movió cuando el escenario era todavía más adverso.

El vicegobernador agregó que esa presentación no sólo buscó respaldar la defensa general del Estado argentino, sino también poner a resguardo una porción precisa del capital de la empresa. “Esos argumentos también sirvieron para esta decisión. En primer lugar, porque fueron un respaldo al posicionamiento del Estado argentino. Pero además fue para poner a salvo la porción de ese capital, que no era de del Estado argentino, sino de la Provincia del Chubut”, sostuvo. Allí aparece uno de los aspectos más sensibles de su planteo: la idea de que el litigio podía alcanzar de manera concreta el patrimonio provincial.

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Menna también puso el foco en la magnitud económica del caso y en el trabajo jurídico acumulado durante años. Señaló que la condena indemnizatoria de Preska, actualizada, rondaba los 16 mil millones de dólares y advirtió que eso “hubiese sido un verdadero desastre para el país”. En ese marco, valoró que la Cámara de Apelaciones haya dado vuelta esa sentencia con “argumentos muy de fondo” y vinculó el resultado a una estrategia sostenida desde el inicio del litigio.

En esa reconstrucción, el vicegobernador evitó adjudicar el mérito a una sola administración nacional y remarcó la continuidad de una línea de defensa. “Creo que hubo un reconocimiento todo el trabajo jurídico que viene haciendo el Estado argentino para defenderse. No es de un Gobierno en particular, sino que es un trabajo sostenido desde que los fondos buitre compraron el juicio que en su momento había iniciado el grupo Eskenazi”, manifestó. También recordó que la posición procesal fue diseñada en 2017 por el entonces procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y que los gobiernos posteriores la mantuvieron.

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Sobre el cierre de su análisis, Menna volvió a enlazar el fallo con la parte del paquete accionario que correspondía a las provincias petroleras. Señaló que la sentencia de primera instancia “ponía en riesgo el patrimonio de las provincias con acciones en la compañía”, porque la expropiación había alcanzado el paquete mayoritario del 51% y, dentro de ese universo, los acuerdos celebrados en 2012 les otorgaban a las provincias el 49%. En ese reparto, insistió, Chubut tenía una porción concreta que debía ser defendida.

Con esa secuencia, el vicegobernador buscó instalar una lectura política y jurídica del episodio en la que la provincia no aparece llegando tarde al tema, sino como parte activa de su gestación. “No ahora que todo el mundo habla de esto, sino cuando la situación era mucho más compleja y era una amenaza no solo para el patrimonio argentino sino para el patrimonio de la provincia, tomó esa medida, se dictó esa ley. Y Chubut hizo su presentación coadyuvante en la Justicia de Nueva York”, remarcó sobre el rol de Torres. Desde esa perspectiva, el fallo no sólo alivió un frente judicial pesado para el país, sino que también devolvió valor a una decisión provincial tomada cuando el desenlace todavía estaba lejos.