La Casa Rosada reordenó su hoja de ruta legislativa, postergó reformas sensibles y salió a buscar respaldo provincial antes de que el calendario electoral gane peso.
La Casa Rosada empezó a podar y rearmar su paquete de reformas para llevarlo al Congreso con una lógica más defensiva que expansiva. Después de varios anuncios cruzados, el oficialismo resolvió dejar proyectos para más adelante, sumar otros que estaban demorados y concentrarse en una negociación política con los gobernadores para no quedar atrapado en un temario demasiado ambicioso. El movimiento busca ordenar la agenda legislativa antes de que la discusión pública vuelva a correrse hacia el calendario electoral.
Uno de los cambios más visibles fue la nueva postergación del Código Penal, que el Gobierno había mostrado como una de sus piezas importantes para esta etapa. El texto que había dejado Mariano Cúneo Libarona con más de 900 artículos quedó bajo revisión de Juan Bautista Mahiques, y en ese proceso se decidió volver a redactarlo para acortarlo y corregirlo antes de enviarlo al Parlamento. En otras palabras, el oficialismo eligió no abrir todavía una discusión tan pesada sin antes rehacer el instrumento central que pensaba usar.
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En lugar de esa reforma integral, el Gobierno apunta ahora a un paquete más puntual de medidas penales y de orden público que considera de tratamiento más urgente. En ese bloque aparecen cambios para endurecer penas y crear nuevas tipificaciones sobre ilícitos migratorios, estafas piramidales, “viuda negra”, salideras, entraderas, motochorros, armas en cárceles, daño animal, grooming, abuso sexual infantil, trapitos e incumplimientos de deberes alimentarios. El criterio parece claro: dejar el gran rediseño para después y avanzar primero con proyectos que el oficialismo entiende más simples de instalar políticamente.
A ese reordenamiento se sumó una victoria interna de Federico Sturzenegger, que consiguió meter en la lista la demorada “Ley Hojarasca”. El proyecto ya fue enviado al Congreso y propone derogar cerca de 70 leyes que el Gobierno considera obsoletas, superadas por otras normas, desactualizadas por el paso del tiempo o inútiles frente al cambio tecnológico y regulatorio. La idea de fondo es usar esa iniciativa como emblema del proceso de desburocratización y como muestra visible de una agenda que quiere eliminar capas viejas del Estado.
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El contenido de esa ley explica por qué el oficialismo la considera una pieza con alto valor simbólico. Entre las normas que busca barrer aparecen una de 1864 que inhabilita por diez años a la autoridad que haga azotar a una persona y otra de 1965 que obligaba al Poder Ejecutivo a comprar solamente autos nacionales para la flota oficial. El Gobierno también la usa para reforzar una idea política más amplia: no autorizar por ley aquello que, a su juicio, ya está permitido y no necesita permiso del Estado.
Mientras tanto, hay otras iniciativas que siguen firmes en el temario sin cambios mayores, al menos por ahora. Entre ellas aparece el paquete sobre propiedad privada, que incluye asuntos como expropiaciones, venta de tierras, incendios forestales y regularización dominial para la integración socio-urbana, y que según lo previsto ingresará por el Senado. A eso se agregan las modificaciones a las leyes de glaciares, discapacidad y financiamiento universitario, tres frentes que prometen discusiones intensas aun antes de llegar al recinto.
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Pero la verdadera llave del proceso no está sólo en el diseño de los proyectos, sino en la capacidad de reunir votos. El Gobierno sabe que para sacar adelante ese paquete necesita respaldo provincial y por eso volvió a activar la rosca con mandatarios aliados o dialoguistas. En ese esquema, Diego Santilli juega un rol central: desde noviembre de 2025 es oficialmente ministro del Interior y su función declarada por el propio Gobierno es encabezar la articulación con las provincias e impulsar consensos para las reformas.
Ese trabajo ya se movió en el territorio. Santilli se reunió con Ignacio Torres en Chubut en enero y en febrero compartió en Casa Rosada un encuentro con Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes, donde el paquete de reformas formó parte de la conversación oficial. Según el texto base de esta nota, también hubo contactos con Claudio Poggi en San Juan y una visita reciente a Mendoza para ver a Alfredo Cornejo, dentro de una estrategia que pretende recorrer casi todas las provincias salvo las consideradas opositoras duras.
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La razón de esa aceleración no es solamente parlamentaria, sino también electoral. Dentro del oficialismo asumen que muchos gobernadores van a empezar a cuidar cada vez más su propio territorio a medida que se acerque el turno de definir cronogramas locales y alianzas para 2027. En ese marco, una fuente de la mesa política libertaria lo expresó con una frase que resume bastante bien el apuro del Gobierno: “Muchos gobernadores van a desdoblar y eso está bien, están cuidando su territorio, es lógico que lo hagan. Nosotros no vamos a adelantar los comicios”.
La conclusión que deja este reordenamiento es menos épica que táctica. Milei no está enviando todo lo que anunció ni con el ritmo que prometió, sino seleccionando qué puede discutir ahora, qué conviene enfriar y con qué gobernadores necesita cerrar antes un entendimiento. El paquete legislativo, entonces, ya no se juega sólo en el Congreso: también se define en esa negociación previa con las provincias, donde el Gobierno busca llegar con menos frentes abiertos y con una hoja de ruta más corta, pero más viable.
Fuente: Infobae.
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