Israel aprobó la pena de muerte por ahorcamiento y generó críticas por su aplicación diferenciada
Actualidad30/03/2026
REDACCIÓNLa reforma obliga a tribunales militares a imponerla a palestinos en Cisjordania, mientras sectores opositores cuestionan su legalidad y alcance.
La aprobación de una ley que incorpora la pena de muerte por ahorcamiento para casos de terrorismo en Israel reconfigura el sistema penal en un contexto de fuerte tensión política. La medida introduce diferencias en la aplicación según el tipo de tribunal y la condición de los acusados. El debate parlamentario expuso posiciones enfrentadas sobre sus implicancias jurídicas y sociales.
El texto fue aprobado en la Knéset con 62 votos a favor y 48 en contra, tras una extensa discusión que se prolongó durante casi doce horas. La norma establece la pena capital como castigo principal para personas condenadas por asesinato terrorista en determinadas jurisdicciones. La votación contó con el respaldo del oficialismo.
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Uno de los puntos centrales del proyecto es que los tribunales militares deberán aplicar la pena de muerte a palestinos residentes en Cisjordania, salvo excepciones que no quedaron claramente definidas. En paralelo, los tribunales civiles que juzgan a ciudadanos israelíes mantienen la posibilidad de imponer cadena perpetua. Esa diferencia generó cuestionamientos.
El primer ministro Benjamín Netanyahu participó de la sesión y votó a favor de la iniciativa impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. La presencia del jefe de Gobierno reforzó el peso político del proyecto dentro del oficialismo. La medida se inscribe en una agenda de endurecimiento penal.
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Desde el oficialismo, Ben Gvir defendió la reforma al afirmar que “este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos”, y agregó que “quien elige el terrorismo, elige la muerte”. Su postura apunta a reforzar el carácter ejemplificador de la norma. El argumento central se basa en la disuasión.
En contraste, sectores opositores cuestionaron la constitucionalidad y el contenido de la ley. El diputado Matti Sarfatti, del partido Yesh Atid, sostuvo que “la ley es populista, inmoral, no igualitaria” y la calificó como “claramente inconstitucional”. La crítica se enfocó en la desigualdad en su aplicación.
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El texto establece que la pena de muerte será la sanción por defecto en los tribunales militares para determinados delitos, aunque permite la cadena perpetua en circunstancias especiales. Esas excepciones no están definidas con precisión en la norma. Esa ambigüedad genera interrogantes sobre su implementación.
Otro aspecto relevante es que la ley no tendrá efecto retroactivo, por lo que no alcanzará a hechos anteriores a su aprobación. En particular, no se aplicará a los responsables de los ataques del 7 de octubre, para los cuales se tramita un proyecto específico. Este punto limita su alcance inmediato.
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La normativa introduce una diferenciación estructural entre sistemas judiciales, ya que los palestinos son juzgados en tribunales militares, mientras que los ciudadanos israelíes lo son en tribunales civiles. Esta distinción condiciona la aplicación efectiva de la pena capital. La diferencia de jurisdicción resulta determinante.
Si bien existe una disposición que habilita aplicar la pena de muerte a cualquier persona bajo ciertas condiciones, el criterio establecido restringe su alcance en la práctica. La definición incluida en la ley excluye situaciones que involucren a ciudadanos israelíes en la mayoría de los casos. Esa interpretación fue señalada por críticos de la norma.
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