Procesaron a Tapia y Toviggino en la causa por aportes: qué investiga la Justicia

La causa por más de $19.000 millones retenidos sin depositar avanza y complica a la conducción de la AFA. El expediente sigue en etapa decisiva.

El expediente judicial que involucra a la cúpula de la AFA dio un paso clave con el procesamiento de sus principales dirigentes. La causa apunta a una presunta retención indebida de fondos que debían ser transferidos al Estado y que, según la acusación, no se depositaron en tiempo y forma.

La investigación se centra en montos que superan los $19.000 millones, vinculados a impuestos y aportes retenidos entre 2024 y 2025. Se trata de dinero correspondiente a IVA, Ganancias y contribuciones a la seguridad social, que la entidad habría descontado pero no girado dentro de los plazos legales.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino aparecen entre los principales imputados, junto a otros dirigentes de la estructura. Todos fueron citados a indagatoria en una causa que investiga el delito de apropiación indebida de tributos, que prevé penas de entre dos y seis años de prisión.

El avance judicial se da luego de que el juez en lo penal económico quedara en condiciones de resolver la situación procesal de los acusados tras completar la etapa de indagatorias. En paralelo, la Cámara debe definir cuestiones clave que podrían impactar en el rumbo del expediente.

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Uno de los puntos centrales de la causa es la naturaleza del dinero investigado. Para la fiscalía, no se trata de una deuda impositiva propia de la AFA, sino de fondos retenidos a terceros que debían ser transferidos al Estado, lo que implica una obligación más estricta de cumplimiento.

La defensa de los dirigentes sostiene otra interpretación. Argumenta que durante el período investigado existían resoluciones que suspendían la ejecución de deudas fiscales para asociaciones civiles, lo que —según ese planteo— impediría considerar exigible el pago en esos plazos.

Sin embargo, la fiscalía rechazó esa postura y sostuvo que la suspensión de medidas de cobro no elimina la obligación legal de depositar los fondos retenidos. En ese sentido, remarcó que el delito se configura cuando vence el plazo sin que el dinero haya sido transferido.

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El expediente se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador nacional, que detectó irregularidades en el manejo de esos recursos. Desde entonces, se incorporaron pruebas bancarias, documentación contable y registros de movimientos financieros vinculados a la entidad.

Mientras avanza el proceso, la causa se mantiene abierta en varios frentes judiciales. La Cámara en lo Penal Económico debe resolver apelaciones clave, entre ellas los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas, lo que podría modificar la situación de los imputados.

La definición sobre los procesamientos y el eventual avance hacia un juicio marcarán el futuro del expediente. En ese escenario, el foco sigue puesto en determinar si existió una maniobra sistemática de retención de fondos o si se trató de una situación administrativa dentro de un marco excepcional.