Multan a un buque por $1.262 millones y lo vuelven a detectar pescando en la Zona Económica Exclusiva
Actualidad31/03/2026
REDACCIÓNEl caso del BAO FENG expuso algo más que una infracción puntual: aun con sanciones millonarias, la flota extranjera siguió apareciendo en la ZEEA.
El dato que más sobresalió en la última serie de actuaciones sobre el Atlántico Sur no fue sólo la detección de barcos extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, sino la repetición de una misma conducta. El pesquero BAO FENG, de bandera de Vanuatu, recibió una multa de más de $1.262 millones y, aun así, volvió a aparecer en infracción pocos días después. La secuencia colocó en primer plano un problema operativo más amplio: la sanción existe, pero la presión sobre la milla argentina no se afloja.
Ese buque ya había quedado bajo observación el 10 de enero, cuando navegaba a menos de 6 nudos y realizaba maniobras de arrastre dentro de la ZEEA. A partir de esas pruebas electrónicas, las autoridades iniciaron un sumario en ausencia y aplicaron un gravamen económico que el parte oficial fijó en “más de mil doscientos sesenta y dos millones de pesos”. A ese monto se sumó el cobro por gastos operativos, por un valor superior a $799 mil.
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La novedad, sin embargo, no quedó encerrada en esa multa. El texto oficial remarcó que “la última semana, este barco volvió a ser detectado en infracción”, una precisión que cambió el sentido del caso y lo convirtió en una señal de reincidencia. El episodio dejó de hablar sólo de una embarcación individual y pasó a mostrar un patrón más difícil de contener en una zona donde los controles dependen, sobre todo, de vigilancia sostenida y lectura técnica de movimientos.
En ese mismo esquema de monitoreo también aparecieron otros dos pesqueros. El HAI XING 2 fue localizado con promedios de navegación cercanos a 4,3 nudos, una velocidad que, sumada a su permanencia en el área, encajó en los indicadores usados para presumir actividad extractiva. El BAO WIN, por su parte, mostró desplazamientos reducidos y maniobras reiteradas, movimientos que el parte vinculó con prácticas compatibles con pesca efectiva.
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La base de ese criterio quedó formalizada en la Disposición SSRAyP N° 20/2026, que fijó parámetros objetivos para presumir faltas aun sin captura en flagrancia. El documento considera en infracción a todo buque extranjero que se desplace “a menos de 6 nudos y realice maniobras de pesca”, una definición que buscó transformar rastros técnicos en evidencia suficiente para sancionar. Esa herramienta resultó central para actuar sobre embarcaciones que no quedan físicamente retenidas por la autoridad argentina.
Ahí apareció uno de los puntos más sensibles de la estrategia oficial. La coordinación entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca permitió aplicar castigos económicos sin contar con la presencia material de los infractores dentro de un procedimiento tradicional de abordaje. El Gobierno sostuvo que ese esquema se apoyó en pruebas electrónicas de alta precisión obtenidas por la autoridad marítima, que conserva atribuciones policiales exclusivas para hacer cumplir la ley en el mar.
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La política presentada como “tolerancia cero” buscó mostrar que la vigilancia ya no depende sólo de patrullajes visibles o de interceptaciones directas. En los hechos, el Estado intentó correr la discusión hacia la capacidad de detectar, documentar y cobrar incluso cuando la embarcación no queda bajo control físico inmediato. Ese cambio de enfoque resulta relevante porque la disputa no pasa únicamente por ver barcos cerca de la milla 200, sino por convertir esa observación en una sanción económica concreta.
Al mismo tiempo, la repetición de episodios durante los últimos meses confirmó que la presión externa sobre el recurso no cedió. El parte oficial habló de “diversos casos de unidades pesqueras que ingresaron a la ZEEA realizando maniobras compatibles con pesca efectiva”, una formulación que ubicó estos hechos dentro de una continuidad y no como una excepción aislada. En ese marco, los tres nombres mencionados funcionan como casos visibles de una actividad más persistente sobre el Atlántico Sur.
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La discusión, entonces, no quedó reducida a la multa récord contra el BAO FENG ni a la detección puntual de otros dos barcos. Lo que quedó expuesto fue un límite operativo más áspero: la Argentina mejoró su capacidad para reunir prueba, sancionar y cobrar, pero las flotas extranjeras siguieron regresando a la misma zona con maniobras que vuelven a encender las alarmas técnicas del sistema. Mientras esa reincidencia se mantenga, el control no se medirá sólo por el monto de las sanciones, sino por la necesidad de sostener vigilancia permanente sobre un frente marítimo donde la presión no afloja.
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