Personal de Prefectura secuestró más de 2.000 celulares en Iguazú y fueron atacados con piedras

Policiales02/04/2026

El operativo no terminó con la carga abandonada sobre la costa. Cuando la fuerza se retiraba con la mercadería, aparecieron barricadas y un ataque desde el monte.

Los 2.004 teléfonos celulares quedaron apilados en 17 bultos y con un valor oficial que supera los 1.500 millones de pesos. La escena apareció en Puerto Iguazú, a la altura del kilómetro 4,5 del río Iguazú, después de una intervención de Prefectura Naval Argentina que detectó el traslado de carga desde un vehículo hacia la costa. Lo que empezó como un secuestro de mercadería ilegal terminó, además, con una retirada bajo agresión.

El dato más áspero del procedimiento no está solo en el volumen del contrabando, sino en lo que ocurrió cuando el personal ya dejaba la zona. Según la publicación oficial, al salir del lugar los efectivos encontraron dos barricadas montadas con piedras y troncos para bloquear el paso de sus móviles. Cuando removieron esos obstáculos, recibieron elementos contundentes provenientes del monte y tuvieron que repeler la agresión para evacuar el sector.

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Antes de ese tramo final, el operativo ya había mostrado una secuencia que expone la logística del movimiento ilegal. Varios individuos fueron vistos cuando llevaban bultos desde un vehículo hacia la costa, pero escaparon al advertir la presencia de la fuerza y dejaron abandonados tanto la carga como el rodado. Esa huida, lejos de cerrar el episodio, dejó servida una escena de secuestro millonario con mercadería, vehículo y una zona todavía caliente.

La magnitud económica del cargamento le da otro espesor al caso. No se trató de unos pocos equipos dispersos, sino de más de dos mil aparatos de distintas marcas y modelos, valuados oficialmente en una cifra que perfora el umbral de los 1.500 millones de pesos. Ese volumen convierte al procedimiento en algo más que un decomiso rutinario sobre la frontera: muestra un movimiento de mercadería que necesitó acopio, transporte y un punto de descarga sobre la ribera.

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La localización del hallazgo también pesa en la lectura del caso. Puerto Iguazú es una zona históricamente sensible para el control de mercadería ilegal por su cercanía fronteriza y por la circulación intensa de bienes de alto valor comercial. En este episodio, la publicación oficial sitúa el procedimiento directamente sobre el río, en un punto donde la costa dejó de ser simple geografía y pasó a ser parte del circuito investigado.

Hay otro aspecto que endurece el cuadro operativo: el intento de obstaculizar la salida del personal. Las barricadas no aparecen en el comunicado como un detalle lateral, sino como una maniobra concreta para impedir que los móviles avanzaran con la carga secuestrada. Eso desplaza la lectura del hecho desde el mero abandono de mercadería hacia una reacción organizada, aunque por ahora la información oficial no precisa cuántas personas participaron del ataque ni si hubo detenidos por esa agresión.

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La intervención quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Iguazú y del Juzgado Federal de Iguazú, que dispusieron el secuestro tanto de la mercadería como del vehículo involucrado. Esa decisión fija el primer cierre judicial del procedimiento, pero deja abierta la parte más delicada: reconstruir la cadena de responsables detrás de una carga de este tamaño y de un operativo de protección del traslado o la fuga. El expediente, en ese punto, recién empieza a tomar volumen.

La noticia también se inserta en una secuencia reciente de comunicaciones oficiales de Prefectura Naval Argentina sobre operativos de alto impacto económico y criminal. Que este caso haya quedado publicado en la portada de noticias de la fuerza el 1 de abril de 2026 le da relieve institucional, pero lo más significativo sigue estando en el terreno: una carga multimillonaria dejada al costado del río y una extracción que no pudo completarse como estaba prevista.

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En esa combinación entre contrabando, fuga y agresión aparece el núcleo real del hecho. Los celulares ya están secuestrados y el vehículo quedó a disposición judicial, pero todavía no hay, en la información pública difundida hasta ahora, detalles sobre los responsables que escaparon ni sobre la red que sostenía el movimiento de la mercadería. Ahí queda la consecuencia pendiente del operativo: el cargamento cayó, pero la estructura que lo empujaba todavía no quedó expuesta en su totalidad.