El celular del anestesista fallecido durante una fiesta quedó en el centro del caso por fármacos robados

Policiales02/04/2026

El teléfono hallado junto al cuerpo en Palermo puede conectar la sobredosis con la ruta de anestésicos e insumos que la Justicia rastrea hasta un hospital.

El expediente cambió de eje y ahora una de las piezas más sensibles no es una ampolla ni una historia clínica, sino un teléfono bloqueado. La Justicia ordenó abrir el celular de Alejandro Zalazar, el anestesista hallado muerto en su departamento de Palermo, porque cree que de ese aparato pueden salir datos decisivos para reconstruir de dónde llegaron los medicamentos que consumió. El dispositivo apareció a metros del cuerpo y desde entonces pasó a ocupar un lugar central dentro de una causa que ya dejó de ser solo una investigación por fallecimiento.

La relevancia del peritaje no se explica únicamente por el último tramo de la vida de Zalazar. Lo que busca la pesquisa es unir dos escenas que hasta hace pocos días parecían correr por carriles distintos: la muerte por una sobredosis de anestésicos de uso hospitalario y la salida irregular de esos fármacos desde un centro de salud porteño. Si el contenido del teléfono conserva mensajes, llamados o contactos vinculados a esa circulación, el caso puede dar un salto mucho más profundo que el de una simple reconstrucción personal.

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La autopsia preliminar fue la pieza que endureció esa sospecha. Distintos medios con acceso a fuentes judiciales y policiales consignaron que Zalazar murió por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, en un cuadro compatible con una sobredosis de propofol y fentanilo; además, en el departamento se encontraron medicamentos anestésicos, descartables para inyección y una bomba de infusión. Esa combinación sacó la investigación del terreno de una muerte aislada y la empujó hacia la trazabilidad de sustancias que no deberían circular fuera del ámbito asistencial.

Ahí es donde el teléfono empieza a importar más que un objeto personal secuestrado en una escena. TN informó que el aparato está bloqueado y que el juzgado pidió la intervención del área tecnológica del Ministerio Público Fiscal para intentar abrirlo y analizar su contenido. La expectativa judicial no gira alrededor de una sola conversación: apunta a reconstruir vínculos, movimientos y eventuales accesos a drogas controladas que, por su uso y su manejo, exigen cadenas de custodia estrictas.

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El caso, además, ya produjo consecuencias por fuera del departamento de Zalazar. De acuerdo con La Nación y TN, el análisis de los fármacos y de los elementos secuestrados llevó la pesquisa hasta el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se abrió una investigación paralela por el faltante de anestésicos. Ese recorrido convirtió al teléfono en una posible bisagra entre el final del anestesista y una maniobra más amplia de desvío de insumos médicos.

La derivación judicial no quedó en una sospecha abstracta. La causa por el faltante de anestésicos se abrió el 23 de febrero, hubo tres allanamientos ordenados por la Justicia porteña y, a partir de esas medidas, quedaron bajo investigación un profesional del área de Anestesiología y una residente de tercer año, señalados como presuntos responsables de la sustracción y distribución de esas sustancias. En ese contexto, el peritaje del celular no funciona como una diligencia más: puede ofrecer el puente probatorio que hoy le falta a la conexión entre ambos expedientes.

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También por eso la causa dejó de leerse solo en clave forense. Infobae describió que alrededor del caso empezó a crecer una conversación sobre consumos recreativos de propofol en ámbitos privados, una línea que todavía exige prueba judicial sólida pero que ya expandió el alcance público del expediente. En esa atmósfera, el aparato secuestrado no vale por su marca ni por su modelo: vale por lo que podría decir sobre circuitos, encuentros y acceso a drogas de uso intrahospitalario.

Hay otro punto que vuelve más delicado el análisis que se viene. La Nación ubicó a Zalazar como anestesiólogo de guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y exresidente del Hospital Rivadavia, lo que refuerza que la investigación se mueve dentro de un universo profesional altamente especializado, con sustancias que no circulan en canales comunes. Esa condición profesional no cierra ninguna hipótesis por sí sola, pero sí explica por qué la Justicia mira el caso con una doble lente: la de la muerte bajo sospecha y la del posible desvío de fármacos desde estructuras sanitarias formales.

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El peritaje sobre el celular, entonces, no apunta solo a reconstruir las últimas horas de Zalazar. Busca establecer si el anestesista actuaba como consumidor ocasional, como parte de una red de acceso a drogas anestésicas o como un eslabón que conocía mejor que nadie cómo salían esos insumos del circuito hospitalario. La causa todavía no resolvió esa pregunta, pero desde ahora una parte importante de la respuesta podría estar almacenada detrás de una clave de desbloqueo.

Fuente: NA, TN, LA NACION, Infobae.